Entre los cánticos de los niños de San Ildefonso, este viernes a los 16 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han sobrevivido a cinco años de mandato caducado --debería haber 20 integrantes-- les tocaba un premio que no se despachaba en el bombo: el PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, alcanzaban un acuerdo para renovarles. La bola premiada tenía truco, eso sí. Y este giro no se lo esperaban. Una suerte de mediador europeo supervisará las conversaciones entre ambos partidos para comprobar que todo esté en orden, algo que no ha sentado del todo bien en la institución. "Hemos llegado a una situación en la que a este país no hay quién lo conozca", reconocía incrédulo uno de los vocales a El Independiente.

El camino que empieza ahora no es sencillo, toda vez que los socialistas y los populares han estado en este punto de partida en innumerables ocasiones desde 2018 y nada ha llegado a buen término. Se trata de elegir a 10 miembros conservadores y 10 progresistas y un presidente de consenso. Pero los vocales no pierden la esperanza y confían en que esta vez SÍ será la vencida. "Una buena noticia", decía una integrante. "Ya se ha acabado. Fenomenal. Claro que me lo creo, llevamos tanto tiempo que esto es insostenible", reseñaba. En general, todos coinciden en que la anomalía constitucional se ha perpetuado tanto que alargarla una legislatura más sería insufrible.

Cuando alguno escuchaba hablar ayer sobre la intermediación europea, al otro lado del teléfono se escuchaban carcajadas: "Madre mía, qué desastre de país". En su reunión, Feijóo impuso a Sánchez dos condiciones para pactar un nuevo Poder Judicial con el sistema vigente. En primer lugar, que se registre de forma "simultánea" una propuesta de ley firmada por populares y socialistas para reformar el método de elección de los vocales para la siguiente renovación, de manera que los jueces elijan a sus pares. En segundo lugar, la posible mediación y verificación de la Comisión Europea. "Si del Gobierno no se fían sus propios socios [refiriéndose a Junts], nosotros tampoco podemos fiarnos", defendió el líder popular, que además agregó que equiparar la intervención europea con un "mediador salvadoreño especializado en banda armada" era una falta de respeto.

Algunos vocales del CGPJ no ven tan clara esta idea. "Estamos perdiendo el norte", comenta uno. "No nos bastamos por nosotros mismos para nada", esgrime otro. "A ver si vamos a terminar en que el Consejo lo va a nombrar la Comisión Europea", alegan fuentes internas, "que por otro lado no estaría mal", ironizan. "¿Qué criterio va a tener la Comisión para esto?", se preguntan. Otros se muestran algo más entusiastas: "En mi opinión proponer una mediación ha sido un golpe de efecto. Es una manera de poner de manifiesto que Europa debe ser la sede de resolución de conflictos internos de una nación cuando aquellos afectan al poder judicial en el marco del Estado de Derecho", dicen.

En el Poder Judicial quieren tener más información sobre cuál será el papel que va a jugar el órgano comunitario, si se trata de un simple árbitro, si tiene que dar su visto bueno o si, en definitiva, va a estar presente entre los encuentros de los responsables que ya se han designado: Félix Bolaños, por parte del PSOE y Esteban González Pons, del lado del PP.

La desconfianza mutua

Feijóo ha tratado de apartar a Bolaños de las conversaciones acusándolo de "mentir reiteradamente" porque, según defiende, el pacto que casi se alcanza en 2022 se frustró después de que el PP se enterara de que se estaba realizando a la vez la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición.

Fuentes del PSOE sostienen, por su parte, que desde mitad de octubre el presidente del Gobierno ya habló públicamente de la necesidad de reformar el texto penal "para equiparar la regulación española con los estándares europeos". El 26 de octubre el pacto se había cerrado con 32 nombres (20 vocales titulares y 12 suplentes) y una proposición de ley de reforzamiento de la Justicia y, según la versión de los socialistas, con este acuerdo a falta de rúbrica, el PP ya conocía que el borrado de la sedición estaba encima de la mesa.

Sea como fuere, todo quedó en papel mojado y el entonces presidente del Poder Judicial Carlos Lesmes dimitió sin que hubiera un precedente similar. Ahora, la idea que desliza el PP es que el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, acepte hacer de interventor. Desde la renuncia de Lesmes, el CGPJ ha tenido ya dos presidentes distintos y el Tribunal Supremo uno, pero si los políticos no se dan prisa también ahí se abrirá un escenario sin parangón porque al actual jefe interino del alto tribunal, Francisco Marín Castán, le tocá jubilarse a principio de 2024.

La duda sobre las listas

El método de renovación importa y aquí podría estar otro de los principales escollos de este acuerdo que afectara, además, al tiempo. Las listas de los candidatos están hechas desde 2018, con 50 jueces dispuestos a ir al órgano de gobierno de las togas. Si se utilizara este listado, en cuestión de días se podrían elegir a los candidatos y retocar los flecos que ambos partidos consideren necesarios en la Justicia. Algunas fuentes jurídicas comentan que a los 'populares' les conviene hacer esto rápido y sin mucho ruido para alejarlo lo más posible de las elecciones europeas, que serán a mitad del año que viene, y con el coste electoral de pactar con los 'socialistas' sea escaso.

El problema viene, sin embargo, si esta lista no valiera como algunos vocales del CGPJ opinan. Recuerdan que se completó hace cinco años y que desde entonces hay profesionales que han buscado otros caminos y ya no quieren ir al Consejo, otros que simplemente se han jubilado y otros más que igual ahora querrían ir al órgano y no podrían porque entonces no se presentaron. "Ir con estas listas sería un auténtico fraude", rechazan. Las opiniones en este punto son dispares. Rehacer unas nuevas implicaría al menos dos o tres meses de elecciones internas en la carrera, según calculan, y esto podría alargar más de lo esperado las conversaciones políticas. Hacerlo conforme a la legalidad no es menor porque si PP y PSOE pactan y a algún juez se le ocurre recurrir este asunto, los tribunales podrían tener la última palabra sobre la designación.

El punto de concordia está en que la renovación es, desde luego, el camino. "Que se haga bien. Da igual más tarde o más temprano, pero que se haga bien", dice una vocal. "Con no ponerme el bañador en el Consejo me conformo", bromea otro. El número que ayer se jugaba en el alto tribunal, el 35020, no fue agraciado con un solo euro, pero todos allí coinciden: "La Lotería es renovar".