La Fiscalía de Cataluña ha iniciado este lunes por primera vez una investigación sobre una rama de la denominada 'Operación Cataluña' que busca esclarecer el presunto espionaje a través de la actividad de la Policía en la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. En concreto, las pesquisas van dirigidas inicialmente a resolver si se siguió ilegalmente al jefe del Ministerio Público entonces en ese territorio Martín Rodríguez Sol.

En un decreto de este 22 de enero el fiscal superior catalán, Francisco Bañeres, pide que la Policía Judicial haga "las averiguaciones oportunas de cara a determinar la veracidad del documento" que indagó en la vida del fiscal. Solicitan, por tanto, los detalles a los medios de comunicación elDiario.es y La Vanguardia que publicaron esta información la pasada semana.

Se trata de posibles delitos contra la intimidad cometido por funcionario público y, en su caso, delito de prevaricación administrativa así como falsedad en documento oficial. "Todo ello sin perjuidico de otros delitos que pudieran relacionarse con los hechos descritos en este Decreto", dice la Fiscalía que deja la puerta abierta así a investigar toda la 'operación Cataluña'.

Asuntos Internos

El papel en cuestión tenía el membrete de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y se remitió supuestamente a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que lideraba Eugenio Pino. Sin embargo, la Fiscalía reseña que "nada se indica acerca de las concretas pesquisas o actuaciones que pudieran haberse realizado contra el entonces fiscal Superior de Cataluña, ni las fechas en que las mismas se hubiesen podido llevar a cabo".

Lo que se buscaba era resolver si existían vínculos entre Rodríguez Sol y el partido político Unió Democràtica de Catalunya (UCD) que estaba en coalición con la CDC de Pujol.

Por su parte, distintas fuentes policiales cercanas a Asuntos Internos niegan que esta nota se hiciera en el marco de una operación 'parapolicial' organizada a las órdenes del Ministerio del Interior y, de hecho, todas ellas rechazan siquiera haber conocido su contenido o haber tenido noticias sobre este fiscal. Algunas voces apuntan a El Independiente, incluso, que la nota tiene un membrete de esa Unidad que no se usaba en los informes de las fechas a las que se atribuye (entre 2012 y 2013).

En el papel no consta ni fecha ni número de funcionario responsable, así que este será uno de los primeros pasos que deba dar la investigación.

La Policía, por libre

"Hasta donde se alcanza a conocer", indica el decreto de Fiscalía, "dicha investigación de naturaleza preprocesal [...] jamás llegó a ser puesta en conocimiento de ningún órgano judicial ni del Ministerio Fiscal". En contra de lo que debería haber ocurrido porque estaban legalmente obligados, explican.

Bañeres se remite al artículo 20 del Real Decreto que rige a la Policía Judicial que ordena que cuando haya diligencias de investigación criminal con carácter previo a la apertura de una actuación judicial, los agentes deben actuar bajo la dependencia del Ministerio Fiscal. "A tal efecto, darán cuenta de sus investigaciones a la fiscalía correspondiente que, en cualquier momento, podrá hacerse cargo de la dirección de aquellas, en cuyo caso los miembros de la Policía Judicial actuarán bajo su dependencia directa y practicarán sin demora las diligencias que el fiscal les encomiende para la averiguación del delito", indica dicho artículo.

Según infiere ahora el Ministerio Público de las noticias publicadas "los agentes actuantes no habrían comunicado al Ministerio Fiscal ni su inicio, ni el curso que las actuaciones sugeridas pudieran haber seguido, todo ello con el indisimulado objetivo de desacreditar a la entonces máxima autoridad fiscal del territorio de esta Comunidad Autónoma" esgrimen.

Con todo, Bañeres solicita iniciar una investigación en la que se incorpore el documento de la Unidad de Asuntos Internos, los documentos de los medios de comunicación y que se comisione a la Policía para que identifiquen a los funcionarios que se encargaron del espionaje. "Deberá informarse de modo específico acerca de las actuaciones policiales a que el mismo hubiera dado lugar con relación a la persona del entonces Fiscal Superior de Cataluña, la autoridad policial que dirigió las pesquisas y la identidad de los funcionarios o autoridades a los que se comunicó los resultados de la investigación eventualmente practicada", reza la orden del Ministerio Público.