La titular del juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha dividido en dos el 'caso Mediador' dejando por un lado la actividad de los empresarios canarios con el exdiputado del PSOE Bernardo Fuentes Curbelo ('Tito Berni') y, por el otro, la acción del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, a quien va a citar de nuevo a declarar. Además, la magistrada Mª de los Ángeles de Lorenzo ha requerido a la Fiscalía Europea que aporte detalles sobre la relación del agente con otro miembro de la trama.

En un escrito del pasado 24 de enero, que avanza El Independiente, la juez se hace eco de la petición del Ministerio Público que considera que para que el caso, que se inició en 2022, se agilice es necesario desgajarlo. De un lado deja a Antonio Navarro Tacoronte, el conocido como 'Mediador' y Antonio Bautista, un empresario que se dedicaba a las energías renovables y quería probar suerte en el archipiélago canario obteniendo los beneficios económicos de la Administración pública.

Junto a estos dos, la instrucción ubica al general Espinosa Navas a quien el 'Mediador' recurrió, según unas conversaciones de agosto de 2020, para tejer sus influencias en Gran Canaria, donde el guardia civil había ejercido el mando de la comandancia. En septiembre de ese año los tres tuvieron varios encuentros que la magistrada describe en restaurantes donde el empresario Bautista Prado "agasajaba a los otros dos investigados y mediante los cuales pretendía lograr un clima de acercamiento y confianza". Así surgieron los negocios que ahora están bajo el foco y que, según la magistrada, traspasaron las fronteras españolas aprovechando que el miembro de la Benemérita tenía determinados proyectos internacionales en África.

La magistrada describe que a partir de ese momento, bien directamente o bien a través del 'Mediador', Espinosa Navas "siendo consciente de la importancia de las responsabilidades públicas que ostentaba y el impacto que ello había generado en el empresario Antonio Bautista, comenzó a exigir determinadas contraprestaciones de significación económica [...] que el empresario atendió para conseguir acceder a las relaciones del General". Para la togada, el Guardia Civil actuó sabiendo que lo hacía desde un cargo público y, por eso, considera que debe analizarse este cohecho en una nueva causa.

Entre las dádivas, el escrito cuenta cómo el general pidió que fuera contratada su compañera sentimental por un sueldo mensual de unos 3.000 euros; cómo Bautista Prado sufragó un viaje a Fuerteventura; cómo se trasladaban a Madrid, etc. Además, dice que Espinosa Navas exigió tener una vinculación con las actividades del empresario que se iniciaría en el instante que él se jubilara de la Guardia Civil.

"El volumen de la causa se ha multiplicado desde el primer instante de la investigación, convirtiendo la instrucción en compleja con numerosos investigados y respecto de hechos algunos de los cuales no guardan relación entre sí", indica la juez. Por eso, disecciona el caso para indagar en la relación del 'Mediador' y el general en unas nuevas diligencias y dejar el grueso de las pesquisas hasta ahora en el caso principal. En él, se investiga a Fuentes Curbelo; a su sobrino y exdirector general de Ganadería de Canarias Taishet Fuentes; varios abogados que presuntamente falsificaban facturas como Miguel Ángel Robayna; o distintos empresarios de queserías o empresas que pagaban a cambio de tratos de favor, ayudas o evasión de problemas.

La magistrada cita el próximo 28 de febrero en la nueva causa tanto a Antonio Bautista como a Espinosa Navas, que salió de prisión provisional el pasado mes de mayo, para declarar por los supuestos sobornos. Así, se apuntala la teoría que tanto 'Tito Berni' como el guardia civil dieron en sede judicial y es que ambos no se conocían entre sí. El vínculo que conecta todo el caso es el personaje de Navarro Tacoronte que hacía negocios de un lado y del otro, como él mismo ha reconocido.

Solicitud a la Fiscalía Europea

Por otro lado, la juez quiere que la Fiscalía Europea --que desde el pasado mes de abril lleva todo lo relacionado con fondos europeos-- le envíe el volcado del móvil de unos de los últimos detenidos. Se trata de Escudero Díaz-Madroñero, un corredor de seguros que la Guardia Civil arrestó en julio y que, según fuentes jurídicas, fue la persona que presentó a Espinosa Navas con otro de los empresarios imputados en el caso, José Santiago Suárez Estevez, más conocido como 'el drones'.

Los Servicios de Asuntos Internos de la Benemérita (SAI) realizaron el clonado de su teléfono y creen que el terminal "ha aflorado la existencia de múltiples datos e informaciones que evidencian el rol fundamental" de este corredor de seguros entre las relaciones de 'el drones' y Espinosa Navas.

La Fiscalía Europea tiene bajo el foco cuatro contratos públicos relativos al Proyecto GAR-SI Sahel, que fue financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAPP). Estos proyectos los dirigía el general de división y algunos de los contratos que se hicieron para África recayeron en 'el drones' por lo que se trata de determinar si lo que tenía que ser un concurso público, en realidad, se amañó.

La magistrada cree que ambas investigaciones (la de Tenerife y la de la Fiscalía Europea) están conectadas y quiere que los fiscales con sede en Luxemburgo aporten el material recabado allí para probar otros delitos en el Juzgado de Canarias. "No se trata de una petición prospectiva, injustificada e inconexa sino que la matriz de la investigación de la Fiscalía Europea se encuentra aquí, es más, se forma con una investigación que se inicia y desarrolla en este Juzgado de instrucción número 4", dice otro escrito de la togada.

Por eso, justifica que se deban incorporar los procedimientos, si bien algunas fuentes jurídicas tienen serias dudas de que un procedimiento termine pisando al otro. El asunto de la competencia es siempre uno de los principales problemas de la Fiscalía Europea que se implantó en España hace escasos años.

"Autorizar que por los agentes adscritos al SAI se recabe de la Fiscalía Europea el resultado y contenido del análisis efectuado del dispositivo de telefonía móvil incautado a Alfredo Escudero", señala la magistrada que pretende esclarecer aquí delitos de prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad, estafa y delitos del ámbito de la corrupción ampliado a delitos cometidos por funcionarios públicos.