La trama rusa del 'procés' que pone en jaque la ley de amnistía

El sumario del 'caso Voloh' está plagado de nombres propios que podrían quedar fuera de la ley de amnistía tal y como el juez Joaquín Aguirre está delimitando la causa. La investigación de 'Tsunami Democràtic' de la Audiencia Nacional, que también ha puesto en un brete el perdón, se alimentó, precisamente, de las pesquisas que la Guardia Civil realizó en 'Voloh'. Una parte de las diligencias terminaron viajando a la mesa del juez Manuel García Castellón, las relacionadas con los disturbios violentos de 2019. Pero este lunes entró en juego un nuevo ángulo ciego que el Gobierno había dejado fuera de la norma: la trama rusa del procés.

Un complicado entramado por el que líderes independentistas buscaron presuntamente la ayuda del Kremlin para financiarse y declarar la independencia. Durante los meses posteriores al 1-0 se comenzaron a publicar las primeras informaciones sobre la mano de Rusia, pero el entorno independentista las negaba e, incluso, las ridiculizaba. Años después, diferentes investigaciones periodísticas y la causa que lidera el juez Aguirre se han colmado de evidencias que muestran viajes a Moscú y contactos con capos cercanos a Vladímir Putin.

Víctor Terradellas

El exresponsable de Relaciones Internacionales de Convergencia y asesor del expresidente Carles Puigdemont durante el 1-0 está imputado y ha sido uno de los testimonios claves del caso. El juez divide en dos los contactos con Rusia, de forma que en la primera etapa Terradellas era la pieza fundamental hasta que quedó tocado tras su detención en el marco de la 'Operación Estela' y entonces el punto de conexión pasó a ser Josep Lluís Alay.

Su declaración ante Aguirre (el 20 de mayo de 2022) fue muy ilustrativa porque reconoció que había viajado dos veces a Moscú. La última sostuvo que fue en septiembre de 2018, meses después de una conversación que se le incautó en su teléfono móvil en la que dijo que visitaría al FSB (los servicios secretos de Rusia). La instrucción ha acreditado que se trasladó en esa fecha a la capital rusa para entrevistar con Nicolay Sadovnikov, el exdiplomático asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la misma persona que se entrevistó con Puigdemont en octubre del 2017 en su residencia oficial.

En una conversación de más de 40 minutos con el empresario Xavier Vendrell (considerado miembro del 'Estado Mayor' que ayudó al Govern a organizar el referéndum), Terradellas afirma que en los momentos más tensos de 2017, Rusia ofreció 10.000 soldados y a pagar la deuda catalana si Cataluña reconocía a Crimea. En esta charla (que tuvo lugar en mayo de 2018 y que grabó a espaldas de Vendrell) esgrimió que al expresident le dio miedo: "Se cagó (...) dice que no quiere ser responsable de que maten a gente" y no quiere ser responsable".

Josep Lluís Alay

Historiador que comparte abogado con el expresident Puigdemont. En la causa hay decenas de conversaciones entre él y Gonzalo Boye. El juez este lunes apuntó que consta acreditado en los mensajes entre ambos "de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin ya que se refieren a la necesidad de que Puigdemont no critique la labor de Putin respecto al disidente Navalny y que tampoco critique al presidente de Bielorrusia".

Sobre ellos también existen viajes para entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa como Zakhar Kalashov, Vasily Khristoforov y Koba Shermazashivili. El juez ubica, incluso a Evegny Primakov en esos encuentros, un político relevante, de peso en el Ejecutivo de Putin.

En una investigación de The New York Times en septiembre de 2021 el propio Alay reconoció que se había trasladado al país aunque dijo que no se trataba de buscar apoyos para el independentismo, que eso era "una historia fantasiosa creada por Madrid", sino para reforzar los vínculos entre extranjeros y periodistas. La información, sin embargo, sostenía en base a informes de inteligencia que Alay se había reunido allí con funcionarios rusos, agentes de inteligencia y con el nieto de un espía de la KGB (antiguo servicio secreto de la Unión Soviética) con el objetivo de que el país ayudara a la separación de Cataluña del resto de España.

Además, esta investigación reveló que solo tres días después de que 'Tsunami Democràtic' bloqueara el aeropuerto de El Prat de Barcelona, Alay se reunió en un restaurante de la ciudad condal con Sergei Sumin (coronel del Servicio Federal de Protección de una agencia que supervisa la seguridad de Putin) y Artyom Lukoyanov (hijo adoptivo de un alto consejero de Putin), "profundamente involucrado en los esfuerzos rusos de apoyo a los separatistas de Ucrania oriental".

David Madí

Uno de los empresarios que forma parte del plantel de investigados y que confesó ante el juez que Rusia estaba interesada en apoyar al independentismo para que la futura república catalana aprobara una legislación favorable a las criptomonedas.

Aguirre remarca un documento que se intervino a Terradella en su casa en el que aparece manuscrito en los márgenes la palabra "Putin" con la palabra "financiación". Hay anotaciones como "Unificar bitcoin", "máquina", "Estado protector", "legislación adecuada al nuevo modelo económico", etc.

Madí, además de haber sido detenido en el 'caso Voloh', ha sido condenado a 14 meses de prisión por el 'caso Triacom', un entramado de facturas falsas para defraudar a Hacienda simuland o encargos de TV3.

Jordi Sardà Bonvehí

Un implicado en una presunta estafa con venta de gas de Ucrania y la persona que, según el sumario, puso en contacto a los emisarios rusos con Carles Puigdemont. En una conversación de mayo de 2018 con Terradellas se compromete a acudir a la sede de los espías de Moscú (FSB).

Alexander Dmitrenko

Un empresario ruso afincado en Cataluña que el juez relaciona con Alay porque fue la persona que, supuestamente, viajó a Rusia con él. El CNI investigó sus relaciones con el Kremlin.

Su actuación buscaba crear una estructura bancaria en el extranjero que permitiera inyectar fondos a los independentistas y, para ello, se reunió con Puigdemont y con otro financiero ruso (Yuri Emelin) en Ginebra, Suiza, en 2019 cuando el líder de Junts ya vivía allí.

En una entrevista que dio en 2022 a El País, señala que las informaciones que le ponen de espía son "un chiste que me halaga" y que él es simplemente "un empresario al que le apasiona la negociación, pero también la política". Dice que se dedica a la compraventa de yates, que tiene una consultoría, aunque reconoce que ha trabajado como asesor para la Fiscalía rusa.

Nikolay Sadovnikov

Es un antiguo diplomático ruso, supuestamente facilitador del acercamiento de Rusia con el procés. Según otra investigación periodística los servicios de inteligencia de Francia lo ubican como elemento clave en las operaciones de desestabilización orquestadas por el Kremlin.

El 26 de octubre de 2017, un día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DIU), se reunió con Elsa Artadi y con Víctor Terradellas en la vivienda oficial del presidente de la Generalitat, en la Casa dels Canonges de Barcelona.

La propia Artadi lo confesó ante el juez, si bien dijo que en ese encuentro hubo dos personas más "cuyos nombres dijo desconocer". Es ahí donde los emisarios rusos ofrecen ayuda económica y militar a Cataluña, según el sumario, ofrecieron 10.000 soldados rusos si era necesario a cambio de una legislación favorable para el negocio de las criptomonedas. Además, el magistrado Aguirre cita otra reunión en el Hotel Colón de Barcelona para hablar de bitcoins los días 20 y 24 de octubre de ese 2017.

Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov y Koba Shermazashivili

Son altos capos de la mafia rusa a los que el juez sitúa en las reuniones de Rusia a las que acudieron Alay y Boye. Para Aguirre no hay duda de que han existido "estrechas relaciones" entre los investigados con "individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos".

El juez dice: “Si los contactos entre el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017 puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Terradellas y Alay y por encima de ellos que permitiría tales contactos entre dirigentes de Convergencia Democrática de Catalunya ahora Junts per Cat y el Kremlin”.

Sin citarlo, el instructor apuntala artículos del Código Penal que quedan expresamente fuera del ámbito de actuación de la ley de amnistía porque suponen traición y deslealtad al Estado al haber contactado con miembros en activo de otros Gobiernos para participar en el movimiento secesionista. Esto supone un tiro directo al corazón de la ley que Junts y ERC pretenden emplear para borrar cualquier delito del procés durante la última década.