El titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dejado en libertad provisional con la prohibición de salir de territorio nacional al empresario Juan Carlos Cueto, presunto cabecilla de la trama de corrupción del 'caso Koldo'. El investigado ha declarado que no hubo comisiones ilegales de los contratos que le entregó el Ministerio de Transportes y otras administraciones y que no quisieron lucrarse de la venta de las mascarillas, sino que actuaron para ayudar a los españoles, según fuentes presentes en la declaración.

Cueto, del que no había ni una sola foto hasta este miércoles, ha llegado a la Audiencia Nacional poco antes de las nueve y media de la mañana, ataviado con un gorro y unas gafas de sol que tapaban la mayor parte de su rostro. El empresario estaba citado hoy porque el día que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó todas las detenciones, él se encontraba fuera del país.

Su estrategia procesal ha sido algo diferente a la del resto de investigados --incluido el que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García-- que la pasada semana se negaron a declarar. Cueto ha respondido solo a las preguntas de su propio abogado para negar cualquier irregularidad.

Según su versión, las mascarillas se vendieron por un "precio justo" y en ningún momento se inflaron para que los implicados de la trama se quedaran con mordidas. Esto lo avala un informe de la consultora KPMG, ha defendido, que cerciora que el valor es acrode al mercado.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción refleja que él se quedó con 9,6 millones de euros de plusvalías, si bien el centro de la investigación gira sobre la forma en la que se dieron los contratos y la posible influencia que Koldo García ejerció dentro del Ministerio. El fiscal sitúa a Cueto como "la persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión", que fue la adjudicataria de contratos por valor de más de 53 millones de euros.

El investigado ha señalado, por su parte, que se trató de una operación muy costosa en la que tuvieron que hacer muchos viajes a China. El empresario se encuentra a la espera de juicio de otro asunto conocido como 'caso Defex', un tema de contratos en Angola. La Fiscalía pedía para él 50 años de cárcel en ese procedimiento.