Los fiscales de la Sección Primera de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se reúnen este martes para debatir el criterio sobre la causa de 'Tsunami Democrátic'. El ponente, Álvaro Redondo, propone que la causa no se quede en ese órgano porque no ve conexión de la plataforma con Carles Puigdemont y porque asegura que no hubo terrorismo. Su informe, sin embargo, sí cita el Convenio Europeo de Derechos Humanos que la ley de amnistía (tal y como la dejó redactada el PSOE para su aprobación) integró como las causas de exclusión del perdón.

La amnistía light que acordaron los socialistas con los grupos independentistas después de las enmiendas dejaba fuera de la norma los delitos tipificados como terrorismo "siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violación graves de derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos". Estos supuestos tratan del Derecho a la vida y la prohibición de la tortura.

Redondo justifica que no existió terrorismo porque no se produjo una detención ilegal de los controladores aéreos en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) en 2019, sino que se impidió el paso a través de un bloqueo del acceso por carretera, que no es lo mismo. A su juicio, "no se describe una situación de encierro de dichos profesionales" y por tanto, pudo tratarse de un delito de coacciones.

Lo que sí deja por escrito en su informe de 69 páginas es que las actuaciones de 'Tsunami Democràtic' "sin duda afectan al derecho humano de libertad (artículo 18 de la Constitución Española) y a la integridad moral (artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos)". Las fuentes jurídicas consultadas vinculadas a la causa señalan que esta frase no es menor y, aunque no se refiera al terrorismo como tal, deja la puerta abierta a no poder amnistiar a los imputados por los desórdenes provocados en Cataluña en 2019.

Es un tema jurídicamente complicado, con muchas aristas y en el que no todos están de acuerdo, pero algunas fuentes consideran que esta frase no se ha dejado caer en el documento por casualidad. No es desdeñable que Junts dejara caer la ley en el primer trámite parlamentario porque quieren a toda costa que se introduzca el terrorismo en el perdón sin ninguna acepción.

La junta de fiscales

En cualquier caso, el borrador tendrá que ser sometido a una docena de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo con criterios distintos. Una reunión que comienza esta mañana a partir de las 10 en la sede de la Fiscalía General del Estado y en la que se espera que haya un intenso debate.

Al encuentro asisten tres de los cuatro fiscales que formaron parte del juicio del procés, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, y aunque los tres tienen la máxima categoría, solo Cadenas es jefe de sección. Junto a Joaquín Sánchez-Covisa. Esto supone que podrían imponer su criterio, por la férrea jerarquía a la que está sometido el Ministerio Público, si bien fuentes internas explican que "nunca lo han hecho" y siempre las decisiones se han adoptado por unanimidad.

Puigdemont, la clave

En realidad, la clave de todo está en su Carles Puigdemont, aforado por ser eurodiputado, tuvo algún tipo de participación en 'Tsunami' y, por tanto, la competencia es del Supremo, más allá de los delitos que se le imputen. El instructor García Castellón lo sitúa en la cúspide de la plataforma y para ello se apoya en conversaciones, mensajes y reuniones del sumario, pero para el fiscal "los indicios resultan demasiado abiertos, para poderse afirmar que concurre la situación procesal que permitiría, razonablemente, que el Tribunal Supremo asumiera la competencia".

En cualquier caso, la última palabra la tiene la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena y que tendrá que determinar si se queda con el caso.