El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adoptado por unanimidad un acuerdo en el pleno de este lunes en el que rechazan las manifestaciones de políticos contra jueces. En un texto más descafeinado de lo que habían pretendido los conservadores, los vocales vuelven a salir en defensa de la carrera, después de que en los últimos meses hayan remitido varios comunicados para reprobar que los políticos señalen a magistrados con nombres y apellidos durante la tramitación de la amnistía.

En la declaración publicada los vocales tanto conservadores como progresistas expresan que aunque las manifestaciones realizadas por diputados y diputadas "se encuentren especialmente protegidas por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación".

Dicen que teniendo en cuenta que el debate social se ha instalado en los términos del 'lawfare' contra miembros del Poder Judicial, deben rechazar con "firmeza" el comportamiento de determinados miembros del Poder Legislativo. "Debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial".

De nuevo, los vocales reiteran la importancia de la independencia judicial como "pieza clave del Estado de Derecho" y recuerda que defenderla es uno de los valores marco de la Unión Europea.

No sale la propuesta de Enrique Lucas

Por su parte, la propuesta para que el vocal progresista Enrique Lucas entrara en la Comisión Permanente no ha salido adelante. Como reveló El Independiente, el presidente interino Vicente Guilarte había introducido en el orden del día un punto para cambiar su núcleo duro, pero esto había generado cierto malestar entre los miembros del Consejo que no entienden por qué el jefe quiere modificar este órgano que ya se cambió el pasado mes de julio.

Según fuentes internas, la iniciativa no ha sido aprobada porque se necesitaban nueve síes y la votación ha quedado con siete a favor, tres noes y seis votos en blanco. La intención de Guilarte era dejar fuera a la progresista Pilar Sepúlveda para integrar al hermano de Pablo Lucas, el magistrado encargado en el Tribunal Supremo del control judicial del CNI.