El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha realizado una férrea defensa de la imparcialidad de los fiscales este jueves en su comparecencia en el Congreso: "Convertir al fiscal general en un opinador es situarlo en el centro de la polémica. Y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a todos". En su discurso --trámite necesario para terminar de alcanzar la jefatura del Ministerio Público-- ha defendido la labor de los fiscales del procés y ha garantizado la protección en su trabajo futuro. Además, ha arremetido contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el informe sobre su no idoneidad: "una injerencia" y "un exceso".

"Puedo decirlo más alto pero no más claro: respertaré el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho. Respetarlo significa evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado", ha recalcado el fiscal general al poco de iniciar su intervención. Esta era la segunda vez que García Ortiz acudía a sede Parlamentaria. La anterior fue en 2022 cuando el Gobierno lo nombró sucesor de Dolores Delgado.

"No me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos --la de todas las ciudadanas y ciudadanos-- tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también nuestra apariencia de imparcialidad", ha expresado después de que estas semanas recibiera críticas internas desde la carrera por no pronunciarse claramente en contra del 'lawfare' que se describe en el pacto de investidura entre PSOE y Junts.

García Ortiz ha dicho que no pretende ser "un comentarista de la actualidad política o judicial" y que se mantendrá "siempre en el espacio de lo jurídico". "Mi propuesta es la de una Fiscalía rotundamente supeditada a los principios de imparcialidad y legalidad, pero también a los principios instrumentales de unidad de actuación y dependencia jerárquica que prevé nuestra Constitución".

En ocasiones, la jerarquía interna del Ministerio Público "ha provocado reticencias a la hora de valorar nuestra actuación", ha esgrimido, y "ha sido utilizada para sembrar dudas injustificadas sobre ella". Esta dependencia jerárquica, ha dicho, no es un fin en sí mismo "sino un instrumento para la racionalidad jurídica, la eficiencia organizativa y la unificación de criterios". Y aunque el organigrama sea piramidal, el fiscal general ha señalado que el trabajo debe ser en equipo, con la "suma del trabajo, esfuerzo y voluntades colectivas".

"No quiero una Fiscalía conservadora que se limite a reproducir lo ya sentenciado. Quiero una Fiscalía dinámica y proactiva, que evolucione con los nuevos tiempos", ha advertido el jefe del Ministerio Público.

Sobre el 'procés'

"Como he reiterado en numerosas ocasiones en los dos últimos meses, defenderé a cualquier fiscal que pudiese verse perturabado en sus funciones, incluidos por supuesto cualquiera de los fiscales que han intervenido en las múltiples causas relacionadas con el procés independentista de Cataluña", ha recordado. Y nunca, ha dicho, adoptará "posiciones partidistas ni actuaré conforme a criterios políticos".

García Ortiz ha defendido que "mantendrá siempre una posición objetiva y neutral. Y no emitiré ninguna declaración política partidista. De ningún partido. No me corresponde a mí juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política".

El informe del Poder Judicial

El fiscal general se ha querido referir también al reciente informe emitido por la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre su no ideoneidad para el cargo, después de la sentencia del Tribunal Supremo que señaló que acometió "desviación de poder" al ascender a Delgado. "Hago esta alusión porque debo referirme, si quiera brevemente, al reciente informe emitido por ocho vocales [...] que en la actualidad conforman una mayoría de un órgano diezmado, cuyo mandato caducó hace más de cinco años".

"Esa menguada mayoría parece haberse autoatribuido ex novo una función de fiscalización de la actuación del fiscal general del Estado, como si se tratara de un órgano jerárquico superior", ha dicho, señalando que sólo corresponde a las Cortes decidir sobre esta idoneidad.

En esa línea, el fiscal general se ha referido precisamente a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. "No he sido parte, ni como demandado ni como interesado, ni he sido oído en el procedimiento. Unos severos términos que aprecian circunstancias subjetivas en las que mi parecer no ha sido escuchado y sobre cuyas conclusiones no puedo ejercer ningún recurso", ha sostenido.

Sobre el nombramiento de Delgado, ha dicho, "mantengo además sin ambages la siguiente reflexión: solo la atribución de la primera categoría al fiscal general del Estado saliente [lo que él hizo con su antecesora] le asegura una absoluta independencia de criterio durante su mandato".

Ha afeado igualmente al CGPJ que se pronunciara sin darle ningún tipo de audiencia. "Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido". García Ortiz ha desgranado uno a uno los motivos por los que el Poder Judicial dijo que él no era el idóneo para el puesto. "El segundo argumento utilizado por estos ocho vocales interinos es una deficiente transparencia que me imputan en los nombramientos discrecionales. Tampoco atinan estos voacles con los datos utilizados", ha reflejado. Además, el hecho de que el Consejo dijera que la circular de la 'ley del solo sí es sí' fue considerada improcedente por el Tribunal Supremo ha descrito como "inaceptable", "una injerencia", "un exceso" y una "clara extralimitación de sus competencias".