Si el Gobierno tenía la intención de desjudicializar la política o despolitizar la Justicia con la amnistía es altamente dudoso que este sea el efecto logrado. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se somete esta semana a dos trámites que serán, más bien, dos malos tragos en los que tendrá que volver a enfrentarse a todo tipo de reproches por el ascenso de Dolores Delgado y su posterior condena en el Tribunal Supremo o su evasión de la palabra 'lawfare'. El Consejo fiscal lo espera este miércoles con las espadas en alto para aclarar su postura en temas como la amnistía y el Congreso de los Diputados lo aguarda el jueves con los cuchillos bien afilados de la oposición.

Un total de 21 fiscales de sala y fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo remitieron ayer una carta al jefe del Ministerio Público para "expresar nuestro más enérgico rechazo a los insultos, amenazas y falsas acusaciones vertidas" por la diputada de Junts Míriam Nogueras "ya que no sólo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados, sino que además son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propio de un Estado de Derecho". Un sector de la carrera no entiende cómo García Ortiz no se ha posicionado públicamente en contra de las acusaciones sobre 'lawfare' como han hecho otros organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o las salas de gobierno de distintos tribunales.

Él ha ido dejando recados en sus comparecencias, expresando que los fiscales, y muy especialmente los que lideraron la acusación del procés, van a tener siempre su protección, pero muchos lo consideran insuficiente. Por eso, los integrantes de la Asociación de Fiscales (AF) --mayoritaria en la carrera-- en el Consejo Fiscal --órgano asesor-- solicitaron la "aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado procés". Este punto se ha incluido en la reunión que los consejeros tienen este miércoles y que se anticipa polémica.

El fiscal general puede decidir aprobar o no un comunicado en estos términos, pero está en minoría dentro del Consejo Fiscal que tiene seis vocales de la AF, uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que secundó la propuesta del comunicado, y otros dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), antaño la de García Ortiz; además de dos miembros natos que son la teniente fiscal del alto tribunal y la jefa de la Inspección. El cabeza del Ministerio fiscal se encontrará con la oposición frontal de los consejeros que quieren que salga adelante sí o sí el respaldo a los compañeros ante lo que consideran una situación sin precedentes.

Congreso

El siguiente obstáculo será el jueves, cuando García Ortiz tenga que acudir al Congreso de los Diputados como paso previo a asentarse en su cargo. Su reelección ha provocado un tsunami de críticas en el Poder Judicial después de que el Supremo considerara que cometió "desviación de poder" cuando nombró a su antecesora Dolores Delgado fiscal de Sala, ascendiéndola de forma vitalicia. Esa sentencia desembocó en que el CGPJ no diera su 'placet' por primera vez en democracia a un fiscal general y lo tachara de no idóneo para el cargo.

Distintas fuentes del Ministerio Público confiesan no entender por qué el Gobierno ha iniciado el trámite desde el principio cuando, en realidad, no era necesario. El Estatuto fiscal prevé que "el mandato del fiscal general del Estado no podrá ser renovado excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años". En este caso, García Ortiz no había cumplido ese plazo por lo que su reelección era posible pero, según diversas fuentes, no hacía falta iniciarlo todo desde la casilla de salida porque todos los trámites del CGPJ y el Congreso ya los había pasado. Con otros fiscales generales ha ocurrido así.

El Ejecutivo, sin embargo, ha preferido pulsar el botón de inicio y el debate de la cámara baja se prevé tosco, sabiendo además que el PP ha pedido directamente la dimisión del fiscal general después de la citada sentencia del alto tribunal.

Un mandato complicado

Tras el paso de esta 'semana horribilis' el futuro del jefe del Ministerio Público no muestra mucha paz en el horizonte. García Ortiz se prepara para asumir la aprobación de la ley de amnistía y ponerla en marcha en los tribunales y será él quien decida cómo debe actuar la Fiscalía. Este va a ser, muy probablemente, uno de los temas centrales que atraviesen no sólo su mandato, sino la política y la Justicia durante todo 2024.

Por otro lado, el Consejo fiscal deja asuntos en el tintero que, de una forma u otra, si no se abordan en los ruegos y preguntas de este miércoles terminarán merodeando el próximo año. El vocal de la APIF Salvador Viada ha solicitado introducir en el orden del día si había algún problema con la comunicación de las avocaciones (cuando un fiscal superior retira una investigación a un subordinado para quedárselo). Es decir, si estaba sucediendo algo por lo que no se estuvieran transmitiendo estas avocaciones al órgano asesor, como obliga la norma.

Tiene dudas porque ha descubierto de forma casual que el fiscal Vicente González Mota fue apartado del caso en la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación irregular de Podemos sin que éste supiera siquiera que el asunto le correspondía por reparto. El tema lo llevaron sus superiores, el teniente fiscal entonces Miguel Ángel Carballo y el fiscal jefe del órgano Jesús Alonso.

El Ministerio Público es jerárquico así que es perfectamente posible que un superior absorba un tema, pero como paso previo debería informar al responsable del caso. Si este se opone, la Fiscalía trata de garantizar sus derechos mediante dos mecanismos: decide el superior de ambos (en este caso sería el fiscal general del Estado) y se informa al Consejo fiscal de lo ocurrido como un mero trámite. Nada de esto parece que se hiciera, según se desprende de la petición de Viada. Además, el consejero ha solicitado igualmente que se aborde la petición de un fiscal Anticorrupción que está siendo sometido a denuncias en el extranjero por una persona a la que investiga.