El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha reprochado que el Gobierno se abra a desclasificar documentos como los del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el 'caso Pegasus'. En un acto este miércoles en el Foro de Justicia y Discapacidad Guilarte ha dicho que está en manos del Ejecutivo de Pedro Sánchez "el no propiciar los mismos desencuentros desclasificando para su espuria difusión, hechos totalmente fuera del contexto en el que surgieron".

Guilarte que al inicio de su mandato estaba llevando un perfil muy conciliador, ha dejado varios recados en sus últimas intervenciones después de que en el Parlamento se hayan provocado críticas directas a jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional por los socios independentistas del Gobierno. El presidente interino se ha referido hoy a la desclasificación de documentos en general, pero como telón de fondo están las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se ha abierto a proporcionar a un juzgado de Cataluña la información solicitada sobre el Centro de Inteligencia.

El marco de esta petición está en la denuncia que el presidente de la Generalitat Pere Aragonès interpuso tras haber descubierto que su teléfono había sido infectado con el virus israelí. La exdirectora del CNI Paz Esteban ha sido imputada y tendrá que declarar el próximo mes de enero. Además, por ese asunto el Parlamento catalán solicitó que fuera el magistrado del Supremo (enlace con el CNI) Pablo Lucas y este declinó acudir a declarar a una sede parlamentaria.

“Me gustaría no volver a escucharlo pues estas palabras evidenciaban un desprecio infinito hacia la propia dignidad de las personas, designando a quienes no han hecho sino cumplir con las exigencias del orden constitucional establecido”, ha expresado este miércoles Guilarte.

“Cuando desde la Tribuna que el Estado les proporciona para defender sus
propuestas nos desprecian, cuando nos insultan, cuando nos agravian,
cuando nos ofenden, lo están haciendo a una gran mayoría de personas que
han depositado su confianza en el sistema judicial. Y todo ello perturba la
defensa de los intereses encomendados, lógicamente también la ayuda a las personas con discapacidad en todas sus vertientes”, ha añadido. “Creo que
rogar que cese esta escalada verbal no es una injerencia en sus funciones
sino una defensa de las nuestras”, ha concluido.

Guilarte ha pedido a los políticos que "por favor, no nos defrauden" e ha instado a la cabal línea emprendida.