Al despacho del magistrado del Tribunal Supremo José Luis Requero no le falta detalle de Navidad. Un mini abeto con bolas, un letrero de 'Merry Christmas' y un colorido Belén traído de Perú decoran la estancia donde el togado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo lleva poniendo sentencias desde 2014. Requero fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2001-2008 a propuesta del PP, es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y en su amplia trayectoria judicial ha pasado por órganos como la Audiencia Nacional o ha participado en los últimos meses en deliberaciones como la que decidió anular el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala o la que suprimió el nombramiento de Magdalena Valerio al Consejo de Estado. El togado concede una entrevista a El Independiente, consciente de todos los temas sobre los que no puede pronunciarse, pero dispuesto a defender el trabajo del Supremo.

¿Conocía la palabra ‘lawfare’ antes de este verano? ¿La había utilizado o escuchado entre sus colegas de profesión? 

Se sabía que existía, pero no tenía ni mucho menos un uso como el que está teniendo en las últimas semanas. En realidad, uno cuando indaga qué significa, como tantas veces ocurre con palabras que importamos del mundo anglosajón, pues dices esto que no existía en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro lenguaje cotidiano, ¿qué es? pues es prevaricación, abuso de poder en el caso de los jueces, extralimitación en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales o simple y llanamente un uso de la condición de juez para unos fines distintos para lo que está previsto. 

Eso sería una especie de corporativismo malo, es decir, yo me sirvo de mi condición de juez para hacer prevalecer los objetivos políticos o ideológicos que son extravagantes por definición en el quehacer judicial. 

¿Existe en España ‘lawfare’? 

Si he dicho que tiene una connotación tradicional que es la prevaricación, la prevaricación está en el Código Penal. Desde ese planteamiento, sí que ha habido episodios de ‘lawfare’ probablemente en aquellos casos en los que determinados jueces y fiscales –no diré nombres– a veces han utilizado sus potestades para cierto acoso a personas o a grupos políticos determinados. Eso se ha visto, a mi modo de ver, con relativa frecuencia. Ha habido momentos en los que se ha tenido esa percepción.  

¿Y cuáles son esos casos? ¿Podría poner ejemplos? 

Casos concretos no. Pero, a mí por ejemplo, me resulta chocante cómo durante cierto tiempo ciertas acciones se han saldado con operaciones muy espectaculares en las que se ha alertado previamente a los medios de comunicación, que estaban ahí presentes antes de practicarse determinada detención.

¿Eso se puede considerar ‘lawfare’? Pues no deja de ser sospechoso. Detenciones muy espectaculares que con el paso del tiempo quedan en nada. O casos dirigidos por esos que se conocen como jueces estrellas, que también quedan en nada. Son los que tienen connotación de tipo político. En esos casos se podría hablar de ‘lawfare’. 

¿Pero hasta qué punto es ‘lawfare’ o la actuación inapropiada de algún juez concreto? Es decir, ¿Es un sistema instaurado en la Justicia o son algo así como manzanas podridas? 

Vamos a ver, yo no diría manzanas podridas, pero tampoco --mucho menos-- una actuación instaurada en la Justicia. Lo que puede haber serán supuestos probablemente de abuso de las potestades que un juez tiene, es decir, una extralimitación. Si hablamos de prevaricación estamos en un panorama muy distinto. Tiene que haber una intencionalidad de actuar de una manera fría y consciente en contra del ordenamiento jurídico.

Era inasumible que el presidente del Supremo se reuniera con Bolaños

Puede haber extralimitaciones que enseguida cantan: todas las decisiones judiciales son recurribles ante instancias superiores, luego hay unas garantías para atajarlas. Afortunadamente, son escasísimas, se cuentan con los dedos de una mano, y siempre son reconducibles a través del sistema ordinario de recursos.

¿Y esta guerra judicial ha operado en contra del independentismo? 

Creo que no. En el tema del independentismo existe una cierta perversión intelectual, moral y jurídica. Cuando determinadas personas llevadas por su espíritu nacionalista, por su espíritu de patria, por lo que sea, actúan en contra del ordenamiento jurídico, adentrándose ya en los terrenos de posibles delitos y la Justicia reacciona, entonces no hay ningún 'lawfare'. Apelar al 'lawfare' no es más que una treta de carácter justificativo, una manera de escurrir las responsabilidades.

Apelar al 'lawfare' en el independentismo no es más que una treta

Si uno realiza una serie de actos que son de sedición, es lógico que desencadene una actuación judicial; primero instructora, con todas las garantías, y luego, de enjuiciamiento: durante meses y meses hemos estado viendo cómo fue el juicio al procés, y se vio que era un procedimiento con todas las garantías. Tenemos una sentencia fundada donde los hechos cantan, luego, no estamos ante abusos por parte de la actuación judicial. 

Aparte de que yo puedo hablar de un 'lawfare', por ejemplo en el caso de la actuación de un juez aislado, pero cuando ya es todo un sistema judicial el que reacciona, sosteniendo la acción los fiscales, un juez que instruye e imputa, y un tribunal, nada menos que el Tribunal Supremo, que condena y, en fin, un Tribunal Constitucional que rechaza los recursos de amparo... Cuando todo esto sucede no puede decirse con un mínimo de seriedad que estemos ante un exceso judicial, sino que estamos ante todo el sistema judicial amparado por un ordenamiento jurídico que es el que reacciona frente a esos actos ilícitos. 

¿Cómo sentaron entre sus compañeros de Sala y de otras Salas las palabras de Nogueras en contra de miembros concretos del Supremo? 

La respuesta es muy fácil: nos indignaron

¿Ha habido solidaridad en el alto tribunal? ¿Han transmitido apoyo a los jueces que han sido señalados? 

Las palabras de Míriam Nogueras nos indignaron

Lo que han hecho los demás no lo sé. Yo personalmente, con los que tengo más trato, sí. Les he mandado un mensaje de solidaridad porque lo están pasando mal y se les está insultando, se les está llamando nada más y nada menos que en sede parlamentaria jueces indignos y eso es un insulto. Lo mínimo que impone la caballerosidad y la amistad (y no es corporativismo) es mandar un abrazo de solidaridad. 

¿Qué le pareció el gesto del presidente del órgano, Francisco Marín Castán, al anular la reunión con el ministro de Justicia, Félix Bolaños? 

Es lo mínimo que se vende en el mercado, por decirlo de alguna manera. En esas circunstancias, en ese momento, era inasumible que el presidente del Tribunal Supremo se reuniese con un ministro que forma parte de un Gobierno que al fin y al cabo ha pactado la investidura, la gobernabilidad y el mantenimiento de ese Gobierno con las personas que están insultando a la Justicia. Eso es impresentable.

¿Hay algo más que pueda hacer el Supremo, además de este tipo de gestos, para tratar de evitar el desprestigio que algunos políticos están buscando de miembros concretos? 

El mejor mensaje y la mejor defensa es la coherencia en nuestra actuación.Y luego, por supuesto, llamar a las cosas por su nombre y decir que hay cosas que no se pueden aceptar. Que no quede todo como el traslado de un malestar, porque eso del malestar es que parece que has hecho mal la digestión y es algo más que un malestar. Es que estamos viendo cómo, cuando se nos insulta a nosotros, en realidad se está cuestionando el funcionamiento del Estado de derecho. Y el malestar no debería ser tanto de los jueces, sino que debería ser de toda la ciudadanía. Debe saber que tras esos insultos lo que hay es la intención de debilitar el funcionamiento del Estado de derecho y, fundamentalmente, el principio de separación de poderes.

Lo que debemos hacer es seguir imperturbables, firmes, fríos y cumpliendo con las obligaciones

¿Qué vamos a hacer más? Nosotros no vamos a hacer plantes, ni huelgas, eso sería inapropiado por parte de los jueces. Lo mejor que podemos hacer es seguir de una manera imperturbable --en el buen sentido de la expresión no de indiferencia, no de tener la piel gorda, todo lo contrario–, sino de mantenerlos firmes, serenos, fríos, sanamente fríos, y seguir cumpliendo con nuestras obligaciones. 

¿Cómo ve la situación del CGPJ? 

Pues es dramática. Es un órgano que se tuvo que renovar hace cinco años y que permanezca en funciones es dramático. Es una anomalía constitucional que salta a la vista y es insostenible. No ya en sí mismo, sino por las consecuencias que trae. Y una de ellas es la que estamos viviendo en esta casa, que las plazas vacantes no se cubren y cada vez somos menos. 

La Sala a la que pertenece es la más afectada por la falta de jueces ante el bloqueo de los nombramientos en el CGPJ, ¿Cómo ven el futuro? ¿Podrían quedarse sin quórum? 

De momento no. Tendría que ser ya una situación de justicia de guerra que la Sala de lo Contencioso tuviese que echar mano de magistrados de la Sala Civil o de lo Penal. De momento nos vamos apañando, lo que ocurre es que es a costa de un desgaste considerable porque hay que hacer sustituciones internas y esto no es admisible.

¿Y cómo se puede desencallar la renovación del CGPJ?

Francamente, hemos llegado a un extremo en el que el Partido Socialista no quiere cambiar el sistema de elección de los vocales, el Partido Popular sí quiere y dice que si no se cambia, no renueva. ¿Qué va a pasar? ¿Que venga Europa, como si fuesen los cien mil hijos de San Luis, a intervenir en la vida política interna española? Pues probablemente tendrá que venir a ponernos firmes, a sacarnos los colores. 

Lo que toca es renovar el Consejo, que el Partido Popular proponga diez, el Partido socialista proponga otros diez y ponerse de acuerdo en un futuro presidente con mesura y sea estimado por todos. Y ya la vida dirá si el PP gobierna alguna vez en España que sea coherente con sus principios, y lo que ha podido hacer y no ha hecho nunca y ha prometido hacerlo y lo ha incumplido, lo haga y reforme la ley.

Pero si seguimos condicionando la renovación a que se reforme la ley, pues podemos estar así mucho tiempo más.

¿Y qué le parece la idea del presidente Vicente Guilarte de eliminar la competencia de nombramientos en las cúpulas de los tribunales al Consejo para que sea menos atractivo para los políticos y así impulsar la renovación? 

Ideas... hay muchas. Si el Consejo existe es para garantizar la independencia del Poder Judicial y eso no significa que tenga que estar todo el día haciendo comunicados de defensa, sino que es la propia gestión de sus competencias esa garantía. Y una de esas garantías son los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y de la cúpula judicial en España. Si le quitamos la política de nombramientos y de promoción profesional, pues el Consejo General en qué se queda, ¿en una dirección general de gestión de personal?  

Hay que renovar, que el Consejo esté en la plenitud de funciones y enterrar esa ley que maniató al Consejo estando en funciones. Discrepo totalmente de lo que dijo el Tribunal Constitucional con que eso es conforme a la Constitución. Y lo que hay que hacer es volver a la normalidad, pero no buscar apaños. Porque, claro, ¿quién va a nombrar a las plazas vacantes? ¿Una instancia desconocida? Eso es absurdo.

¿Cree que los jueces deben ir a comisiones en el Parlamento? 

No deben ir. Eso sí que va en contra del principio de separación de poderes y de independencia judicial. Es mentira que los jueces no estemos sometidos a control. Somos probablemente de los cargos públicos que más sometidos estamos a un control diario. En primer lugar, porque nuestras decisiones son todas recurribles y eso significa ya un control interno. Pero es que luego, los jueces personalmente tenemos otras responsabilidades civiles, penales, disciplinarias. Y en cualquier caso, ante una comisión de investigación o una comisión parlamentaria, ¿qué le van a preguntar a un juez? El juez habla por sentencias, habla por autos, habla a través de sus resoluciones. 

¿Recuerda algún otro choque institucional con el Poder Judicial como el actual? 

Choques ha habido muchos. Desde el año 85, en el que se promulga la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya en sí fue un choque frontal contra el Poder Judicial y aquello originó una situación muy tensa. A partir de ahí hemos vivido constantemente en un panorama en el cual hay fuerzas políticas que tienen la manía de estar situándose al borde del precipicio. Es decir, no actuar en su legítima lucha política, sino a muchos metros, incluso kilómetros. Cuando me refiero a moverse al borde del precipicio, quiero decir, actuando siempre en los límites de lo legal o lo constitucional.

Cuando eso ocurre, ¿qué es lo que pasa? Pues que sí los jueces intentamos reconducirlo a términos de legalidad, se nos atribuye extralimitaciones o que deslegitimamos la administración o a los poderes públicos. Entonces es cuando se habla de una politización de la justicia y desde luego no lo es. El político ejerce el poder de forma expansiva, rehúye los controles, de los límites, cuando el mayor control que tiene, aparte del que pueda venir por los medios de comunicación, es fundamentalmente de la Justicia.