El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sigue adelante con todo. El encargado de la investigación de 'Tsunami Democràtic' ha vuelto a tomar las riendas de la causa después de que la Sala de lo Penal archivara su recusación y ha apuntalado la tesis del terrorismo. No sólo existen mimbres para acusar al líder de Junts, Carles Puigdemont, de terrorismo, sino que además los indicios se han incrementado, según el último escrito que ha rubricado. El magistrado desestima así el recurso de la Fiscalía que le pedía que el asunto no fuera enviado al Tribunal Supremo y pone en un brete el futuro de la amnistía.

“La gravedad de los delitos que, en este momento se vislumbran, la clara afectación que estos tuvieron a los intereses generales, y a estructuras económicas esenciales del Estado, los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito, no solo exigen su esclarecimiento promoviendo la acción de la justicia, sino que además exige, en defensa de la legalidad", zanja García Castellón en un auto de este mismo jueves.

Las decisiones que ha tomado el juez son dos. Por un lado, desestimar el recurso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, (también investigada en esta causa) en el que pedía paralizar la comisión rogatoria a Suiza para que las autoridades de ese país comunicaran su paradero.

Además, se había dirigido a un banco helvético para que le trasladara información sobre las cuentas de ella, los préstamos, los cheques y los movimientos. En el foco de los investigadores está la sospecha de que el dinero con el que se financiaron las protestas de 2019 tras la sentencia del 'procés' llegó de suiza.

Por otro lado, García Castellón ha rechazado el recurso del fiscal Miguel Ángel Carballo que se ha enfrentado de forma evidente en este procedimiento contra el magistrado por no ver delitos de terrorismo y por considerar que el asunto debe instruirse en un juzgado ordinario de Cataluña.

El titular del Juzgado central de la Audiencia Nacional defiende que tras las últimas diligencias practicadas se ha afianzado la tesis que calificaba los delitos como terrorismo. Pone la diana en la documentación aportada por los Mossos d'Esquadra en relación al bloqueo del aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 que terminó con cientos de cancelaciones de vuelos y varios heridos.

Además, menciona el exhorto enviado al juzgado de L´Hopitalet de Llobregat que incoó diligencias a raíz del fallecimiento de una persona por los hechos de El Prat, así como los escritos de personación de varios policías nacionales como acusación particular y que resultaron lesionados en los incidentes.

El juez desprecia el argumento del fiscal que decía que cómo iba a remitirse el asunto al Supremo cuando él había recurrido inicialmente a la Sala de lo Penal que la investigación se quedara en la Audiencia Nacional. García Castellón lo invita a leerse la exposición razonada de más de cien folios que él remitió al alto tribunal “a los efectos que el recurrente pueda ilustrarse sobre los motivos de la misma, por lo que en ningún caso pueda admitirse, como se afirma en el recurso, que carece de fundamento”.

El togado se muestra muy duro con el Ministerio Público y dice que "debe reflexionar" el hecho de que insista en su impugnación al "órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, sobre  la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo”.

Esta férrea intención de seguir con el delito más grave complica los planes de la amnistía, especialmente, de cara a los ojos de Europa. El terrorismo es una de las líneas de actuación más claras contra las que la Unión Europea ordena combatir y la inclusión de este apartado en la ley del perdón de los independentistas genera dudas entre los juristas en lo que se refiere a pasar el filtro del Tribunal de Justicia de los Veintisiete.

Ya los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso advirtieron esta semana que incluir el terrorismo en la amnistía colisiona con la Justicia de la Unión que "no sólo requiere la tipificación de los delitos de terrorismo [...], sino que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para que se castigue la complicidad, la inducción y la tentativa". Así, lo dejaron negro sobre blanco: la exclusión del terrorismo en la amnistía "puede ser contraria al Derecho europeo".