El Tribunal Supremo podría quedarse totalmente solo en su postura sobre la amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o, dicho de otra forma, las tesis españolas pueden fracturarse en dos e incluso en tres ante los togados comunitarios. La posición que decida adoptar la Fiscalía una vez se apruebe la medida de gracia será vital para entender cómo va a estar representada España en la lucha que los magistrados del Supremo pretenden emprender en Europa por el perdón de todos los delitos del procés, según revelan fuentes jurídicas a El Independiente.

El modo de proceder del Tribunal Supremo para cuestionar la norma que borrará cualquier delito del independentismo en Cataluña se compone de dos vías: mediante una cuestión de inconstitucionalidad planteada al Tribunal Constitucional o a través de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Distintas fuentes jurídicas tienen más expectativas puestas en lo que se lleve a Bruselas porque, dicen, el órgano que ahora dirige Cándido Conde-Pumpido tiene mayoría progresista y en el último año y medio ha dado la razón al Gobierno en prácticamente todos los recursos que se han planteado contra leyes salidas del mandato de Pedro Sánchez.

El partido importante, por tanto, creen que se juega en Europa donde ya ha advertido el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, de que estarán vigilantes de lo que salga del Parlamento español. Las fuentes jurídicas preguntadas señalan que la flaqueza de la amnistía se ubica en dos puntos: por un lado, el hecho de que se puedan perdonar delitos de terrorismo cuando no haya recaído sentencia firme porque esto choca con la directiva europea (2017/541) que buscó un marco común para la respuesta de los Estados miembros a la lucha antiterrorista; y por otro lado, el perdón de la malversación de caudales públicos para fines independentistas. Bruselas se ha mostrado infranqueable con la desviación de dinero y en mayo de 2023 anunció que iba a armonizar en toda la UE las definiciones de los delitos relacionados con la corrupción.

Pero, además, existe un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que se aprobó en diciembre de 2020 y que habla de la protección del presupuesto de la Unión. Las fuentes cercanas al independentismo alegan que este extremo está salvado porque los fondos que se utilizaron para el referéndum del 1-0 en ningún caso eran comunitarios, pero otras voces señalan que este texto va mucho más allá y describe, por ejemplo, que "el Estado de Derecho requiere que todos los poderes públicos actúen dentro de los límites establecidos por ley", habla de la "tutela judicial efectiva, que incluye el acceso a la justicia, por órganos jurisdiccionales independentes e imparciales", de la "separación de poderes", o de la "independencia de los jueces" que no deben "recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas".

Con estos mimbres, el Supremo puede plantear una cuestión prejudicial consistente en hacer una serie de preguntas al TJUE que ayuden a los magistrados a interpretar si la ley va en contra de los Tratados internacionales o de los acuerdos adoptados por las instituciones de la Unión. Lo que sucede es que el papel del alto tribunal se reduce a eso, a un folio con interrogantes, y a partir de entonces comienza un recorrido en el que ya solo pueden estar las partes que, en este caso, compusieron el juicio del procés. Es decir, la defensa en Europa la compondrán: los abogados de los líderes independentistas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox.

Como antecedente de una situación similar está la cuestión prejudicial que planteó el instructor de la causa independentista, Pablo Llarena, para saber cómo interpretar las órdenes de detención europeas después de que Bélgica no quisiera entregar al exconseller Lluis Puig. Entonces, los fiscales del Tribunal Supremo Fidel Cadenas y Consuelo Madrigal viajaron a la vista celebrada en el TJUE y defendieron las pretensiones del alto tribunal porque en ese caso todos iban en el mismo barco. La finalidad era perseguir a los líderes independentistas fugados para que volvieran a España y pudieran ser enjuiciados. El objetivo de la Abogacía del Estado también era el mismo así que, de alguna manera, a un lado estaba el Estado Español (Fiscalía y Abogacía) amparando al Supremo y al otro, el abogado Gonzalo Boye con la versión contraria.

España se puede fracturar

Pero con la amnistía, el escenario será muy diferente. Para empezar porque es evidente que la Abogacía del Estado, cuyo rol es el de resguardar los intereses del Gobierno, no va a mantener esta vez que el perdón concedido al procés vaya en contra de las rúbricas de textos internacionales. Su cometido estará al lado del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así que todas las miradas del mundo judicial están puestas en una persona: Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado, que de momento se ha mantenido alejado de cualquier pronunciamiento prematuro sobre la ley, tendrá que decidir qué líneas seguirá la Fiscalía cuya institución es absolutamente jerárquica. En la norma presentada por el PSOE se habla de que la competencia para la aplicación de la amnistía será "de oficio o a instancia de parte o del Ministerio fiscal y, en todo caso, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes".

Es muy posible, pues, que el Ministerio Público adopte un papel proactivo en el aterrizaje de la medida en los tribunales, por lo que no sería coherente que luego en Europa tratara de paralizar su aplicación. Algunas fuentes vaticinan un choque institucional entre los fiscales del procés que han sido uno de los motores en la lucha contra el independentismo acusando, incluso, de rebelión a los responsables del proceso secesionista y el fiscal general.

En este escenario, fuentes jurídicas comentan que podría darse la paradoja de que únicamente Vox defendiera en Europa las tesis del Tribunal Supremo. "Es bastante insostenible", esgrime una de estas voces en relación a que el alma del alto tribunal sólo quede representado ante el TJUE por la ultraderecha.

Los países podrán posicionarse

Como la interpretación de lo que entienda el TJUE sobre la amnistía afectará al Derecho de los veintisiete Estados miembros, todos tienen un plazo para aportar sus opiniones fundamentadas en base a cómo deben los magistrados responder a los interrogantes planteados por España.

Así ocurrió, por ejemplo, con la cuestión que planteó Llarena preguntando al TJUE si un país como era Bélgica podía rechazar una petición de otro Estado como había ocurrido con el exconseller Lluís Puig a quien se negaron a entregar por considerar que el Supremo no era el órgano encargado de enjuiciarlo. Llarena planteó si el país podía inmiscuirse hasta ese punto en la jurisdicción española.

Entonces sólo se pronunciaron Polonia y Rumanía, más allá de Bélgica que como parte salpicada del procedimiento también intervino. Ambos países se asemejaron a la postura española, pero el hecho de que ninguno más se aventurara a opinar fue interpretado entonces por fuentes jurídicas como una mala señal, si bien finalmente el TJUE dio la razón a España al considerar que Bélgica no puede denegar una entrada si no existen "deficiencias sistémicas o generalizadas" en un país como el español.

También puede fijarse ese procedimiento como referencia. Entonces, el plazo para resolver el asunto fue de 12 meses, pero en medio una pandemia paralizó prácticamente el planeta. Las fuentes consultadas sitúan el límite normal un poco antes y hablan de entre seis meses y un año.