El pacto al que llegaron este martes PSOE, Junts y el resto de socios del Gobierno para modificar la redacción de la amnistía sobre el terrorismo tiene ángulos ciegos que sólo se podrán alumbrar cuando el texto pase el filtro de los tribunales. Fuente jurídicas explican que con este nuevo escrito el Tribunal Supremo en el asunto de 'Tsunami Democràtic' y, muy especialmente, el juez Manuel García Castellón en el tema de los CDR tienen ahora margen de actuación para no abordar el perdón. Algo que saben bien (y temen bien) los independentistas que trabajan ya para dar las últimas pinceladas a la norma, según confirman fuentes de las formaciones.

Los socialistas aceptaron corregir el artículo 2 de la ley que habla sobre las exclusiones y decía que quedarían fuera de la amnistía los actos terroristas "siempre y cuando haya recaído sentencia firme". Fuentes de Junts señalan que esta redacción traía problemas de inconstitucionalidad y que ese ha sido el impulso principal para convencer a los socialistas del cambio. Algo que apoyan fuentes jurídicas: cómo va a ser constitucional que se perdonen una serie de delitos sin sentencia firme y otros no, dicen.

Además de que, tal y como advirtieron los Letrados del Congreso, esto podía traer problemas en Europa que puja de forma transparente por la persecución de los delitos terroristas hasta el final: investigación, procesamiento y sentencia. Con el texto sobre la sentencia firme "era más fácil que prosperara una objeción ante la Unión Europea porque se perdonen delitos de terrorismo sólo por no haber sido juzgados", señala una fuente de la cúpula judicial.

Este martes, la enmienda transaccional (que ha provocado una negociación matutina frenética para terminar siendo apoyada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya y Podemos) ha quedado redactada así: "Los actos tipificados como delitos de terrorismo" quedarán fuera de la amnistía "siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos".

Las voces jurídicas preguntadas parten de una premisa muy básica: ningún delito de terrorismo puede no atentar contra los derechos humanos. Es cierto que hay grados, apuntan, pero establecer que un delito que de por sí tiene un cariz tan grave no vulnere ciertos derechos es una contradicción en sí mismo.

Esta rendija amplía el margen de actuación judicial. Mientras que con la coletilla de la "sentencia firme" sendos casos, tanto el de 'Tsunami Democràtic' como el de CDR quedaban fuera, los retoques de este martes cambian el paso. Era materialmente imposible que estos dos asuntos fueran juzgados en la Audiencia Nacional, sentenciados, posteriormente llevados al Tribunal Supremo y sentenciados allí. Sería un plazo de varios años en los que, con mucha probabilidad, la ley de amnistía terminaría publicada en el BOE.

Los CDR y la Fiscalía

Fuentes del propio Ejecutivo reconocen que la actual redacción abre la puerta a la intervención de los jueces. "Si él [el juez] considera que es una violación grave estará fuera de la amnistía", señalan.

La Directiva Europea que cita la propia ley del perdón señala en la primera página que "los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión".

El juez García Castellón considera que en 'Tsunami Democràtic' se construyó una organización financiada desde el extranjero que, presuntamente, coordinaba actos violentos en Cataluña como respuesta a la sentencia del procés de 2019. Actos, que llegaron a paralizar el aeropuerto de El Prat y que, a su juicio, pusieron en grave peligro la Seguridad del Estado con la intención de internacionalizar el conflicto.

Pero, además, las fuentes jurídicas ponen el foco en los CDR donde el juez García Castellón no ve el terrorismo sólo, sino que incluso el Ministerio Público lo tiene claro. "La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los acusados se integraron en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo de personas de diferentes Comités en Defensa de la República (CDR), que habrían conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias", dice el escrito de acusación del fiscal Miguel Ángel Carballo.

Consideran que existió delito de pertenencia a organización terrorista, delito de tenencia, depósito así como fabricación de sustancias o aparatos explosivos o inflamables de carácter terrorista y delitos de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. La Fiscalía pide entre 8 y 27 años de cárcel para los CDR procesados. ¿Se puede considerar esto un delito grave?, se pregunta alguna fuente.

En el Gobierno insisten con que "antes se generaba inseguridad jurídica porque se amnistiaba a todo el mundo" y ahora se ha limitado. Y ese límite es, precisamente, el que puede dejar fuera de la condenación a los cabecillas de esta "célula radical" que quiso ocupar el Parlament de Cataluña.

Eliminar por completo el terrorismo

Los grupos independentistas no son ajenos a esta flaqueza de la amnistía. Las fuentes de Junts reconocen que este margen puede provocar que los jueces puedan seguir buscando resquicios para no aplicar su norma, aunque para ellos es un triunfo que el terrorismo haya quedado redactado en estos términos, dicen.

El partido de Carles Puigdemont todavía mantiene vivas algunas de sus enmiendas como una que pretende suprimir cualquier alusión al terrorismo, sea de la naturaleza que sea. Además, fuentes de la formación confirman que han acordado con ERC otra transaccional sobre los actos terroristas que pretenden llevar adelante. La propondrán ante el pleno del Congreso, previsto en principio para el día 30.

Su premisa es no dejar a nadie por el camino y por eso quieren una norma "de banda ancha". Temen, incluso, que pueda haber causas bajo secreto de sumario que se escapen de su conocimiento.