Las conexiones de 'Tsunami' con Rusia y Suiza enredan la aplicación de la amnistía

Las conexiones de los investigados en 'Tsunami Democràtic' con militares y altos cargos de Suiza y de Rusia podrían complicar la aplicación de la amnistía en los casos del expresidente catalán Carles Puigdemont o la líder de ERC Marta Rovira, entre otros. Fuentes jurídicas explican que en la Audiencia Nacional ya están analizando las consecuencias de que el Gobierno haya dejado al margen de la medida de gracia "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional", si bien advierten de que la Fiscalía puede hacer de muro de contención.

El sumario de la causa sobre la organización de los disturbios violentos en 2019 en Cataluña revela cómo supuestos coordinadores de la plataforma como Josep Lluis Alay, mano derecha de Puigdemont, o el empresario Víctor Tarradellas trataron de internacionalizar el conflicto y buscar la connivencia de distintos países. "No parece albergarse dudas de que el Gobierno del Kremlin activó, en ocasiones de forma ambigua, la guerra de información para desestabilizar España como parte de su narrativa general sobre la Unión Europea al borde del colapso y ese es el principal mensaje de los medios de comunicación controlados por el Kremlin: Russia Today y Sputnik", reza un informe de la Guardia Civil sobre los vínculos del país que dirige Vladimir Putin.

Las pesquisas no sólo señalan que se abrió una guerra informativa, sino que llegan a advertir de que un militar ruso ofreció soldados a la causa independentista. "Esta gente le dijo al presidente [Puigdemont] si quería diez mil soldados. El jefe de arriba del todo. Te pido que esta conversación no salga de aquí", dijo Tarradellas al exdiputado del Parlamento de Cataluña Xavier Vendrell. "Hicimos venir al jefe de Rusia... y que pagaban toda la deuda", esgrimió.

La Benemérita asegura dar credibilidad a esta interacción de los miembros de 'Tsunami' con los enviados del Kremlin, aunque finalmente nunca llegó a producirse. Pero no es la única búsqueda de ayuda fuera de las fronteras españolas que hicieron. En las pesquisas también se detectaron conversaciones con Nicola Foglia, vicedirector del banco helvético Banca della Svizzera Italiana (BSI) así como con Roland Salvisberg, ayudante jefe de políticas de paz del Departamento de Asuntos Exteriores del Estado Suizo.

Los vínculos suizos

Alay fue nombrado en junio 2018 coordinador de Políticas internacionales de Presidencia del Gobierno de Cataluña (cuando el presidente era Joaquim Torra) y se mantuvo en el cargo hasta julio de ese año que se le asignó la responsabilidad de la oficina del expresidente Puigdemont. La incautación de su teléfono fue clave porque, aunque hubo muchas conversaciones que se perdieron por los sistemas de mensajería encriptados que utilizaban, hubo otras tantas que no. Por ejemplo, algunas con Foglia quien, supuestamente, inyectó unos 6.000 francos suizos a 'Tsunami Democràtic' cuando se produjeron los disturbios del aeropuerto de El Prat.

"Pronto esa gente tendrá hambre, yo estoy en Suiza y no puedo traer comida, pero tengo bastante dinero en un banco catalano (sic): puedo financiar la preparación y la entrega de comida y bebidas. Tú solo tienes que decirme a quién enviar el dinero y yo lo hago", indicó a Alay. El banquero suizo ofreció igualmente su casa "de montaña" al "presi si un día quiere pasar vacaciones con su famlia en Suiza".

En unos mensajes de octubre de 2020, el jefe de la oficina de Puigdemont también mantiene una conversación con un contacto que se llama Aleksander Dmitrenko a quien Alay pone en contacto con Nicola Foglia y lo vende como "un acérrimo defensor de la causa independentistas desde hace mucho tiempo". Dmitrenko es una persona nacida en Moscú, según los informes de la Guardia Civil, que preside algunas empresas sin ánimo de lucro que actúan como lobby ruso-catalán.

Consta igualmente en el teléfono móvil de Alay que en diciembre de 2018 pregunta a "Roland S". Los investigadores creen que la relación entre ellos se remonta a unas reuniones mantenidas con dos secretarios de estado suizos con los que buscan apoyos institucionales a la causa catalana.

La Fiscalía puede hacer de contención

Todo este cóctel de relaciones internacionales puede jugar a la contra de los líderes del procés que pretenden acogerse a la amnistía, como avanzó El Confidencial. La ley presentada por el PSOE excluye del perdón "los delitos de traición contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional" y aunque por el momento ninguno de los que se imputan en la causa de 'Tsunami Democràtic' podría encajar en este precepto, sí que lo haría el artículo 592 del Código Penal: "Serán castigados con pena de prisión [...] los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras".

El juez Manuel García Castellón, instructor de esta causa, no ha incluido este delito y, según las fuentes jurídicas consultadas, no parece posible que lo haga sin el impulso de la Fiscalía. Un impulso poco probable habida cuenta de que el fiscal del caso ha recurrido que el asunto se trate de otros delitos graves como terrorismo y que pueda enjuiciarse en la Audiencia Nacional.

Este artículo del Código Penal se encuentra bajo el capítulo de "delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado" y, según las fuentes consultadas para defender los ilícitos contra España que penden de ese epígrafe está la Fiscalía. Correspondería, por tanto, a la Audiencia Nacional revisar delitos y faltas cometidas en el extranjero por españoles, pero para ello el texto penal dice que debe solicitarlo "el agraviado o el Ministerio fiscal".

En este caso, habría que dirimir si la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) o Vox (que están personados en la causa) pueden ser agraviados y si tienen legitimidad para ello. Algunas fuentes jurídicas creen que no y que esto correspondería a la Fiscalía, si bien reconocen que hay partido porque este artículo 592 del Código Penal apenas se ha utilizado en democracia y por tanto sin jurispredencia está todo por decidir.

En cualquier caso, distintas fuentes de la investigación ya están estudiando el asunto como un asidero al que agarrarse para frenar la medida de gracia que extinguirá los delitos del independentismo de una década. El enredo puede ser todavía más enrevesado de lo que se preveía.