El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo no ve terrorismo en lo sucedido durante las protestas de 'Tsunami Democràtic' en 2019, ni siquiera, como apunta el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona). En el informe provisional del fiscal --al que ha tenido acceso El Independiente--, explica que el encierro de los controladores aéreos en la torre de control" fue en todo caso "un delito de coacciones".

Redondo ha elaborado un dictamen que tendrá que someterse este martes por la Junta de fiscales de lo Penal del alto tribunal a donde el juez García Castellón remitió la causa por entender que el expresidente del Govern Carles Puigdemont estaba implicado y, por tanto, debido a su aforamiento debía llevarse allí.

En el documento apunta que el hecho de que a los controladores se les impidiera la salida del edificio" el 14 de octubre de 2014 y se bloqueara a pasajeros en el aeropuerto "sin duda afecta al derecho humano de la libertad (artículo 18 de la Constitución Española) y a la integridad moral (artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), pero no puede ser consideradas como constitutivas de una detención ilegal, sino en todo caso de un delito de coacciones".

"Si se analiza en profundidad la descripción del bloqueo de los controladores o
pasajeros, se observa que no se hace referencia a una conducta, por parte de los
manifestantes, ni por parte de los promotores de dichas actuaciones, que pudiera equivaler a la descripción típica de la detención ilegal, según la referida jurisprudencia", revela el informe de 69 páginas.

De esta forma, el fiscal dice que la Sala de lo Penal puede ser competente para conocer "en su caso, las actuaciones provisionalmente atribuidas a los señores aforados", pero indica que primero el instructor debe continuar investigando al no concurrir indicios racionales de criminalidad en este momento procesal. Es decir, no ve de lo aportado en el sumario que Puigdemont fuera el cerebro de 'Tsunami Democràtic'.

El fiscal desmiente las presiones

Desde la Fiscalía General del Estado se ha desmentido de forma insistente este lunes que García Ortiz ejerciera ningún tipo de presión para que su subordinado llegara a esta conclusión. Es la misma, por cierto, que la del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo quien tampoco ve terrorismo, ni a Puigdemont involucrado en los hechos.

Redondo reconoce en una carta distribuida desde la Fiscalía que el miércoles 24 de enero realizó un primer "borrador interno, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal" y que varios días después "tras un profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos relatados" elaboró el informe en el que concretaba la conceptuación jurídica.

El martes 30 de enero acudió a una reunión con García Ortiz donde "le adelanté someramente el sentido del borrador de la ponencia", dice y el fiscal general "se dio por enterado verbalmente, sin darme ninguna instrucción y no consideró necesario recibir, como le ofrecí, y era totalmente procedente, siquiera una copia de dicho borrador".

Redondo cuenta que esa mañana informó a algunos compañeros de sus conclusiones y el fiscal de Sala le informó de que se había acordado que el asunto se debatiera en una junta que se celebrará mañana. "Desmiento haber recibido ninguna instrucción del Fiscal General en relación con este asunto. Reitero: no recibí, no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia por parte del fiscal general del Estado", ha señalado.