El juez Joaquín Aguirre, instructor del 'caso Voloh' que indaga en la trama rusa relacionada con el procés, dio este lunes una entrevista en la televisión alemana. En su intervención habló sobre cómo Rusia trató de desestabilizar Europa entre 2017 y 2019 apoyando al independentismo catalán. El abogado Gonzalo Boye -letrado de cabecera de Junts y defensor de varios de los imputados en esa causa- ha presentado ya un recurso para rechazar la prórroga de la investigación que el magistrado ha acordado y para anticiparle que después de la entrevista tendrá que abstenerse del procedimiento.
"La influencia directa de Rusia en la independencia de Cataluña, apoyando el proceso de independencia con la finalidad de que Rusia desestabilizara, primero la democracia española y abriendo la puerta a Rusia a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental", expresó el juez Aguirre en unas declaraciones al informativo 'Tagesschau' que emite un consorcio de televisiones públicas alemanas.
El programa, en su página web, ha publicado un reportaje titulado '¿La puerta trasera Europea de Putin?' en el que se hacen eco de las pesquisas señalando que existieron "estrechos contactos de separatistas catalanes en Moscú, pero también con la extrema derecha en Alemania e Italia". Este reportaje muestra a Cataluña como "criptoblanco de Putin" y dice que el 10 de marzo de 2018, según unas conversaciones, "los separatistas recibirían 56 bitcoin", es decir, una cantidad de unos 452.000 euros. "El chat no deja claro de dónde se supone que provienen exactamente estas sumas", señala la noticia.
La televisión de Berlín da credibilidad a las diligencias del juez Aguirre que aparece sentado en el despacho de su juzgado. Desde allí, desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, avaló ayer prorrogar el 'caso Voloh' haciendo una vinculación directa entre líderes separatistas y altas esferas del Kremlin.
Un hecho que no es menor porque pone en jaque la amnistía al abrir la puerta a que los imputados puedan ser procesados por un delito del Código Penal (el 592) que castiga la traición y deslealtad de los grupos que "mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros" en contra de España. Un apartado que se ha excluido específicamente de la norma del perdón y que podría complicar la condonación de los delitos a más de una decena de independentistas.
Boye contesta
Por su parte, el letrado Boye en representación de Josep Lluís Alay (uno de los principales investigados vinculado directamente en los viajes a Rusia) ha presentado un recurso en otra de las ramificaciones de este caso señalando que es imposible prorrogar la instrucción cuando ya en abril de 2023 había dictado un escrito por el que terminaba la causa. "Casi un año después y con sospechosa coincidencia con otras resoluciones de este Juzgado, se acuerda prorrogar la instrucción de una pieza separada que se encuentra ya en fase intermedia", dice el escrito al que ha tenido acceso El Independiente y que se refiere a una escisión de las pesquisas sobre las relaciones de Alay con un mosso d'Esquadra.
El abogado aprovecha este escrito para ser especialmente crítico con las declaraciones públicas que Aguirre ha realizado en las cámaras de otro país. "Ahora que el titular de este Juzgado se dedica a dar entrevistas en la televisión alemana sobre el presente procedimiento, creemos que resulta más útil transcribir la norma de referencia a dicho idioma para facilitar tanto al Juzgado como a los medios alemanes la desviación que presenta prorrogar una instrucción que finalizó", dice Boye copiando en su escrito varios artículos del Código Penal en alemán.
El abogado del expresidente Carles Puigdemont le anuncia, además, que "ante lo inaudito que resulta que un juez conceda entrevistas y que hable, sin tapujos, sobre un caso del que está conociendo" va a proceder a recusarlo porque considera que debe apartarse del caso.
"Es posible que la confusión provenga de los compromisos mediáticos que tenga el titular de este Juzgado que le hayan llevado a adentrarse en el dictado de esta y otras resoluciones que poco o ningún apego a la legalidad tienen", firma Boye.
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