Cuesta encontrar un hueco en la agenda de Gonzalo Boye. El abogado del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de su mano derecha, Josep Lluís Alay, pasa la vida entre Madrid y Bruselas, entre recursos al Tribunal Supremo y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora también entre papeles de la amnistía. En la entrevista que concede a El Independiente no quiere dar detalles sobre cómo se fraguó la ley, pero implícitamente reconoce ser una de las personas que más conoce sobre su redacción en España. Para él, su cliente más mediático es una persona de convicciones y que ha demostrado que "sin moverse de su postura en estos últimos años ha mantenido la coherencia".

¿Cuántos años lleva representando a Carles Puigdemont? 

Desde finales de 2017 

¿Cómo se conocieron? 

Yo fui a Bruselas una vez que estaban ya instalados ahí y hubo una reunión con los exiliados y le conocí. Básicamente unos días antes de la primera vista que tuvimos en Bélgica. 

No es un cliente cualquiera. El ser tan mediático supongo que le ha generado ciertas presiones ¿Alguna vez ha pensado en dejar su defensa? 

No. La verdad que no. Evidentemente no es un defendido como otro, en el sentido de que por una parte yo hago un trabajo jurídico, él hace un trabajo político y mucha gente confunde si lo que estamos haciendo es político o jurídico. Pero yo me dedico a mi parte jurídica y eso no genera conflicto. 

¿Cómo definiría al expresident de la Generalitat? 

Yo creo que es una persona con las convicciones muy claras y que nunca se ha movido de su postura. Pienso que en estos 6 años el que haya analizado lo que él ha dicho y cómo lo ha dicho habrá visto que él siempre se ha mantenido en el mismo punto y que ha sido una persona coherente. 

Ha presentado un recurso muy duro –bajo la defensa de Josep Lluis Alay que también la lleva usted– en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ y dice que los hechos de la investigación ni siquiera fueron delito. ¿Lo que hizo ‘Tsunami Democràtic’ en 2019 usted cree que no se puede incardinar en el Código Penal? 

Yo creo que no. Básicamente es lo mismo que ha dicho Suiza y otros países a los que el juez Manuel García Castellón le pidió cooperación jurídica internacional. Es derecho de manifestación puro y duro. Que la manifestación sea más grande o más pequeña no implica que se transforme en un delito. Cosa distinta es que haya comportamientos individuales. Si una persona quemó un coche, otra rompió un escaparate… esas personas podrán responder o no de lo que hayan hecho, pero como manifestación es eso, es una manifestación.  Y me parece muy peligroso llevarlo al ámbito delictivo. 

Ni siquiera la parte del colapso del aeropuerto de El Prat… 

Mucha gente confunde si lo que estamos haciendo es político o jurídico. Yo me dedico a lo jurídico y no me genera conflicto

No, tampoco. Tampoco porque creo que muchos hemos sido testigos e incluso víctimas de las manifestaciones del año pasado en la semana santa de Francia donde también nos vimos impedidos de coger vuelos [en marzo de 2023 unas protestas en París por la reforma de las pensiones llegaron a bloquear una de las terminales del aeropuerto Charles de Gaulle]. Es decir, eso suele pasar en los países democráticos.

En los escritos dirigidos al juez Manuel García-Castellón es muy contundente (“causa rubor ver cómo se están malgastando los recursos públicos en una prospección que no tiene como finalidad esclarecer los hechos”) ¿Cuál es la finalidad entonces? 

No creo que se trate de esclarecer los hechos. Le pongo un ejemplo: hay un muerto ese día y ya hay una resolución judicial firme que esclareció esos hechos. El juez Manuel García Castellón no puede comenzar a tratar de reescribirlos. Hay una serie de hechos que ya existen sentencias absolutorias y condenatorias y auto de sobreseimiento firme [archivo] y no entiendo por qué el juez se empeña en seguir con esto. Más allá de entender que él está obsesionado con ese tema. 

¿Cree posible que el Supremo vaya a absorber la causa? 

Me parecería un error. El Tribunal Supremo está para otras cosas y esto –yo lo he puesto en algún escrito– está fuera del ámbito del Derecho. Es más, ¿por qué no cursó una euroorden? Es que podemos hacer el ridículo más grande del mundo con un procedimiento de estas características. Yo confío en que el Tribunal Supremo ponga sentido común en todo esto. 

¿Por qué no cursó la euroorden se refiere al juez García Castellón para entregar a Puigdemont? 

Sí. Ha tenido tiempo, eh. 

¿Usted sabe si, como dice el magistrado, Carles Puigdemont estaba en la cúspide de la organización de ‘Tsunami Democràtic’?  

Yo creo, primero, que no había una cúspide en ‘Tsunami Democràtic’; segundo, no hay un solo dato que lo avale; tercero, mucho menos de que el president Puigdemont estuviera en eso. Y le voy a dar un dato: el juez García Castellón parece que se olvida de algo que es esencial. El president Puigdemont estaba detenido en Bélgica el día de la manifestación en el aeropuerto [de El Prat]. Por una euroorden cursada por el Tribunal Supremo. Estaba a disposición judicial en la comisaría principal de Bruselas, todo ese día y el día siguiente.

El juez se olvida de que Puigdemont estaba detenido en Bélgica el día de la manifestación de El Prat

Ese día se presentó voluntario ante la policía  y quedó detenido esa mañana y al día siguiente. Es un hecho público y notorio. No sé cómo el juez nunca ha encajado un hecho con el otro. Si hubiese tenido algo que ver y si hubiese sido la cúspide de esto, ¿cómo es que siguió la manifestación adelante?García Castellón no necesita ni investigación para saber que esto fue así. El propio Tribunal Supremo lo sabe. 

Usted ha defendido públicamente la amnistía y la ha estudiado en privado, ¿Por qué considera que esta medida de gracia cabe en nuestra Constitución? 

En primer lugar, yo no considero que la amnistía sea una medida de gracia, eso le corresponde a los indultos. Yo creo que la amnistía es una medida legislativa y que el legislador es muy libre de adoptar este tipo de medidas cuando considera que hay un momento histórico o un momento político en el que considera que la sociedad está lo suficientemente madura para una legislación de estas características. 

¿Pero para usted el hecho de que la Constitución no nombre la amnistía supone que cabe? 

Es que todo lo que no está prohibido expresamente está permitido. Es así de simple. Yo creo que ahí hay un debate que es un falso debate jurídico porque la mayoría de los juristas cuando hacen un análisis jurídico del tema se dan cuenta que no está prohibido. 

¿Y la considera [la amnistía] necesaria? 

Creo que es necesaria y es justa porque hay muchísima gente imputada por hechos que en una situación política normal no se verían arrastrados a un tribunal.

¿Ha participado directamente en la redacción de la ley de la amnistía? 

No puedo hablar de los temas que llevo profesionalmente.

En El Independiente entrevistamos a Joan Ridao, uno de los creadores de la ley y nos contó algunos intríngulis de cómo se fraguó ¿No nos puede dar algún detalle de este tipo? 

No sé lo que él ha participado o ha dejado de participar, pero yo no puedo hablar de temas que llevo profesionalmente. 

¿En España existe ‘lawfare’? 

Sí, claro. Sin duda. 

¿Por qué? 

Porque yo creo que en algunos casos se han usado los aparatos del Estado y después los tribunales para cuitas políticas. Para destruir a enemigos políticos.

¿Me puede poner algún ejemplo? 

Por ejemplo Vicky Rosell. 

¿Pero dónde está la línea entre la mala práctica de un juez [el magistrado que persiguió a Vicky Rosell terminó condenado por prevaricación] y un caso de ‘lawfare’?

Eso es una cosa que se debería de determinar. Cuando pasan muchos casos con distintos jueces me cuesta creer que sea una mala praxis. Pero, en todo caso, existen mecanismos para determinar si fue una mala praxis o alguna otra cosa. Lo que no creo es que haya que tener miedo a esclarecer los hechos. 

Se han usado los aparatos del Estado y los tribunales para cuitas políticas

¿ Y qué mecanismos pueden ser esos? 

Los mecanismos de investigación tanto en los juzgados como en los otros poderes del Estado. También un mecanismos que es tremendamente efectivo es el buen trabajo de los periodistas. 

¿Usted se considera una víctima del ‘lawfare’ en España? 

Yo sí. Basta ir a mi caso y se acredita. Es decir, hay una persona que a cambio de que declare en mi contra queda en libertad a pesar de tener una grave acusación sobre la posible participación en un asesinato. Se le deja en libertad. Esa persona se inventa unos hechos, hechos que científicamente se demuestran que no han sido así. Bueno, ya veremos, tendré que demostrarlo en un juicio. 

¿Está hablando del caso de Sito Miñanco en la Audiencia Nacional en el que usted está imputado? 

Sí, claro. 

¿Es cierto que uno de los escollos de la amnistía fue precisamente el introducir ‘lawfare’? 

Yo no lo he visto en la ley. 

No, no está. Pero se supone que estuvo o que quisieron que estuviera... 

Tengo la sensación de que lo que ha pasado es que ha habido más ruido que realidad durante el tiempo que se trabajó en la ley. Más ruido que nueces. Es decir, la ley tiene lo que, parece ser que en todo momento, se planificó que tuviese. 

Si usted tuviera que introducir enmiendas en el texto actual, ¿Cuál introduciría? 

Probablemente introduciría algunas cuestiones técnicas para que no haya problemas a posteriori en la aplicación. Pero muy sencillas 

¿Por ejemplo? 

No puedo hablar de un tema que es un encargo profesional. Pero creo que hay cosas técnicas que todos los juristas hemos visto. Y son muy pocas. Creo que el marco constitucional está salvado y hay que cambiar algunas cosas de lenguaje y poco más. 

Creo que el marco constitucional en la ley de amnistía está salvado y hay que cambiar algunas cosas de lenguaje y poco más

¿Le preocupa que la parte del terrorismo suponga un problema en la Justicia europea? 

Creo que no supone ningún problema en la Justicia europea y que en estos seis años de defensa del president Puigdmeont hemos logrado demostrar que si hay un sitio donde nos sentimos cómodos es en la Justicia europea. Nosotros estamos encantados de que unas medidas de estas características se lleven a la Justicia europea porque creo que más de alguno se va a llevar una sorpresa.  

¿Puigdemont tiene intención de volver a España?

Siempre plantea que quiere volver a Cataluña cuando se den las circunstancias. 

¿Eso es un sí?

Es que la pregunta iba encaminada hacia España. Él no considera que vaya a regresar a España, él considera que va a regresar a Cataluña y yo creo que él en todo momento ha previsto regresar cuando se den las circunstancias. Pero tampoco tiene problema en mantenerse en el exilio. Lo he dicho antes, él es absolutamente coherente, es una persona persistente y, sobre todo, que asume su papel histórico y los sacrificios que ello conlleva. Nunca le he visto dudar al respecto. 

¿Y sabemos cuándo podría ser seguro, como dice usted, que él volviera? 

Creo que todavía faltan cosas por determinar. Debería ser seguro desde hace mucho tiempo, pero el tribunal Supremo no lo ha permitido. Ahora viene una ley de amnistía, vamos a ver cómo la aplican y cuál es la versión final de la ley. Yo creo que hay que esperar. 

¿Pero podrá volver el día que la ley se haga pública en el BOE? 

En principio será de aplicación la amnistía y por tanto él podría regresar. No sé si ese día o unos días después, pero eso debería ser lo normal si es que se aplica la ley. Yo tengo mis dudas. 

¿Dudas a que no se aplique? 

A que no se aplique lo que dice la ley. Pero tampoco sabemos cuál va a ser la redacción final. Esa ley ahora tendrá entrar en trámite de enmiendas y por tanto tendremos que esperar lo que salga del BOE.

Es decir, la ley dice que cuando se publique en el BOE se aplica y cualquier medida cautelar queda sin efecto, así que haciendo caso a esto el día que se publicara…

Ese día tendrían que cesar las órdenes nacionales de detención y por tanto ese día él podría volver. 

¿Cree que Oriol Junqueras volverá a estar habilitado para la política aunque los jueces planteen una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional? 

Eso habría que preguntárselo al abogado de Junqueras. Yo creo que ese párrafo de la ley es bastante claro. Se hace una distinción claramente en la ley en lo que son medidas cautelares restrictivas de derechos fundamentales y lo que no son medidas cautelares.

Parece que por primera vez en Cataluña se empiezan a dar pasos en el asunto de Pegasus. Usted puso su denuncia en Madrid y la juez le pidió su teléfono y usted se negó. ¿Cómo está esa causa actualmente? 

Lo tenemos recurrido. Está pendiente de recurso lo que pasa es que da la sensación de que estuviéramos en un sistema federal, como poco. En el cual los jueces en Cataluña resuelven unas cosas y los jueces en Madrid resuelven otras. En Cataluña los procedimientos están todos abiertos y avanzando y a nadie se le ha ocurrido pedir un teléfono móvil y mucho menos a un abogado. En mi teléfono, como en el teléfono de cualquier periodista, hay una serie de cosas que están amparadas por el secreto profesional. Y, además, hay una sospecha clara de quién ha podido ser el que utiliza ese sistema para espiarnos. ¿Le vamos a entregar a esa misma gente el teléfono para saber si ellos han cometido algún delito? Lo que no hay es voluntad de investigación. No se pretende una investigación efectiva. 

La universidad de Canadá que hizo el estudio Citizen Lab estaba organizando un nuevo estudio sobre Pegasus ¿Tiene alguna información sobre cuándo saldrá este? 

Sé que ellos han recopilado muchísimos datos y están trabajando en ello. 

¿Nos puede decir en qué estado está su recurso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Puigdemont? 

El recurso de casación está presentado y admitido a trámite. Pendiente de que lo impugnen las demás partes. 

¿Pero se plantearon medidas cautelares? 

Nosotros hemos planteado lo que teníamos que plantear en ese momento 

¿Y fueron medidas cautelares? 

Lo que teníamos que plantear. Tenemos varios recurso ahí y nosotros en cada momento planteamos lo que correspondía 

¿Qué cree que va a decir la Justicia comunitaria sobre la amnistía? 

Va a decir que es una medida de derecho interno y que el legislador está perfectamente capacitado para hacerlo. A mí lo que me sorprende es que hablemos de esto cuando es un tema que ya ha resuelto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un tema aclarado, ya tiene jurisprudencia sobre esto y ha dicho que no existe ningún inconveniente en que el legislador desprovea de carácter delictivo a determinados hechos en función de una ley 

¿Da igual el delito? 

Sí, lo que pasa que ahí entran en conflicto con otras resoluciones internacionales. Es decir, hay determinados delitos que no son amnistiables en términos de derecho internacional. Los crímenes de guerra, el genocidio, los crímines de lesa humanidad, las torturas… Pero aquí nada de eso ha sucedido

¿El Terrorismo?

Creo que con la experiencia que existe en España, llamar a 'Tsunami Democràtic' terrorismo es banalizarlo y faltarle el respecto a las víctimas del terrorismo. Pero es más, el terorrimos no está excluido en la amnistía según el derecho internacional.