Una abultada mayoría de los miembros del Ministerio Público en la sección Penal del Tribunal Supremo cree que lo sucedido en Cataluña por 'Tsunami Democràtic' en 2019 pudo ser terrorismo y que en la cúspide pudo estar Carles Puigdemont. La votación de este martes complica el trabajo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que hasta ahora había supervisado hasta dos escritos en los que se sostuvo lo contrario: que no hubo terrorismo y que no hay indicios de que el expresidente catalán fuera el cerebro de las protestas. El siguiente informe y definitivo lo hará la 'número dos' de la Fiscalía, Mª Ángeles Sánchez Conde, pero todas las fuentes coinciden en que la decisión final tendrá que ser ratificada por Ortiz.

La fractura interna entre las tesis del Ministerio fiscal a estas alturas nadie la niega. En un órgano que es totalmente jerárquico, el primero en pronunciarse sobre esta causa fue Miguel Ángel Carballo, fiscal de la Audiencia Nacional que ha sido el encargado del asunto desde que se judicializara hace casi cinco años. Él ha seguido el sumario paso a paso y con los informes de Guardia Civil en la mano --sobre las protestas y altercados surgidos en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), el Camp Nou, el centro de la ciudad condal o distintas carreteras que conectaban con Francia-- consideró que lo que allí ocurrió fueron desórdenes públicos agravados y nada más.

El siguiente fiscal en pronunciarse lo hizo la semana pasada y fue uno de un escalón más arriba, del Tribunal Supremo. A Álvaro Redondo le tocó por reparto el tema, después de que el juez de la Audiencia Nacional creyera que como Puigdemont y Rubén Wagensberg (un diputado de ERC) son aforados debe ser el órgano superior el que lo investigue. Redactó dos informes contradictorios, uno inicial en el que dijo que había terrorismo, y que luego aseguró que era un borrador, y otro en el que defendió lo contrario, que fue el que le presentó al fiscal general del Estado.

En la junta de fiscales de la Sala de lo Penal de este martes, Redondo, visiblemente afectado, explicó a quien le preguntó por ello que García Ortiz nunca le dio ni una mínima sugerencia sobre el dictamen. Demostró que se había enviado de su correo personal a su correo de Fiscalía el segundo documento donde ya no había terrorismo antes del martes 30 cuando se reunió con el jefe.

Composición de la Junta de fiscales de Sala Penal del Supremo y votos sobre el terrorismo en 'Tsunami Democràtic'

Su postura ayer fue, sin embargo, minoritaria porque entró en juego el siguiente escalón jerárquico en la gama de opiniones. Fue el de los 15 fiscales que componen la Sección Primera de la Sala Penal. De ellos, doce sostuvieron que hubo terrorismo y otros 11 vieron indicios suficientes para involucrar al líder de Junts en el ajo.

Un debate muy técnico

El debate transcurrió en unos términos jurídicos "muy enriquecedores", definen fuentes presentes en la reunión, que se alargó durante cuatro horas de forma inusual. Primero, se centraron en el artículo 573 del Código Penal que habla de terrorismo y que señala que "se considerará terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral..." que tenga como fin "subvertir el orden constitucional".

La posición mayoritaria consideró que Redondo en su informe hizo mal la lectura porque creyó que no hubo "delito grave" alguno aunque reconoce que los delitos leves sí que tuvieron esa finalidad de revocar el orden de la Constitución. Las fuentes consultadas expresan que esto fue un "error de cálculo" porque 'Tsunami' sí provocó delitos graves como las lesiones a policías o las detenciones ilegales a los controladores aéreos que, si bien no se llevaron a cabo finalmente, sí que se pueden evaluar en grado de tentativa.

Por una modificación del texto penal del año 2015 ya no se necesita que el terrorismo se establezca sólo en el marco de una organización criminal, explican, y por eso si la intención de la plataforma fue desgarrar el Estado y lo hicieron mediante delitos graves, por tanto, hubo terrorismo.

Todos menos Redondo y el jefe Sánchez Covisa estuvieron de acuerdo con esta tesis. Una aplastante mayoría de la que Manuel Martínez se desmarcó, pero para sostener que si no hubo terrorismo, se trató de una organización criminal.

En segundo lugar, se analizaron los indicios contra Carles Puigdemont. Aquí se produjeron algunas dudas más. Además de Redondo y Sánchez Covisa, los fiscales Justino Zapatero y Juan Carlos López Coig consideraron que la acusación estaba cogida con pinzas y que había que indagar más. Los once restantes valoraron los mensajes de Whatsapp en los que el expresidente catalán se interesa por la plataforma y la reunión a la que acudió en Ginebra para organizar la creación como indicios determinantes de su implicación.

Cadena elaborará otro informe y Sánchez Conde decidirá

La votación no dejó margen de dudas, pero aquí de nuevo juega la gradación en la Fiscalía. Los dos jefes presentes (Cadena y Sánchez-Covisa) discrepaban entre sí y esta opinión tiene más peso por la categoría que representan que la del resto.

Se desempolvó entonces el Estatuto Fiscal para ver cómo se resolvía esta encrucijada y se invocó un artículo (el 24) que según algunas fuentes nunca antes se había utilizado. "Los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del Fiscal jefe. Sin embargo, si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes, deberá someter ambas a su superior jerárquico", dice este texto.

Y esa, la superior jerárquica, es la teniente fiscal del Supremo Mª Ángeles Sánchez Conde. La intervención de la 'mano derecha' del fiscal general ya ha levantado sospechas de entre algunos presentes en la junta que creen que se trata de una "maniobra". Pero fuentes del Ministerio Público señalan que a este acuerdo llegaron libremente los que se reunieron. De hecho, durante el debate se hizo una consulta a los otros dos jefes de esa Sala (que no estaban presentes), Javier Huete y Pilar Fernández Valcarce, como confirman distintas fuentes a El Independiente, para llegar a un punto de consenso.

A la encargada ahora habrá que presentar dos informes, uno con cada postura de la Junta para que desempate. El sentir mayoritario lo expondrá con toda probabilidad Fidel Cadena, por su rango, según explican citadas fuentes. Sánchez Conde no tiene por qué escoger lo que opine la mayoría y distintas voces desconfían de que lo vaya a hacer.

Algunos dan por hecho que la pertenencia de la teniente fiscal a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el hecho de que fuera nombrada para el cargo por Dolores Delgado, y de que sea una persona de confianza de García Ortiz va a provocar que la profesional se posicione con los postulados que hasta ahora ha defendido el Ministerio Público en la Audiencia Nacional. Es decir, dejando fuera el terrorismo y a Carles Puigdemont.

No obstante, fuentes de la Fiscalía ponen en valor que el informe haya recorrido los cauces internos con total libertad y se haya ido elevando de un fiscal a otro para potenciar el debate y la democracia interna. Entre los poderes de García Ortiz estaba el haber dado el asunto desde el principio a un fiscal de su confianza y no lo hizo.

En cualquier caso, todos los dedos lo señalan a él detrás de la rúbrica final. La postura que plasme Sánchez-Conde será la que García Ortiz comparta, dicen. El informe de Fiscalía, eso sí, no es vinculante. La decisión más importante vendrá de la mano de los jueces de la Sala de lo Penal del supremo.

Complican la amnistía

Esta causa que lleva abierta desde 2019 se ha vuelto el centro de la polémica en los últimos meses porque es una de las flechas que puede impactar directamente en el corazón de la amnistía. El PSOE no ha asumido que los delitos de terrorismo entren en el perdón de forma completa y esto, además de no complacer a Junts y enrocar la tramitación parlamentaria, puede provocar serios problemas en la aplicación de la ley en investigaciones como 'Tsunami Democràtic' o CDR.

Un detalle que no es menor porque si la medida está pensada para beneficiar a los líderes del procés, precisamente 'Tsunami' afecta a Puigdemont, a la secretaria general de ERC Marta Rovira y a otra decena de investigados relacionados con el mundo independentista.