Las jubilaciones voluntarias en la carrera judicial se han duplicado en el último cuatrimestre con respecto a los mismos datos del año anterior, según muestra el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si entre agosto y diciembre de 2022 se produjeron 10 retiros espontáneos, en el mismo periodo de 2023 el número alcanza los 24. Una cifra preocupante si se tiene en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que el déficit de plazas que se han dejado de crear este año es de 223. El bloqueo del órgano que de facto asciende a los togados (al nombrarlos para las cúpulas de los tribunales o en los puestos del Supremo) ha fulminado las aspiraciones de muchos y ha provocado una situación de cierta desidia entre algunos, según explican fuentes judiciales.

“El motivo de la jubilación anticipada es que consideré que había cubierto ya una etapa en toda la carrera judicial. Había estado de presidente de la Audiencia Provincial bastante tiempo. Mi idea era haberme promocionado, haber optado por puestos de mayor responsabilidad y como consecuencia de no tenerla consideré que ya había cubierto  una etapa y decidí jubilarme dos años y medio antes de cuando legalmente me tenía que haberlo hecho", explica a El Independiente Javier Gavilán. Este juez ingresó en la carrera en 1984 y fue progresando hasta llegar a la presidencia de una de las secciones civiles de la Audiencia de Madrid.

Cuando cumplió 37 años de trayectoria en 2021 decidió poner punto y final. ¿La decisión habría sido distinta si hubiera habido un CGPJ renovado? "Bueno, hay una relación directa entre la falta de renovación del Consejo y el haberme jubilado anticipadamente", reconoce. "En cierto modo la paralización de los nombramientos es un factor más que dificulta precisamente la posibilidad de desarrollar en plenitud todas las circunstancias que debe tener un juez o un magistrado a la hora de plantearse el futuro en la carrera".

Los que imparten Justicia pueden retirarse de forma anticipada a los 60 años si han cumplido con 30 años de ejercicio y de manera voluntaria a partir de los 65 y hasta los 72 cuando ya es obligatoria. La Comisión Permanente del CGPJ las firma y todas ellas se publican en el BOE que es un buen medidor de la situación actual. La situación es compleja, más allá de la dificultad actual de ascender, los profesionales se quejan de la carga de trabajo y de los pocos incentivos internos por eso el horizonte no es muy alentador y algunos cálculos señalan que en menos de diez años el 32% de la carrera judicial puede estar fuera.

Los datos del Poder Judicial facilitados a este medio muestran una tendencia ascendente de jubilaciones tempranas en los últimos años. Si en 2018 se produjeron 77, en 2022 se alcanzaron 92 (aunque 2021 lo superó con 99) y esta por ver cómo acaba este año que parece será aún más alto.

Con un cálculo al alza, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha extrapolado que en 2031 serán 315 los retiros prematuros. "Muchos jueces llegan con 50 años a la audiencia provincial y ahí se acaba su carrera. No es como en otros lugares de la Administración del Estado, que pueden ir cambiando a medida que van cumpliendo objetivos hasta su jubilación", expresa el portavoz y responsable de este estudio Sergio Oliva.

"Lo que hice además fue comprobar de las jubilaciones qué porcentaje se había jubilado de forma anticipada o voluntaria y salió que un 42% del total de forma voluntaria. Entonces con la proyección de los datos objetivos más ese 42% da 1.700 jueces [en total ] en los próximos diez años", relata. Ahora, sin embargo, cree que se va a quedar corto en sus predicciones. "Los cálculos que yo hice en 2018 era conforme a un porcentaje de jubilaciones voluntarias, pero en los últimos dos años estoy viendo que éstas están ya en el 48%", revela.

Para algunos de los consultados el problema reside en la carga de trabajo, en la poca proyección personal. En las últimas jubilaciones plasmadas en el BOE se evidencian retiros de todo tipo: Rafaela Rodríguez, jueza de Vigilancia Penitenciaria de Baleares; José María Planchat, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Rafael Cancar, juez de la Audiencia Provincial de Madrid; José María Magaña, de la Audiencia Provincial de Córdoba; Concpeción Aznar, del Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza...

En el último plan estratégico del CGPJ se establece que es necesario el incremento de unidades judiciales. El número de plazas (en juzgado y tribunales) constituidas en la actualidad es de 5.799, pero lo consideran "manifiestamente insuficiente", siendo "revelador el dato relativo al número de órganos judiciales que actualmente cuentan con medida de refuerzo". En total son 111. Por eso y aunque el Ministerio de Justicia va creando plazas anualmente no es ni de lejos lo que el Poder Judicial pide. La cartera que dirigía Pilar Llop hasta hace semanas creó en 2022 70 plazas cuando la petición era de 176 y este año otras 70, cuando se hacían necesarias 293.

"El juez no es un funcionario más, es capital a la hora del ejercicio fundamental del juzgar y hacer ejecutar lo juzgado para construir la sociedad. Eso debería tener un reconocimiento mucho más importante y gran parte de la carrera cree que no se cumple", indica Gavilán. Las fuentes consultadas en la judicatura por este extremo vaticinan un futuro muy incierto si no se desbloquea el CGPJ y se toman las riendas de la situación.