La instrucción del ya bautizado como 'caso Koldo' lleva meses fraguándose y el asunto está "muy avanzado", según fuentes de la investigación. Por el momento sólo cuatro personas ostentan la condición de investigadas, aclaran citadas fuentes, a las que se les adjudica el papel más alto de la trama de cobro de comisiones fraudulentas por contratos de mascarillas con la Administración pública en plena pandemia. Se trata del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y los otros tres que acudieron este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno, que decidió ponerlos a todos en libertad provisional, citará en los próximos días a más detenidos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo estallar la 'operación Delorme' el martes para detener a 20 personas. Pero finalmente sólo 4 llegaron ante el juez: Koldo García, su hermano Joseba, el dueño del Zamora Fútbol Club Víctor de Aldara y un empresario vasco llamado Íñigo Rotaeche. Fuentes de la investigación señalan que la mayoría quedaron en libertad antes porque se negaron a declarar o porque su papel en la organización "está muy bien definido". Algunos tuvieron una participación casi de soslayo. Por eso, la prioridad era tomar declaración judicial a los que consideran cabecillas.

Fue visto y no visto porque entraron en el furgón policial a las nueve de la mañana en la Audiencia Nacional y se acogieron a su derecho a no declarar. La Fiscalía Anticorrupción no pidió medidas cautelares privativas de libertad, así que el juez no podía acordarlas y todos salieron por su propio pie pasadas las dos de la tarde. Koldo García ataviado con una gorra, gafas de sol y con una carpeta tapándole la cara para no ser visto, tampoco hizo declaraciones a la prensa.

Los indicios son sólidos y no hay riesgo de destrucción de pruebas porque hay mucha investigación que ya está hecha, dicen fuentes de la causa. El sumario tiene informes de la Administración Tributaria que son bastante claros. Una de las cosas que llamó la atención de Anticorrupción y Guardia Civil fue, precisamente, el incremento patrimonial que el que fuera asesor de Ábalos logró en apenas cinco años, coincidiendo por su paso por el Ministerio.

En los próximos días "se irá viendo a quién más se cita" de todos los detenidos, pero en principio todos tendrán que pasar ante el juez en lo que terminará de dar forma a las dimensiones de la causa.

9,5 millones de euros en comisiones de mascarillas

Las pesquisas arrancaron en abril de 2022 con el análisis de tres contratos muy específicos que habían sido adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión S.L. Dos de ellos desde el Ministerio de Transportes que regía Ábalos -- a través de Puertos del Estado en un caso y ADIF en el otro-- y un tercero por la Subdirección General de gestión Económica del Ministerio del Interior. El primero por un valor de 24,2 millones de euros se adjudicó el día 21 de marzo de 2020; y el segundo por una cuantía de 12,5 millones, el 27 de marzo de ese año en plena primera ola de Covid.

El de Interior, se dio un mes más tarde, el 20 de abril por un valor de 3,4 millones de euros. Todos ellos se tramitaron a través del proceso negociado sin publicidad y con carácter de emergencia por lo que no se solicitaron ofertas, sino que se adjudicaron a esa empresa de Zaragoza de forma directa.

En total suman algo más de 40 millones de euros, pero según fuentes de la investigación hay más de 50 millones de euros bajo sospecha, por lo que la investigación ha conseguido incorporar hasta ocho contratos distintos. La trama se llevaba comisiones y, según citadas fuentes, repartieron un total de 9,5 millones de dinero público.

La compañía tenía sede en Zaragoza y ofrecía servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales, principalmente de energía, agua e infraestructuras agícolas. El importe de la cifra de negocios de Soluciones de Gestión fue de 0 euros en 2019 a 53,13 millones en 2020. Los arrestados relacionados con esta compañía tendrán que declarar en los próximos días. El único que ha pasado ya ante el juez, Íñigo Rotaeche, era el principal accionista de la empresa bajo sospecha.

Ahora las pesquisas entran en una nueva fase que puede llevar a explorar "nuevas vías", explican las voces mencionadas. Habrá que analizar todos los efectos intervenidos, principalmente, móviles y documentos incautados en los 26 registros y requerimientos.