Los padres de María (nombre ficticio para proteger su identidad) han presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado Enrique Presa quien archivó una denuncia que habían interpuesto por un caso de bullying en el colegio British Council de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en el que estaba su hija. El titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de esa localidad decretó el archivo después de que se le pasara el plazo para instruir y sin realizar ni una sola diligencia en un año. Ni siquiera tomaron declaración a la pequeña (que tanía 13 años cuando sucedieron los hechos), que estuvo ingresada por este motivo.

La queja presentada ante el Poder Judicial --órgano encargado de imponer sanciones a los togados-- señala que la víctima ha sufrido "indefensión y desamparo al perder la tutela judicial efectiva como consecuencia de la inactividad del juzgado". La ley tasa las prórrogas para investigar en un tiempo concreto para no dilatar durante años determinadas pesquisas, por lo que si al magistrado se le olvida ampliar ese plazo en tiempo y forma toda la instrucción se pierde. Es lo que ha ocurrido en este asunto en el que el juez no argumenta su decisión en base a que no existan indicios de delito, sino en que no tiene margen para seguir las pesquisas.

El 27 de julio de 2022 los padres de María presentaron una querella por acoso y lesiones (bullying) a una menor contra dos profesores de uno de los centros educativos más exclusivos de Pozuelo, el British Council School. La denuncia iba también contra el centro a quien reclamaban una responsabilidad subsidiaria porque consideraban que han tratado de ocultar el caso.

El titular del juzgado abrió la causa el 19 de septiembre de ese año y lo primero que debía hacer era tomar declaración al querellante (en este caso el padre) para ver si se ratificaba en los hechos denunciados. Esta declaración fue pospuesta hasta en cuatro ocasiones diferentes --el 5 de octubre de 2022, el 25 de octubre de 22, el 29 de noviembre de 2022 y el 30 de enero de 2023--, entre otros motivos, porque coincidió la huelga de letrados de la Administración de Justicia. No fue hasta el 9 de mayo de 2023 es decir, ocho meses después de haber iniciado la causa, cuando el padre de la menor acudió a su cita al juzgado.

"Yo quería en todo momento que a mi hija la explorara un perito", explica la madre a El Independiente. Los hechos se remontan a 2021 y los denunciantes proponían que la pequeña testificara cuanto antes, tanto para que diera un testimonio lo más fidedigno posible, como para que pasara página con la mayor premura posible. La menor y otra compañera de clase (que fue la que presuntamente sufrió el acoso más salvaje con connotaciones racistas) habían salido ya del centro educativo. En la denuncia de María fueron adjuntados informes médicos en los que la psiquiatra del Hospital Quirón señalaba que el motivo de la anorexia nerviosa que había sufrido radicaba en sus problemas en el colegio.

Los denunciantes esperaban que el magistrado llamara a testificar a la médica, a los dos querellados o realizaran una pericial a la pequeña. Pero nada de eso sucedió. En un escrito que abarca poco más de una página, el juez Enrique Presa se limita a recordar que según la ley "transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión de sumario" y como en este caso no han declarado los investigados "la instrucción sólo puede proseguir si se les ha tomado declaración acerca de los hechos, no pudiendo la misma ahora acordarse". Por eso, resumen: "la solución no puede ser otra más que el archivo". Es destacable que la Fiscalía sí había solicitado ampliar el plazo de investigación.

En la queja presentada ante el Poder Judicial, los padres expresan que este archivo por conclusión del plazo ha provocado "la impunidad de un delito contra una menor, a la que dejó desamparada y generó indefensión. Al no escucharla siquiera, el juzgado incumplió el artículo 24.1 de la Constitución que indica que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales".

La Comunidad de Madrid se desvincula

La única diligencia que practicó el magistrado fue cursar una petición a la Inspección de la Comunidad de Madrid sobre el centro la cual contestó que "por la condición de centro educativo extranjero, la supervisión del funcionamiento de este centro y, en su caso, los informes sobre los hechos relativos a la querella referenciada corresponderían a los servicios de inspección del sistema educativo británico".

La Consejería de Educación dependiente de la presidenta Isabel Díaz Ayuso invita al juzgado a que "requiera a la Embajada de Reino Unido en España cuanta documentación y actuaciones precisen".

"Me he encontrado con Gibraltar en Pozuelo", dice la madre. "La Comunidad de Madrid dice que no puede hacer nada, ¿Y si ocurre un delito? ¿Eso no es territorio español? Porque yo puedo entender que no fiscalicen la materia de matemáticas, pero ¿si un profesor viola a un niño va a venir aquí Scotland Yard [la policía británica]?

Esta redacción ha preguntado a British Council por su versión y han querido aclarar, en primer lugar, que el colegio depende de Reino Unido únicamente en cuestiones curriculares, pero que se encuentran bajo el amparo de la ley española y, en segundo lugar, que con el caso de bullying siguieron todos los protocolos que la Comunidad de Madrid establece.