Intrahistoria de la Junta de fiscales sobre 'Tsunami': "Puigdemont asumió que podía haber muertos"

Pocas veces una junta de fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo había generado tanta expectación mediática. Se reúnen todos los martes, de forma ordinaria para revisar los escritos que se van a presentar. Trece fiscales opinan o guardan silencio sobre los temas, y los dos jefes dan el visto bueno para pasar al siguiente asunto. Pero este martes era distinto y alguno, antes de entrar, ya lo sabía. "Nos van a aplicar un 24", se comentó en los pasillos del Palacio del Marqués de Fontalba (Madrid).

A pesar de que las televisiones, las radios y muchos medios aguardaban en la acera de enfrente esperando que salieran los protagonistas del día, apenas se capturaron imágenes de esa mañana. La sospecha de los periodistas fue que todos salieron por la "puerta de atrás" del edificio de la Fiscalía. Aunque hubo una imagen que algunos fotógrafos sí consiguieron captar con un valor simbólico: Álvaro Redondo, vestido con traje y gafas de sol, poco antes de las diez, cuando comenzaba la junta.

El fiscal del Tribunal Supremo era desde el fin de semana quien copaba titulares debido a la polémica de sus dos informes. A él le había tocado analizar por reparto la causa de 'Tsunami Democràtic', una investigación que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quiere trasladar al alto tribunal porque ve indicios de terrorismo en las actuaciones de la plataforma y cree que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pudo estar involucrado.

Redondo defendió durante cerca de hora y media su tesis, la de que en las protestas de Cataluña de 2019 no hubo terrorismo, pero antes de nada, Fidel Cadena --uno de los jefes de la Sala de lo Penal y uno de los fiscales que solicitaron años de cárcel para los líderes del procés-- había hecho una petición: "Que el debate sea jurídico". No quería entrar en el barro del tema con el que ese día y el día anterior se habían desayunado, el famoso cambio de criterio de Redondo.

El fiscal encargado hizo un primer borrador en el que incluía el terrorismo y a Puigdemont en la cúspide de la plataforma independentista. Pero ese "documento de trabajo interno", según su versión, fue modificado a motu proprio --sin la intervención del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz-- en el sentido totalmente opuesto. Nada de esto se explicó en la junta que, como había solicitado Cadena, se centró en la parte técnica. Al terminar, Redondo, que estaba visiblemente afectado, sí demostró a quien le preguntó cómo se había enviado un correo a sí mismo la mañana de visitar a García Ortiz con el documento en el que ya no veía ese delito grave.

En la reunión se deslizó la idea de "emitir un comunicado de apoyo" hacia él, un fiscal conservador, miembro de la Asociación de Fiscales (AF) a quien nadie ha salido a defender públicamente estos días. Pero luego se "enrederon en el debate" y finalmente no se votó por este extremo.

La tesis de Redondo y Covisa: no hubo terrorismo

Se realizaron dos votaciones muy concretas. Una que tuvo que ver con el terrorismo (12 a favor y tres en contra) y otra que tuvo que ver con la implicación de Carles Puigdemont (11 a favor y cuatro en contra). "Se dio muchas vueltas al artículo 573 del Código Penal", explican distintas fuentes presentes en la reunión.

Redondo defendió que se trataba de delitos leves y aunque estuvo de acuerdo con que la finalidad de la plataforma era subvertir el orden constitucional, si los delitos por separado no alcanzan la pena mínima de cinco años no se podían incardinar en el terrorismo. Con él se posicionó el segundo de los jefes, Joaquín Sánchez-Covisa.

Para ambos, el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona) se incardina más en unos desórdenes públicos agravados que "al ser un delito público no pueden entrar en el terrorismo". No vieron detención ilegal de los controladores --un ilícito clave en este asunto porque sus penas sí son elevadas-- porque los profesionales sí pudieron salir de sus puestos, lo que ocurrió fue que el relevo no pudo llegar porque las carreteras estaban bloqueadas.

Del lado contrario, el resto de la mesa fue hablando uno por uno. Muchos escucharon atentamente a Javier Zaragoza que hizo valer su conocimiento de terrorismo tras ser más de 10 años en la jefatura de la Audiencia Nacional. Se deslizó incluso la posibilidad de escuchar a Miguel Ángel Carballo, el fiscal de la Audiencia que lleva desde 2019 las pesquisas de 'Tsunami', pero rápidamente hubo voces de oposición. "Esa no es la idea", dijeron quienes defendieron que a pesar de que ellos no controlen el sumario de la causa, su deber como en cualquier otro asunto es componer el puzle completo en base a todos los detalles que el juez Manuel García Castellón describe en su exposición razonada, en el documento que remitió al alto tribunal para que se hiciera cargo del tema.

Carballo, que por cierto coincidió ese día en la Fiscalía pero solo para resolver un "asunto personal", defiende al igual que Redondo que no existió terrorismo, que se trata de unos desórdenes públicos agravados, que de Puigdemont no hay indicios suficientes, y que la investigación debe terminarse en un tribunal ordinario de Cataluña.

Algunos de los presentes hablaron del "relanzamiento del 'procés'"

La mayoría en los postulados contrarios fue abultada. "No hubo detención ilegal porque intervino la Policía", defendieron algunos. Por tanto, "se puede ver detención ilegal en grado de tentativa", explicaron. Es decir, si los controladores no quedaron retenidos fue por la intervención de los agentes, pero la intención de 'Tsunami' sí era paralizar el aeropuerto, incluida la torre de control.

Este tipo de delitos graves, unidos, por ejemplo, a las lesiones a policías que también fueron mencionadas, serían la base para acusar por terrorismo ya que el fin, como pide el texto penal, era debilitar al Estado. Sólo tres votos en contra que además de los dos mencionados, fue el de Manuel Martínez, quien intervino de forma telemática. La tesis del fiscal progresista, que fue alto cargo en el Ministerio de Justicia cuando lo dirigió Dolores Delgado, sin embargo, era otra. Sí que vio posible "organización criminal" en los preparativos de las protestas.

Puigdemont asumió muertos

Para concretar la implicación del expresident se diseccionaron todos los mensajes que aparecen en el auto del juez. "La reunión en Ginebra es importante", señalaron algunos. Los días 29 y 30 de agosto de 2019, a punto de publicarse por primera vez la creación de 'Tsunami Democràtic' se produjo un encuentro en Suiza al que acudió el ahora líder de Junts, según el sumario.

Los fiscales se situaron con el juez que defendiendo que en esa reunión "se planificó la estructura" de la plataforma cuya finalidad era "poner en jaque al Estado" para "obligarles a negociar la autodeterminación". Algunos de los presentes hablaron de que se trató del "relanzamiento del procés".

Se analizaron varios mensajes. Como el de días antes de ese encuentro, el 22 de agosto de 2019, cuando uno de los investigados, Jesús Rodrígez Sellés, envió un mensaje por Signal a Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont en Waterloo, con las dudas sobre el lanzamiento en redes sociales. Los implicados barajaban varias fechas y Rodríguez le pide a Alay que "traslade la duda al president".

"Si deciden preguntárselo es porque estaba en el origen", defendieron los miembros del Ministerio Público. "Tomaba decisiones". Para ellos el hecho de que la mano derecha de Puigdemont esté implicado en toda la organización es determinante porque quiere decir que, por extensión, lo estaba su jefe.

Otra de las conversaciones hace referencia a que el asalto al aeropuerto e informan a Puigdemont de que "ha ido bien". "Parece como si le dieran cuenta", dijeron en la Fiscalía. Este continuo "querer saber" o "querer informar" al político fugado es un indicio de su implicación.

Además, los profesionales del Derecho pararon a analizar otra conversación de los días 18 y 20 de octubre de 2019, cuando 'Tsunami Democràtic' estaba en plena oleada de protestas y se estaban produciendo escenas de violencia en las calles y plazas de Barcelona. Puigdemont habla con otro de los investigados, el empresario Josep Campmajó, quien le dice: "O tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas". El expresident contesta que intentarán que "el Gobierno se ponga las pilas", a lo que su interlocutor le dice: "President... los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado".

El momento culmen de la conversación llega cuando a Campmajó le preocupa cómo se pueda estar viendo esto en el exterior, por si acaso eso complica su extradición. "De momento, la opinión generalizada es que hay una reacción de indicación por unas sentencias escandalosas y que los disturbios son importantes pero no alejan de lo que son ahora las protestas en las grandes ciudades del planeta. El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duró y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos", responde Puigdemont.

Para los fiscales de lo Penal es claro que en este punto el líder independentista "asume que puede haber muertos" y eso, de alguna forma, lo hace responsable de poder paralizar las acciones para que no los haya. "Es poco pero si a eso lo relacionamos con el hecho de que el exsecretario estaba en más cosas ", dijeron. "Los indicios son pocos pero de peso", defendieron. "Suficientes para iniciar una investigación".

En esta postura se colocaron 11 fiscales. Incluidos el jefe Fidel Cadena, los dos fiscales de Sala y miembros de la acusación del procés Zaragoza y Consuelo Madrigal, así como el propio Manuel Martínez quien no había visto terrorismo en el anterior debate.

Para otros este relato es "insuficiente". Consideraron que el tema de la fecha, dicen, "pudo tener que ver con que conviene informar a Puigdemont" pero eso no quiere decir "que formara parte del grupo", defendieron. Aquí, además de Redondo y de nuevo el jefe Sánchez-Covisa, se alinearon los fiscales progresistas Juan Carlos López Coig y Justino Zapatero.

El 24

Ese "nos van a aplicar un 24" del inicio de la reunión se hizo real al final. Después de cuatro inusuales horas (normalmente tras hora y poco los fiscales ya están desayunando en el bar de al lado), hubo que emplear ese artículo del Estatuto del Ministerio Fiscal, el 24, que dice que en caso de discrepancia enter los jefes y la junta habrá que elevarlo al superior.

El hecho de que Cadena y Sánchez-Covisa tuvieran posturas enfrentadas fue determinante para que el texto final con la posición de la Fiscalía tenga que subir un escalón en la jerarquía. Algunos se mostraron muy molestos porque esta medida no recuerdan que se hubiera adoptado nunca y porque supone, en cierto modo, quitarles la posibilidad de dejar su impronta en el informe definitivo. La teniente fiscal que ahora se hará cargo del caso, la 'número dos' del fiscal general, Mª Ángeles Sánchez Conde, no tiene por qué respetar la postura mayoritaria de la junta, sino que puede decidir conforme a su propio criterio.

Fiscales tras la reunión trataron de mostrar este enfado colocando su mensaje. "Maniobra", decían. Sospechaban de la mano del fiscal general García Ortiz tras esta decisión de elevar el asunto. Desde Fiscalía, sin embargo, se desmentía tajantemente alegando que el jefe podía haber designado desde el principio un encargado a su gusto y, en cambio, no lo hizo para dejar que el texto corriera los cauces naturales de la institución.

Además, añadieron, la determinación de aplicar el artículo 24 la tomaron los cuatro jefes de la Sala de lo Penal. No sólo Fidel Cadena y Sánchez Covisa allí presentes, sino también los que gestionan la otra sección, Pilar Valcárcel y Javier Huete. El Independiente ha podido confirmar de fuentes conocedoras de ese intercambio que se hizo una consulta durante la reunión para consensuar que la causa debía quedársela la jefa Mª Ángeles Sánchez Conde. "No se podía hacer de otra manera", dicen.

Ahora, algunos tienen dudas de que sea ella la que deba interceder porque el artículo 24 señala que la intervención debe ser del fiscal general del Estado, previa escucha de la Junta de fiscales de Sala. Otra reunión del 'generalato' de la carrera que podría convocarse para someter el informe. En cualquier caso, las fuentes fiscales consultadas hablan de algunas semanas hasta que finalmente se decida si el Ministerio Público ve o no ve terrorismo en las protestas independentistas de hace un lustro.