La fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, ha estado estos días más solicitada de lo normal. Si hace justo un año decía en una entrevista que "la delincuencia organizada no estaba en el foco prioritario del Parlamento ni del Gobierno", hoy confiesa a El Independiente que espera que "no sea flor de un día" la atención suscitada en la lucha contra las drogas a partir del trágico asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) hace justo una semana. "Espero que esta lamentable y triste situación que ha puesto el foco en un problema grave, sirva para tomar medidas que aborden el problema del narcotráfico", comenta.

Desde que llegara al cargo en 2022 --convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una de las tres Fiscalías especiales (Antidroga, Anticorrupción y Audiencia Nacional)--, la fiscal de Sala se ha empeñado en poner la guerra contra el narco en el mapa. Un alto mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabaja mano a mano con ella la define como "muy activa" y "muy implicada", y eso se nota en que Morán trata de alzar la voz en sus peticiones para que tengan eco en el legislador.

El primer punto de la lista de reclamos de la fiscal pasa por que los gobiernos entiendan que la lucha es transversal. "Hay que intentar atajar la situación y requiere un abordaje, en mi opinión, integral que desde el punto de vista de lo que es la disminución de la oferta de droga no puede ser solamente un plan de Interior", dice. Rosa Ana Morán pide que el plan abarque otras carteras ministeriales y no ponga todo el peso la que preside Fernando Grande-Marlaska. "Una de las propuestas que le he hecho al fiscal general del Estado es recuperar el Consejo Superior de Lucha contra las Drogas que en aquel momento [entre 1993 y 2003] presidía el Ministerio del Interior e integrar ahí a Justicia y a lo mejor a otros ministerios como Transportes. No estamos hablando solo de narcolanchas, el problema de la entrada de cocaína por los puertos sigue estando. Hay que hacer una estrategia muy amplia".

La intervención de la Armada

Morán aclara, además, que sus conversaciones con el Ministerio de Defensa han fructificado. "Como actualmente no existe jurisdicción penal por los actos del tráfico de droga hasta que el fiscal pone querella, necesitábamos que Defensa simplemente modificara su protocolo para no exigir un auto [del juez] de abordaje. Porque no se puede dar un auto de abordaje cuando no hay diligencias judiciales. Entonces lo vamos a hacer ahora con las diligencias fiscales", revela.

La fiscal explica que abordar un buque cargado de droga en alta mar no es fácil. Hay agresividad y violencia, "no solamente tiran las cosas por la borda, es que incendian los barcos", señala, recordando cómo hace poco murió un aduanero en una de estas operaciones. Por eso, las embarcaciones del departamento que dirige Margarita Robles y el personal especializado pueden ser de utilidad cuando la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o Vigilancia Aduaneras lo pidan. El aparato militar podrá prestar servicios sólo con que la Fiscalía dé el visto bueno. "Ahora con unas diligencias de la Fiscalía, la Armada podría actuar cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo necesitan", sentencia.

Morán se felicita por la disposición de Defensa y recalca que es el momento de que otros ministerios se integren en la lucha. "Tengo la sensación de que se ha centrado toda la estrategia de crimen organizado en el Ministerio del Interior. Interior tiene una responsabilidad importante, pero esto requiere una estrategia nacional y es el momento oportuno de hacerla". 

Quedarse de brazos cruzados, advierte, puede provocar que los tentáculos del narcotráfico estén cada vez más enraizados en según qué territorios. "Están ahí, tenemos precedentes como Bélgica y Holanda y tenemos que reaccionar para no tener un problema tan grave como el que tienen ellos". Morán se muestra agradecida del "esfuerzo enorme" que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que España no termine en ese punto: "Les felicito por ello y lamento que tengan que salir estas cuestiones porque dos guardias civiles ponen su vida precisamente para preservar todo esto".

El peligro de lo ocurrido en Barbate

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Barbate reconocía esta semana en una entrevista en televisión que dos días antes del trágico suceso hasta seis narcolanchas habían pasado casi 48 horas a la vista de todos en el puerto de la localidad, refugiándose del temporal. Una visión "muy escandalosa", a juicio de la jefa Antidroga que propone una serie de medidas para tratar de paliar algunos de los efectos más inmediatos.

Tenemos precedentes como Bélgica y Holanda y tenemos que reaccionar

"Una que me parece fundamental que es la tipificación y la tenencia, almacenamiento de gasolina. El otro día en una narcolancha hubo 3 mil litros. Esta vez han pasado por encima de la lancha de la Guardia Civil, pero una embarcación con 3 mil litros es un peligro para todo el puerto. Un día estalla una y tenemos un problema gravísimo". Morán pide asemejar la legislación a Gibraltar donde ya no se pueden llevar más de 20 litros de combustible sin autorización para evitar así lo que se conoce como 'petaqueo', es decir, almacenar mucha gasolina para cargar las embarcaciones en alta mar.

Otra de las propuestas, pasa por modificar la definición de "organización criminal" en el Código Penal puesto que las estructuras de los clanes de los capos están cambiando. "Están más atomizadas. Vemos organizaciones que cada una hace un papel. La gran organización encarga y son como subcontratas. Entonces hay que aquilatar mejor [la definición del texto punitivo] porque las penas cuando son organización son mayores".

O repensar el asunto de las entregas controladas. "Hay un problema con la definición de la tentativa en relación con las entregas controladas, la tentativa inidónea que alguna jurisprudencia que no favorece que este tipo de entregas permitan después imputar un delito". Por eso, recuerda "es un tema también de Justicia".

Además, menciona cómo la Fiscalía de Barcelona ha invitado a repensar también sobre la delgada línea entre la droga dura (con penas más altas) y la droga blanda. "Reflexionar sobre si algunas sustancias tradicionales como el hachís o el Cannabis con el nivel de THC que tienen ahora no llegan a ser sustancias que causan daños graves a la salud. Esa reflexión al legislador le implicaría un estudio por profesionales", expresa.

Legalizar la droga evitaría el delito y convertiría a la población en zombis

Morán se moja y da su opinión sobre la polémica propuesta de esta semana del alcalde de La Línea (Cádiz) para legalizar el hachís. "¿Porque haya muchos delitos vamos a legalizarlo? Esto es una estrategia global y mundial y es un delito contra la salud pública. No estamos haciendo nada más que proteger la salud de la población. Hay muchos robos, pues ¿quitemos la propiedad privada, no? Esas no son soluciones", especifica.

A su juicio, legalizar los estupefacientes "evitaría el delito y convertiría al final a toda la población en zombis. Sobre todo a personas que son más vulnerables y tienden más a utilizar drogas".

La corrupción y la Audiencia Nacional

La jefa de la Fiscalía ha comentado en varias ocasiones que "es difícil introducir tanta droga en los puertos sin colaboración desde dentro", así que ante la pregunta sobre cómo está hoy el asunto de la corrupción policial responde: "Tenemos algunas investigaciones y hay algunas condenas. Ese es uno de los temas que yo creo que debería de ser un criterio para traer las causas a la Audiencia Nacional".

Morán lleva tiempo luchando por modificar ciertos criterios por los que el órgano central no asume algunas de las causas más importantes de narcotráfico. "La investigación de la corrupción policial o de vigilancia aduanera es muy difícil hacerla en pueblos pequeños. Juzgados pequeños, donde todo el mundo está muy relacionado, es muy difícil hacer una investigación realmente confidencial", dice.

Pero este no es el único motivo por el que podrían centralizarse algunas causas de droga en Madrid. "Yo creo que hay que quitar el criterio de la interprovincialidad como determinante de la Audiencia Nacional para atender a un criterio de internacionalidad, de conexiones internacionales importantes", expresa. Consciente de que llevarlo todo a ese órgano no va a suponer el fin de todos los males, la fiscal sí cree que existen causas con afectados en muchas provincias ("una estafa de una cadena de carnés de conducir o de una clínica dental") que podrían dirimirse perfectamente en juzgados ordinarios, mientras que hay tramas complejísimas que solo afectan a una localidad pero con vínculos en Colombia o en Marruecos que dirigen juzgados abarrotados que lo mismo trabajan con narcotráfico como con divorcios.

Además, reconoce que en los juzgados pequeños la investigación del blanqueo de capitales, que las fuentes que luchan contra la droga les parece básica para poder desenredar la maraña de los clanes, no llega a buen término. "Nosotros tenemos un protocolo que lo aprobamos en 2022 en la primera Junta que yo organicé, dirigido a la recuperación de activos. Y eso empieza por una investigación patrimonial a la vez que se investiga el delito. Es lo que promovemos. Pero efectivamente la investigación patrimonial en juzgados mixtos, etc, no sé si se hace como se debería hacer". Morán no ceja en su empeño por que algunos de los reclamos que ya dejó escritos en la Memoria Fiscal del año pasado sean escuchados ahora que el narcotráfico se ha colocado en el centro del debate.