'Operación Deluxe': la delgada línea de la relación entre periodistas y policías

El caso bautizado 'operación Deluxe' se agota tras más de cinco años de investigación. Algunos de los periodistas más conocidos del corazón están a la espera de saber qué decide el titular del Juzgado de instrucción número 4 de Madrid. Prorrogar la investigación o no. Archivar el asunto o llevarlo a juicio. En juego hay mucho más que simples informaciones de cotilleo 'rosa': está la revisión sobre la delgada línea que separa el acceso a la información de los periodistas y su relación con las fuentes, de los delitos de revelación de secretos. Un total de 20 investigados y más de 40 perjudicados que completan la foto de la televisión española de la última década.

El informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que dio pie a la causa -- que inicialmente investigaba sólo al agente Ángel Jesús Fernández Hita y al periodista Gustavo González-- fue fechado en abril de 2018. Esta semana el juez ha convocado una vista para que todas las partes informen si conviene prorrogar la investigación aún más, según la documentación a la que tuvo acceso El Independiente.

González, el conocido paparazzi y colaborador de Sálvame, se convirtió en el centro de las pesquisas desde el principio junto a un policía de la Brigada Móvil de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid. Fernández Hita, retirado ahora retirado, se encargaba de consultar en las distintas bases de datos del Ministerio del Interior los antecedentes penales de los famosos, direcciones de sus casas, datos de filiación, si habían recibido denuncias o no.

Se los facilitaba a González, pero cuando la Policía incautó su móvil se hallaron cientos de conversaciones similares así que el número de implicados comenzó a escalar hasta que alcanzó, incluso, a la productora del programa. La Fábrica de la Tele ha terminado imputada como persona jurídica.

El juez Marcelino Semero le da prácticamente por finiquitada la instrucción desde hace más de un año, pero la amalgama de perjudicados que ha ido apareciendo y el sinfín de recursos presentados tanto a él como a la Audiencia Provincial han terminado por alargarlo todo.

El hijo de Rocío Jurado, José Fernando Ortega Mohedano; el cantante Omar Montes; la taorista Aramís Fuster; la cantante Isabel Pantoja y su hija Chabelita; la tenista Arantxa Sánchez Vicario; la concursante de reality Aida Nízar; el futbolista Miguel Torres; el jinete Álvaro Muñoz Escassi; el torero Francisco Rivera y hasta la hija de Patricia Botín, engrosan la lista de los agraviados.

Ahora el togado tendrá que volver a decidir si prorroga el caso --que lleva prácticamente año y medio parado sin que se practique ninguna diligencia nueva-- o si finaliza el asunto en el que una de las claves será el alcance de la libertad de información.

La Fábrica de la Tele dice que es un ajuste de cuentas

La Fábrica de la Tele ha pedido el archivo y, en el último escrito remitido al juzgado, señala que el procedimiento se ha convertido prácticamente en una vendetta de muchos de los personajes de los que se hablaba en 'Sálvame' para ir contra las informaciones que se difundían contra ellos en prime time.

"Este procedimiento [...] compromete el futuro personal y profesional de más de una docena de periodistas y donde algunas de las acusaciones particulares están empeñadas en convertirlo en un desagradable sainete, viene hace tiempo pidiendo a voces al menos en esta fase terminal de la instrucción, se aplique cierto orden", reza el escrito.

Señalan que la instrucción se ha convertido en el "particular ajuste de cuentas con una productora" de muchos personajes y que quieren evidenciar "sus malquerencias o sus animadversiones personales al margen de cualquier sentido jurídico". Para ellos, el hecho de que un determinado funcionario policial haya podido acceder indebidamente a sus registros y se los mandara al periodista "no constituye por sí sola causa para realizar imputaciones generalizadas". Hablan de "causa general contra el espacio televiso".

La Fiscalía ya rebajó a finales del pasado año el número de afectados cuando se llegó a hablar de más de 100. El Ministerio Público solicitó por escrito a los famosos que figuran como perjudicados que procedieran a "concretar datos e información relacionada con los ilícitos accesos a las bases de datos de acceso restringido y uso exclusivamente policial que fueron difundidos por los investigados, sin su consentimiento". Fuentes jurídicas señalan que no hay tanta diferencia entre exponer esta información en televisión o publicar fragmentos de sumarios judiciales como hacen a diario los periódicos.

El pago por información

Sobre el tablero está el delito de revelación de secretos que el policía pudo cometer extrayendo información confidencial por su acceso privilegiado a Interior, pero también otro delito de cohecho. Este se basaría en supuestos pagos al agente por parte de los periodistas, si bien el sumario deja poco rastro de cómo pudieron entregarse estas dádivas, más allá de algunas facturas de cenas puntuales.

La Policía ha tratado de probar que los participantes en el programa no obtenían la información de forma altruista, sino que detrás había alguna contraprestación. Han rastreado cuentas bancarias para acreditar esta tesis, así como las nóminas que Gustavo González percibía de sus intervenciones en 'Sálvame'. Pero el resultado ha sido escaso.

La Fábrica de la Tele se queja de que hayan citado a declarar a los Consejeros Delegados "cuando no hay ni el más mínimo rastro" de la existencia del cohecho ni de "una utilización ilegítima de los fondos de la entidad". Es obvio, dicen, que la empresa "no tenía ninguna participación ni control en la gestión cotidiana de todos y cada uno de los cinco programas que, con distinta periodicidad, ha llegado a mantener la productora simultáneamente en antena".

La posición que la Fiscalía tome en este asunto también será vital porque en juego hay dos viejos derechos enfrentados: el de la información y el de la intimidad. Dónde ubica el Código Penal la línea que separa el delito del derecho a la información.