El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que este miércoles tomó posesión de su cargo ha respondido esta mañana al Senado que el Consejo Fiscal (órgano asesor) no puede emitir informe sobre la amnistía como se le había requerido. "No está legalmente prevista, por el contrario, su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento", reza el escrito.
García Ortiz refiere distintas sentencias del Tribunal Constitucional que hablan del "distinto tratamiento que merecen los proyectos de ley y las proposiciones de ley en relación con las funciones consultivas del Consejo Fiscal y el Consejo del Poder Judicial". El presidente de la cámara baja, Pedro Rollán, había solicitado tanto a la Fiscalía como el Poder Judicial un informe sobre el texto de la amnistía.
Al jefe del Ministerio Público le remitió una carta el pasado 7 de diciembre y otra el 23 de enero. "Debo informarle, asimismo, del obstáculo legal que supone el propio precepto alegado por la Mesa del Senado pues el artículo 14 del Estatuto del Ministerio Fiscal prevé la intervención del Consejo Fiscal --órgano del Ministerio Fiscal conformado por representantes de las tres asociaciones de fiscales-- para informar proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público", ha contestado en la misiva Ortiz.
Esto quiere decir, ha explicado, que como la materia del objeto de la proposición de ley de la amnistía no afecta ni a la estructura, ni a la organización ni alas funciones del Ministerio Fiscal ellos no pueden contestar. "Lamento comunicarle la inviabilidad de la solicitud formulada".
Elaborar ese informe supondría "alterar el normal funcionamiento de nuestra instutución, invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones", alega García Ortiz porque, según él, será cuando entre en vigor la norma cuando deban posicionarse sobre la aplicación y cualquier cuestión prejudicial o de inconstuticonalidad que se plantee.
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Qué miedo hay a la realización de informes consultivos (no vinculantes) de una ley impecable y plenamente constitucional?
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