El sumario de 'Tsunami Democràtic' que está bajo el foco del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional revela que los miembros de esta plataforma se valieron de varios agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para apoyar determinada información y así poder vehicular sus actividades durante 2019. La Guardia Civil ha podido identificar al menos a dos mossos d'Esquadra que, creen, participaron aportando datos sensibles a los instigadores de las protestas tras la sentencia del procés, entre ellos a Josep Lluis Alay, la mano derecha del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Sabemos quién es el coche de Policía?", se lee en uno de los mensajes enviados del teléfono de Josep Campmajó. Este empresario fue detenido el 28 de octubre de 2020 en el marco de la 'operación Voloh' (que indaga en la financiación del proceso independentista en Cataluña) y ahora es otro de los sospechosos de la organización de 'Tsunami Democrátic'. La documentación, a la que ha tenido acceso El Independiente, revela su preocupación al saberse perseguido policialmente. En una fotografía fechada el 9 de junio de 2019 aparece en la casa del expresidente Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) entregándole un pendrive y un sobre.

En los chats que se intercambiaban en el marco de la plataforma independentista, existen mensajes con matrículas que sospechaban que eran de agentes. El mensaje remitido por Campmajó denota cierta inquietud ante la presencia de la Guardia Civil y su interlocutor le responde que lo ha consultado con el jefe de Sala y que no se trata de él sino de otro asunto por un tema de drogas.

"Estos mensajes corroboran la cooperación de miembros policiales, quienes facilitan información sensible", refleja la benemérita en un informe. En el teléfono de Campmajó se encontró asimismo una imagen en la que aparece el resumen de una novedad de Guardia Civil comunicada a la Sala de coordinación Policial, que forman los cuerpos de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos. En esa imagen se observa una comunicación con fecha 24 de agosto a las 6:11 horas informando de varios dispositivos operativos en la demarcación de Girona. Los investigadores advierten de la gravedad del asunto: "La tenencia de este tipo de documentos fuera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) significa una filtración grave de ese tipo de comunicaciones y que indudablemente tuvo que ser extraída y filtrada por algún miembro de los cuerpos que prestan servicios en esa Sala".

Cabe recordar que los meses posteriores al procés la desconfianza entre los distintos cuerpos policiales llegó a su punto más álgido cuando la Audiencia Nacional procesó al Major de los Mossos Josep Lluís Trapero bajo la convicción de que había actuado en connivencia con el independentismo. Pero nada más lejos de la realidad, la Sala de lo Penal lo terminó absolviendo de todos sus cargos en 2020. Como telón de fondo se hallaban las pesquisas de 'Tsunami' que ya entonces estaban en marcha, pero todavía se encontraban bajo secreto de sumario, es decir, la Guardia Civil ya estaba sobre la pista de todos estos indicios lo que eventualmente, indican distintas fuentes consultadas, pudo empeorar las relaciones entre los cuerpos.

"El conocimiento por parte de terceros de los movimientos de las FCSE hace ineficaz este tipo de servicios, de ahí y dada su transcendencia, es por lo que se considera que la persona que realizó esa filtración pudiera haber cometido, al menos, un delito de revelación de secretos (sic)", refleja el informe de los tricornios.

Al menos tres ayudantes

El sumario revela que los miembros de 'Tsunami' se valieron de información de, al menos, tres personas con acceso a bases de datos policiales. Entre los mensajes encontrados está Josep Molina Ribot, caporal de la Policía Local de Girona, exmosso d'Esquadra, quien entre otras cuestiones, se presta a explicar el funcionamiento de la introducción de órdenes de búsqueda y requisitorias en las bases policiales.

Los integrantes de la plataforma se pasan una comunicación interna del comisario jefe de Mossos Eduard Sallent con fecha 5 de marzo de 2020 que comunica el plan de normalización gradual de la protección integral policial de las administraciones de Justicia, rebajando la intensidad del dispositivo de seguridad. No es un dato especialmente relevante, pero para la Guardia Civil sí "pone de manifiesto" el conocimiento que poseen "determinados individuos con intenciones subversivas de los planes de seguridad a efectuar por parte de los Mossos", lo que les resulta preocupante "de cara a la efectividad de estos servicios, ante el conocimiento previo de los planes".

Igualmente, controlan un documento policial en el que se comunica los desplazamientos de fecha 5 de marzo de 2020 del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que es, precisamente, instructor del procés y cuya casa durante ese periodo sufrió varios ataques con pintadas en la puerta. "Nuevamente esta información confirma la presencia preocupante de elementos independentistas en determinados sectores policiales que permiten el acceso a determinada información y difusión de la misma, que hacen ineficaces la seguridad que se supone deben tener", recelan los agentes.

Otro de los nombres propios que la investigación ha conseguido desenmarañar es el de Javier Manso, un mosso d'Esquadra al que identifican a través del teléfono de Josep Lluis Alay, el fiel empresario, compañero de Puigdemont. "Posiblemente esta persona sea uno de los que prestan servicios en Waterloo de seguridad a Puigdemont, ya que las conversaciones sitúan a este Mosso en ese lugar", indica el sumario de la causa.

De los mensajes analizados en el teléfono de Alay se desprende el uso de información reservada como es el acceso a ficheros policiales para facilitar la información sobre la existencia o no de requisitorias contra él. "El mosso Xavi Manso es totalmente conocedor del hecho que supone revelar esa información sensible, confirmándose porque le dice Alay que no le pase a nadie el 'pantallazo' y que él 'no le ha dicho nada'".

En una conversación entre Campmajó y Manso se observa cómo ambos están afectados por la detención del expresidente en Alemania. "No siento nada. Tristeza. Puta mierda", dice el mosso. A lo que le contesta "un desastre absoluto. Estoy muy cabreado. No tendría que haber pasado. No tendría que haber pasado".

Además, la Guardia Civil deja por escrito un tercer nombre P.M. al que no logran atribuir la condición de mosso, pero creen que sí formaba parte de las Fuerzas de Seguridad por la información que manejaba respecto de titulares de vehículos, otra información técnica de medios de comunicación, uso de software por servicios de información, etc.

"Estáte calmado, tranquilo, actúa con normalidad, toma precauciones como cambios de ruta para ir al mismo sitio, pon el coche en parking con cámaras y cercanos a las cabinas, toma diferentes salidas. Reserva los dispositivos, pon el tlf (sic) en modo avión en los desplazamientos. Todos estos pequeños recursos para tomar precaución hacia el seguimiento. Pero, por encima, de todo estate tranquilo, domina tu estado, te sentirás más seguro", refleja un mensaje de P.M. Campmajó le pregunta: "Hola hermanito. ¿Sabes en qué frecuencia emiten los walkies y emisoras de la CNP y mossos?", a lo que él contesta: "Mossos: Me consta que la señal está encriptada de terminal a terminal, y utilizan repetidores propios, es una red exclusiva. Para desencriptar se necesita un programa específico o disponer de un terminal. Cuando CNP utilizan una red diferente, no hay solapamiento".

Estas actuaciones, sin embargo, han quedado diluidas en el macrosumario que se compone de miles de folios en los que hay cientos de nombres distintos. El juez Manuel García Castellón decidió el pasado mes de noviembre procesar a un docena de personas por 'Tsunami Democràtic' entre los que no hay, por el momento, ningún mosso d'Esquadra.