Qué se ha pactado en la amnistía y en qué se ha descolgado Junts

Cerrado el plazo de enmiendas parciales a la ley de amnistía en el Congreso, la sorpresa de este martes llegaba cuando el Gobierno no lograba un acuerdo con todos sus socios independentistas y Junts se desmarcaba con una serie de peticiones que prácticamente reharían partes completas de la medida. El PSOE asegura que solo saldrán adelante las enmiendas técnicas que han pactado, entre las que se incluye una que podría eliminar la inhabilitación del líder de ERC, Oriol Junqueras, mientras que el partido de Carles Puigdemont plantea ampliar el margen del perdón desde 2012 a 2011 e incluir el delito de terrorismo.

Qué ha pactado el PSOE

Se trata de 9 enmiendas a la ley de amnistía que han firmado con Sumar, ERC, EH Bildu y el BNG. Los socialistas han defendido a capa y espada que no se tocará la exposición de motivos que será lo que les blinde ante posibles recursos al Tribunal Constitucional y en sus enmiendas sólo corrigen un pequeño error. Cambian los países que no mencionan expresamente la amnistía en sus cartas magnas (como Alemania, Bélgica, Irlanda o Suecia) tachando Austria que sí la nombra.

Incluyen en los beneficiados a los que hubieran provocado críticas contra autoridades y funcionarios públicos incluyendo "los actos llevados a cabo a través de la prensa, de la imprenta, de un medio de comunicación social, de internet o mediante el uso de redes sociales y servicios de la sociedad de información".

Los partidos han acordado igualmente una medida más restrictiva para excluir de la amnistía aquellos preceptos relacionados con la lesa humanidad que se habían quedado fuera. Por eso, en el apartado de exclusiones añaden los delitos contra la Comunidad Internacional que en el Código Penal afectan al que "matare al jefe de un Estado extranjero", entre otros.

Con respecto a la aplicación, los socialistas puntualizan que tiene que ser "el órgano judicial competente que, en cada momento, esté conociendo de la causa " en orden de clarificar quiénes levantar las medidas cautelares y tomar las decisiones. Por si hubiera resquicio de duda redactan: "El alzamiento de cualesquiera medidas cautelares, incluidas las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, así como de las órdenes de detención, corresponderá al órgano judicial que, en cada momento, venga conociendo de la causa".

Y en este punto está la principal novedad porque se propone añadir que finalicen no sólo las medidas cautelares (como la orden de arresto que afecta a Puigdemont), sino la ejecución "de las penas principales o accesorias impuestas" lo cual, según las fuentes jurídicas consultadas en el alto tribunal, pretende hacer decaer la inhabilitación a Junqueras en el momento en el que la ley se publique en el BOE. Caso distinto, dicen, es que esto pueda realizarse.

Por último, se podrá aplicar la amnistía "en cualquier momento del juicio oral", no sólo en el tiempo de las conclusiones finales. Es decir, cualquier juicio que se produzca en los meses que entre en vigor la amnistía podrá suspenderse a la mitad sin necesidad de terminar el proceso.

En qué se desmarca Puigdemont

Por su parte, Junts ha presentado 12 enmiendas en solitario en la que proponen reformar hasta seis artículos distintos y añadir dos disposiciones adicionales nuevas. Sus modificaciones son sustanciales y, según fuentes del Gobierno, en ningún caso van a salir adelante. Ellos defienden que sólo quedará sobre el papel final lo que han pactado previamente.

Ampliar las fechas: La redacción actual proponía el perdón de los delitos vinculados al independentismo entre el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023. Ahora, quieren añadir un margen mayor hacia el pasado de forma que el contador comience el 1 de enero de 2011. Esta fecha no es baladí porque de esta forma quedaría incluido el proceso contra la familia de los Pujol en la Audiencia Nacional, como ha contado este medio, por ejemplo, o algunos flecos del Tribunal de Cuentas.

Incluir el 'lawfare': Aunque Junts no inserta el término anglosajón como tal, sí que añade una redacción velada en la que se refiere a esta persecución policial y judicial por motivos independentistas. Así, dice que la amnistía se extenderá a los actos atribuidos "en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito".

En la justificación de este párrafo, los secesionistas alegan que "la amnistía se aparta de su finalidad si deja fuera de su ámbito objetivo aquellos" que "según una determinada interpretación judicial" no tengan una vinculación directa o indirecta al denominado proceso independentista. De esta forma "se evita que el alcance de los efectos de la presente ley pueda verse limitado por interpretaciones judiciales que, en base a una concepción del interés general que difiere de la del legislador, excluyan, de forma incongruente con la finalidad de la ley".

Que la cuestión prejudicial no paralice la ley: A pesar de que el Derecho europeo dice que si un tribunal plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el asunto queda en suspenso hasta que se resuelva, los de Puigdemont puntualizan que en caso de la amnistía no sea así con toda la ley para que "no se desvirtúe el interés general que persigue, mediante el alzamiento de todas las medidas que impidan su eficacia". Añaden así que se podrían alzar todas estas restricciones de derechos incluso "cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial". Se busca blindar el regreso de Puigdemont aunque el Tribunal Supremo plantee sus dudas a Luxemburgo sobre la legalidad del perdón.

El partido apuntala esta idea con una disposición adicional nueva en la que reconocen que la jurisprudencia del TJUE habla de suspensión, pero añaden que esta pausa no debe afectar "a la vigencia y aplicabilidad general de la presente Ley Orgánica". Dicen que desde la presentación de la ley han revisado de forma "meticulosa" e incluso sometiéndola a "un intenso debate público y doctrinal" esta cuestión y que hay "sectores aparentemente mayoritarios del Poder Judicial" que quieren "agotar todas las vías necesarias para reducir al máximo su inmediata aplicación".

Por eso, reconocen que con la cuestión prejudicial pueda quedar en pausa el procedimiento concreto en el que se plantea la duda pero que no se extienda a una "inaplicación directa" de la norma porque esta vía es solo excepcional y su utilización en este caso sería "instrumental" no "ajena a los objetivos garantistas con los que ha sido concebida".

Borrar el terrorismo de la ley: Junts propone borrar directamente la exclusión que hablaba de no beneficiar los actos tipificados como delito de terrorismo. Lo reducen a una frase: "Los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea". De esta forma salvan a los investigados en 'Tsunami Democràtic' para que la Audiencia Nacional no pueda mantener esta causa activa o a los CDR. Dicen que es "evidente que no existiendo ninguna obligación conventual ni jurisprudencia que imponga excluir de una amnistía" estos delitos como el de tenencia de armas, tráfico de explosivo, etc. pueden no quedar al margen.

Lo disculpan en el "uso indebido que se hace del Código Penal y de los instrumentos del Estado para perseguir a los independentistas catalanes" y dicen que es conveniente retirar el terrorismo porque "es una realidad que, nada más hacerse público la Proposición de Ley de Amnistía se han reactivado procesos que se asumía estaban destinados al sobreseimiento", en clara referencia al impulso que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le ha dado a la causa de 'Tsunami' en la última mitad del año.

"Siempre hemos tenido como horizonte a la hora de trabajar en esta Ley las obligaciones internacionales y no encontramos ninguna que nos obligue a excluir del ámbito de aplicación de la Ley actos que no siendo terroristas están siendo presentados como tales", remachan los independentistas.

Tribunal de Cuentas: "Quedarán extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas de los actos descritos en el artículo 1.1. de esta Ley, incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas", refiere la nueva redacción del artículo 8 sobre la responsabilidad civil y contable.

Quieren recuperar el dinero: los de Puigdemont proponen asimismo eliminar directamente la frase que dice que los beneficiarios no tendrán derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa. Muchos de los líderes del 'procés' han tenido que entregar dinero a las arcas públicas después de haber sido condenados por malversación, así que lo que pretenden borrando este precepto es que la Administración les devuelva estas cuantías. La jusitificación, dicen, "mejora técnica".