Los fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han impuesto su criterio para cambiar la ponencia del encargado del caso de ‘Tsunami Democràtic’ que no veía indicios de terrorismo en la causa ni que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont estuviera involucrado.

Según informan fuentes fiscales, en la Junta que se ha celebrado este martes, la mayoría de sus miembros no ha admitido el dictamen que Álvaro Redondo había propuesto.

Los fiscales han decidido por 12 votos a 3 que existe terrorismo y 11 a 4 que el expresidente del Govern puedo estar implicado.

Ahora se inicia un nuevo camino en el que el Ministerio Público habrá de elaborar un nuevo informe, pero lo cierto es que la última palabra aún la tiene el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que puede imponer su criterio por jerarquía. Fuentes fiscales explican que es difícil de sostener que haya un criterio del fiscal de la Audiencia Nacional y otro del Tribunal Supremo.

La votación de quince los fiscales

Los quince fiscales han comenzado la reunión a las 10 de la mañana en un trámite semanal, pero que hoy cobraba especial importancia porque debían analizar la exposición razonada que el juez Manuel García Castellón remitió al Supremo.

El magistrado de la Audiencia Nacional ve delitos de terrorismo en los disturbios de 2019 en Cataluña y considera que en la cúspide de la organización estaba Puigdemont que por su aforamiento debería ser investigado en el alto tribunal.

La junta se ha prolongado cerca de cuatro horas de forma muy inusual y el debate ha sido muy largo. Entre los dos jefes de la Sección Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa ha habido discrepancias de criterios y, por tanto, según anuncian fuentes fiscales el informe ahora correrá a cargo de la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde.

El encuentro ha sido muy intenso porque Redondo, el fiscal al que por turno le había tocado el asunto, hizo un informe defendiendo la tesis del terrorismo y unos días después se retractó de sus palabras y sostuvo que los indicios eran demasiado "abiertos" para ir en contra del expresidente catalán.

El representante del Ministerio Público defendió en un comunicado que se trató de un trabajo interno y que modificó su tesis tras un exhaustivo examen de los hechos, no porque el jefe García Ortiz le diera indicaciones.

La mayoría de los reunidos hoy ven indicios suficientes en las actuaciones del juez para poder indagar en si Puigdemont estuvo en la cúspide de la organización que bloqueó el aeropuerto de El Prat (Barcelona) o que organizó las protestas violentas de Urquinaona en 2019 después de la condena a los líderes independentistas por haber organizado el referéndum ilegal del 1-0.

Redondo había defendido la postura que hoy ha quedado en minoría: que el hecho de que los controladores aéreos no quedaran detenidos de forma ilegal en el aeropuerto (el día de las protestas) dejaría fuera la posibilidad del terrorismo.

Escenario abierto

Este embrollo deja un escenario muy abierto en el que la teniente fiscal Sánchez Conde, según algunas fuentes, puede no acoger el sentir mayoritario de la Junta y elegir el criterio que imponga García Ortiz. La Fiscalía se organiza en una jerarquía muy férrea en la que la última palabra la tiene siempre el jefe.

Los que han intervenido este martes han sido quince, incluidos los dos jefes Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa que han defendido posturas distintas; y entre los que estaban otros dos fiscales de Sala (la máxima categoría) que formaron parte del juicio del procés: Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal.

El resto de nombres son: Manuel Dolz, Consuelo Fidalgo, María Ángeles Garrido, Juan Carlos Lopez Coig, Manuel Martínez, José Martínez Jiménez, Álvaro Redondo, Olga Sánchez, Salvador Viada, Justino Zapatero y José Antonio Cerro.