En el último recodo de la tramitación de la proposición de ley de amnistía, otra complicación más. El Gobierno se encontró con un nuevo obstáculo, y difícil de remover, a escasos cinco días de que el Congreso apruebe el dictamen de la norma para enviarla al Senado. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sostuvo este jueves en un nuevo auto que no se puede descartar el "ánimo homicida" en las lesiones que sufrió un policía en una protesta de los CDR en 2019, cuando las calles de Barcelona estaban incendiadas por la sentencia del procés. El magistrado vincula la manifestación a Tsunami Democràtic, la causa que instruye y por la que quiere que el Supremo investigue por indicios de terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la número dos de ERC, Marta Rovira.

Con su resolución, García Castellón trataba de desmantelar el contenido de una de las dos enmiendas transaccionadas por el PSOE con ERC y Junts el pasado martes en la Comisión de Justicia del Congreso. Enmienda a la ley de amnistía que incluye en el paraguas de la medida de gracia los delitos de terrorismo siempre y cuando no se hubiera producido ninguna violación grave de derechos humanos —esto es, muerte tortura o trato degradante— de forma manifiesta y con intención directa. Con esa redacción, se pretendía que la amnistía cubriera tanto a Puigdemont como a Rovira, por la dificultad de probar tanto que los disturbios callejeros que vivió Cataluña en 2019 fueran actos terroristas como que los dos dirigentes independentistas tuvieran intención de causar muertes como la del ciudadano francés que falleció por un paro cardiaco en el aeropuerto de El Prat.

El juez García Castellón sostiene en su último auto que no se puede descartar el “ánimo homicida” en las lesiones que sufrió un policía en las protestas de 2019

El Gobierno defendió que esa formulación era más segura ante los seguros recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la anterior señalaba que solo eran amnistiables los delitos de terrorismo siempre que no hubiera sentencia firme. Es decir, que discriminaba los casos según el momento procesal, no según la gravedad de los hechos.

A la proposición de ley de amnistía le queda ya solo un paso en el Congreso antes de viajar hacia el Senado: el del pleno del próximo martes, 30 de enero. Entonces, los diputados deberán aceptar o rechazar las enmiendas que llegan vivas. Pero no cabe que el PSOE negocie una nueva redacción. El artículo 118.3 del reglamento de la Cámara baja impone que, para que el pleno pueda tramitar nuevas enmiendas transaccionales, ningún grupo parlamentario puede oponerse. Y es más que probable que PP y Vox rechacen los eventuales intentos del PSOE y de sus socios de introducir nuevos cambios en el texto. Por eso el margen para el Gobierno ya es muy estrecho: o acepta en su integridad las enmiendas que han dejado vivas para el pleno Junts y ERC o las tumba. O sí o no. No hay más alternativas.

El problema es que para el PSOE no es fácil comprar las enmiendas de los independentistas. La formación de Puigdemont mantiene vivas once de sus enmiendas iniciales y tres pactadas con el PNV y una más transaccionada con ERC. Los republicanos, por su parte, defenderán dos de sus propuestas más la que cerraron con los posconvergentes. Lo que buscan esas enmiendas es que se amnistíen, sin excepción, todas las acusaciones de terrorismo. Y Junts persigue asimismo que se extienda dos meses el plazo de aplicación de la ley, desde el 1 de noviembre de 2011, para que así queden bajo su cobertura las causas que afectan al personal de la Conselleria de Exteriores catalana que están en las manos del Tribunal de Cuentas.

La ley tiene ya muchísimas vueltas de los juristas y no podemos estar pendientes de lo que diga un juez que cambia de versión conforme cambia la proposición”, apuntan en Ferraz

El Ejecutivo, hasta el último movimiento de García Castellón, aseguraba que el texto ya quedaba cerrado, que el que iría al BOE, una vez finalizada toda la tramitación, sería el que visó la Comisión de Justicia. Que no habría más cambios. Pero el auto del juez pilló por sorpresa a la cúpula de Pedro Sánchez y ya nadie se atreve a hacer afirmaciones categóricas.

Fuentes de Ferraz indicaron a este diario que no hay previsión de aceptar las enmiendas de ERC y Junts. "La ley tiene ya muchísimas vueltas de los juristas y no podemos estar pendientes de lo que diga un juez que cambia de versión conforme cambia la proposición de ley. Lo que diga García Castellón no es ley. La ley se hace en el Congreso. Él puede tener una opinión, pero que tenga base y prospere es otro mundo. Lo que dice en sus autos tendrá que demostrarlo, y no parece fácil", apuntaron.

Enmiendas vivas sobre la ley de amnistía que llegan al pleno del CongresoDescarga

El propio ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya señalaba el miércoles que si se había introducido la distinción entre terrorismo leve (amnistiable) y grave (no amnistiable) era porque no se puede equiparar la violencia del procés con el terrorismo de ETA. "Seamos serios, ¿de verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía", insistió.

El Ejecutivo defiende los últimos cambios incidiendo en que no es comparable el terrorismo de ETA al ‘procés’ separatista

Ahora el Gobierno tiene por delante mantener sus palabras y su última línea roja o bien optar por desplazarla de nuevo, aceptando que se amnistíen todos los delitos de terrorismo para privar así al juez de margen de interpretación. La segunda opción le acarrearía un nuevo desgaste y se trataría de una nueva concesión a los independentistas. El martes, en cualquier caso, la proposición, una vez aprobada por el Congreso —y la votación de conjunto requiere de mayoría absoluta, 176 síes—, caminará hacia el Senado, Cámara en la que el PP utilizará su mayoría absoluta para ralentizar la tramitación y estirarla hasta el máximo que le permite la Constitución, dos meses.

García Castellón va con todo

Un día después de que el Congreso aprobara la nueva redacción de la amnistía sobre el terrorismo, el juez García Castellón dejó un recado en uno de sus escritos: Tsunami Democràtic pudo atentar contra los derechos humanos. Precisamente, este es el requisito que pide la última redacción de la ley para no entrar en el perdón, lo que traducido quiere decir que bajo esta interpretación Puigdemont y otra decena de investigados seguirán investigados.

El magistrado aduce que Puigdemont asumió que podía haber muertos y su “capacidad” para “frenar esta posibilidad”

El magistrado de la Audiencia Nacional apuntala su tesis en dos pilares: que dice que el expresident asumió que podía haber muertos y que los manifestantes que atacaron con violencia pudieron vulnerar el artículo 2 (sobre la integridad física) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. "Bajo la cobertura de una huelga se produjeron alteraciones graves de la paz social y del orden político", recuerda el togado y señala mensajes de la plataforma como "hoy bloqueamos el país para recordar una solución y ejercer nuestros derechos y libertades". La jornada se saldó con más de 80 policías heridos, menciona igualmente.

Refleja una conversación entre el empresario Josep Campmajó y Puigdemont en la que el primero dice: "O tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas". En otra, el líder de Junts señala: "El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos". Para el juez, "Puigdemont parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales, y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad".

El instructor expone que el agente hospitalizado fue, incluso, visitado por el presidente del Gobierno en funciones en aquel momento, Pedro Sánchez, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Es por ello que no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el art. 15 de la CE [Constitución Española], y el art. 2 del CEDH [Convenio Europeo de Derechos Humanos], y del que podrían ser partícipes los investigados", remacha en una frase que sentencia de muerte a la amnistía por el terrorismo.

Cita a declarar a dos policías

El juez, además, ha acordado citar a declarar como perjudicados en la causa a los dos agentes de policía que sufrieron heridas de gravedad en los incidentes ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, tras conocerse la sentencia del procés. La fecha está a la espera del cierre de su agenda.

Todavía no se ha tomado declaración a ninguno de los más de diez investigados, si bien fuentes jurídicas explican que el resto está a la espera de que el Tribunal Supremo decida si se queda con la competencia del asunto. García Castellón remitió una exposición razonada para que fueran los togados del alto tribunal los que decidieran si había visos para investigar al expresident Puigdemont y, por su aforamiento, el asunto viajaba a ese órgano.

Todavía no se ha tomado declaración a ninguno de los más de diez investigados, aunque el Supremo debe decidir si se queda con la competencia del caso

Los policías, defendidos por el despacho Fuster-Fabra, señalan que, tras horas de "hostilidades", "un grupo de personas encapuchadas y embozadas" que "usando técnicas de combate similares al terrorismo callejero practicado en comunidades autónomas como el País Vasco, comenzaron a lanzar [...] todo tipo de objetos contundentes con una indudable capacidad lesiva, incluyendo botellas y latas en cuyo interior había líquido corrosivo".

La petición de declaración había partido de ellos. Uno de los dos agentes fue alcanzado en su mano derecha por el impacto de una botella rota que le hizo caer al suelo, según sostiene su defensa.

Ese mismo día, pero horas más tarde, sobre las 20.00 horas, ese mismo agente se encontraba en la plaza de Urquinaona junto a otros compañeros parapetados "ante la imposibilidad de avance por la intensidad de los ataques, de estilo terrorismo urbano o kale borroka, que estaban sufriendo con adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje". Fue entonces cuando recibió otro impacto que le golpeó el casco, cayendo al suelo y perdiendo el conocimiento.

El segundo de ellos estuvo en la misma plaza y recibió otro golpe que le provocó una fractura en el radio de su brazo derecho con desplazamiento. "Tras varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía", tuvo que jubilarse con 45 años.