Junts quiere estirar la ley de amnistía hasta que cubra cada recoveco en las causas que, por cierto está contabilizando la Fiscalía y se esperan varios cientos, que afectan al procés. Por eso, a pesar de que la norma partió de su empeño y de que beneficia a los políticos de su formación han dejado caer parcialmente el texto en el Congreso para ganar tiempo y poder introducir el terrorismo y la traición al Estado dentro de los delitos del perdón. El problema: el PSOE teme que esto complique el filtro tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo.

Terrorismo antes del pacto

El texto original que presentó el PSOE solo en el Congreso el pasado 13 de noviembre dejaba el terrorismo en el apartado de las exclusiones pero con una salvedad. Señalaba: "Los actos tipificados como delitos de terrorismo [...] siempre y cuando haya recaído sentencia firme". Esta redacción era algo tramposa porque aunque los socialistas se vanagloriaban de que habían dejado este delito tan grave fuera del perdón, la realidad es que causas como CDR o 'Tsunami Democràtic' en las que hay investigados o procesados por terrorismo iban a quedar en papel mojado porque ninguna tiene sentencia firme.

Sin embargo, fuentes jurídicas y parlamentarias explicaron que esto era a todas luces inconstitucional. No podía ser que los delitos no se investigaran hasta el final, dicen. Chocaba directamente con la Justicia de la Unión que "no sólo requiere la tipificación de los delitos de terrorismo [...], sino que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para que se castigue la complicidad, la inducción y la tentativa", advirtieron incluso los letrados del Congreso.

Además, tenía la doble lectura que era la que más temían los independentistas que es que un juez dijera que había que esperar pues con este delito a saber si había sentencia firme para decidir si se amnistiaba o no.

Terrorismo después del pacto

Con todas estas dudas, cuando la ley viajó a la Comisión de Justicia, Junts arrancó a los socialistas un cambio en este artículo. A pesar de que el grupo de Pedro Sánchez había prometido que el terrorismo no se tocaba.

La redacción quedó entonces de esta forma: "Los actos tipificados como delitos de terrorismo [...] siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario".

Pero esto trajo un nuevo problema para los de Puigdemont. Como contó este medio, el texto dejaba mayor margen de interpretación a los jueces porque las fuentes jurídicas consultadas señalaban que es difícil conjugar un delito de terrorismo que no choque contra los derechos humanos.

Fue poco tiempo el que tardó el juez Manuel García Castellón en manifestarse aprovechando la contestación de un recurso en la Audiencia Nacional para citar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bajo su óptica, lo que hizo 'Tsunami Democràtic' "no puede minimizarse" porque causó un "resultado grave" "incompatible con el derecho a la vida e integridad física". El hecho de que el instructor lo vea así dificulta que esa causa sea amnistiada por lo que tanto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como la secretaria de ERC Marta Rovira así como una decena de investigados quedarían fuera de la medida que condona todas sus deudas con la Justicia.


Qué quiere ahora Junts

Con ese escenario, lo que Junts pide es introducir de forma absoluta el terrorismo en la ley. Es decir, tachar por completo el párrafo que se encuentra en el apartado de "exclusiones". Que el terrorismo también sea perdonado, que cualquier delito de cualquier tipo y sea lo grave que sea que tuviera relación con el procés quede fuera de los márgenes de los tribunales.

Para los socialistas esta premisa no es asumible porque significa estirar la legalidad sobre los márgenes de la inconstitucionalidad. Creen que si la ley llega así redactada al Tribunal Constitucional, el órgano podría tumbar toda la medida o, lo que es peor, que la Justicia Europea lo haga. Son conscientes de que la Directiva Europea que cita la propia ley del perdón expone en la primera página que "los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión".

Fuentes del partido independentista explican que no hay ninguna norma comunitaria que prohíba amnistiar delitos de terrorismo y que tampoco existe jurisprudencia a ese respecto. Además, opinan que el hecho de que en amnistías anteriores como la de 1977 se perdonaran los delitos de terrorismo y que esa norma pasara el filtro del Constitucional ya es el aval suficiente. Otras fuentes jurídicas creen que, sin embargo, no es comparable porque entonces la ley se redactó cuando la Carta Magna no existía y que se presupone que sobre ese texto medular se construyen sociedades en las que no debe hurtar a los jueces la posibilidad de hacer Justicia.

Delito de traición

Algo parecido ocurre con el delito de alta traición. En el apartado de exclusiones de la ley se expone: "Los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa". Esta redacción no ha sufrido retoques en el recorrido parlamentario de la norma, sin embargo, Junts también proponía derruir el artículo completo.

Temían lo que, a la postre, ha terminado sucediendo, que algún juez amarrara alguna causa por este asunto. Esta semana, el magistrado Joaquín Aguirre ha prorrogado la investigación de la trama rusa vinculada a miembros del procés. En su escrito, el togado refleja "estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos".

Aunque el juez no lo apunta, en su escrito abre la posibilidad a que un nuevo delito del Código Penal alcance a la decena de personas que están bajo el foco de estas pesquisas en el Juzgado número 1 de Barcelona. Se trata del artículo 592 del texto punitivo: "Serán castigados con pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus gentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras".

Qué quiere ahora Junts

Junts quiere, por tanto, eliminar totalmente esta delimitación del texto y hacer que en la amnistía entre también los delitos sobre la traición al Estado. Esto supone borrar todavía más los márgenes rojos de la ley y es algo que las fuentes socialistas de nuevo acogen con todas las cautelas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo expresó ayer que la ley era como una "matrioska rusa", haciendo una comparación peculiar con las noticias de las injerencias rusas de los últimos días. "Se añadirán las capas que haga falta pero ya la matrioska ha entrado en el Congreso", añadió. Ahora comienza la cuenta atrás de nuevo para un mes en el que se decidirá cuántas capas más se ponen sobre la medida.