La tramitación de la ley de amnistía sigue su curso y este martes ha traído una nueva sorpresa: el PSOE ha acordado con Junts transaccionar dos enmiendas. Una que tiene que ver con el terrorismo y que supone deshacerse de cualquier lastre derivado del caso de 'Tsunami Democràtic' o de los CDR y otra que modificará la aplicación de las medidas cautelares que servirá para blindar la llegada de Carles Puigdemont y para que Oriol Junqueras pueda concurrir a las elecciones. La mayoría de diputados de la Comisión de Justicia ha votado únicamente a favor de aprobar estas dos modificaciones y ha rechazado todas las demás enmiendas. La ley puede sufrir aún algún cambio en el pleno, que se espera que se celebre la próxima semana.
La propia portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha anunciado en los pasillos del Congreso un acuerdo que tenía que ver con el terrorismo. En la enmienda transaccional, a la que ha tenido acceso El Independiente, se añade un párrafo al artículo que deja fuera los delitos de terrorismo y se elimina la necesidad de tener una sentencia firme. Es decir, la amnistía abarcará los delitos de terrorismo incluso con un fallo en firme.
La nueva redacción dice que quedan fuera: "Los actos tipificados como delito de terrorismo [...] siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el derecho internacional humanitario".
Cabe recordar que el líder del partido, Carles Puigdemont, está procesado por terrorismo en 'Tsunami Democràtic' en la Audiencia Nacional. Con este nuevo pacto la medida perdonará directamente los delitos del expresidente, incluso, aunque la investigación llegara al final y terminara en condena.
Blindar a Puigdemont y a Junqueras
A pesar de que los socialistas han insistido en que no tocarían la ley para tocar el terrorismo, finalmente no ha sido así. Este martes PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya y Podemos han acordado más cambios técnicos para "dar todavía más claridad y seguridad jurídica a un texto que ya era enormemente sólido", según han expresado fuentes del partido de Pedro Sánchez.
El otro retoque pactado modifica el artículo 4 de la ley que habla de los efectos sobre responsabilidad penal. En este caso se consigue blindar aún más el regreso de Puigdemont, una vez la norma esté en el BOE.
Se añade un nuevo párrafo que dice que "la suspensión del procedimiento penal por cualquier causa no impedirá el alzamiento de aquellas medidas cautelares que hubieren sido acordadas con anterioridad a la entrada en vigor en la presente ley".
Esto, traspuesto al mundo judicial, quiere decir que aunque el Tribunal Supremo o cualquier otro juez plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y esto paralice el procedimiento, las medidas cautelares del tipo órdenes de detención decaerán. Es decir, la amnistía puede quedar en pausa, pero Puigdemont podrá volver a España sin ser detenido.
"El órgano judicial que esté conociendo de la causa procederá a dar por finalizada la ejecución de todas las penas privativas de libertad, privativas de derechos y multa, que hubieran sido impuestas con el carácter de pena principal o de pena accesoria, y que tuvieran su origen en acciones u omisiones que hubieran sido amnistiadas", se lee en otro de los añadidos a la ley.
Este amuralla la situación del líder de ERC Oriol Junqueras, de forma que, en principio, podría presentarse a las elecciones. Con esta lectura el Ejecutivo pretende que los tribunales terminen con la condena de inhabilitación que pesa sobre uno de los dirigentes del procés.
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