Manuel García-Castellón será el juez de la Audiencia Nacional encargado de supervisar el procedimiento que ha puesto en marcha la Fiscalía Europea por los contratos de suministro de mascarillas del caso Koldo en Canarias y Baleares ante el posible uso de fondos europeos en la financiación de estas compras.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, de actualidad por ser el instructor del caso Tsunami, que ha derivado en la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo, ha sido designado juez de garantías en estas actuaciones de la Fiscalía Europea por el turno de reparto de la Audiencia Nacional, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La Fiscalía Europea anunció este lunes que ha abierto una investigación sobre las compras de material sanitario en plena pandemia por parte del Servicio de Salud de las Islas Canarias por unos 12 millones de euros, y del Servicio de Salud de las Islas Baleares por un total de 3,7 millones de euros.

La investigación se dirige por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en relación a esos contratos de los servicios de salud pública de Canarias y Baleares, que fueron adjudicados en ambos casos a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la trama del caso Koldo. 

Tras recibir una denuncia de un particular, la Fiscalía Europea realizó diversas medidas encaminadas a verificar su competencia, tales como recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, que instruye el caso Koldo, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la UE.

La función del juez de garantías, figura que existe en los sistemas en los que la instrucción penal la dirige el fiscal, es meramente testimonial, ya que no se tiene acceso al procedimiento.

Según el artículo 8 de la ley 9/2021 para la creación de la Fiscalía Europea, el juez de garantías solo interviene en caso de que se quiera adoptar una medida restrictiva de los derechos fundamentales, como intervenciones telefónicas o medidas cautelares a los investigados, o también si se presenta algún recurso contra los decretos del Fiscal europeo delegado. 

Asimismo puede acordar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.

En España, la Audiencia Nacional es el órgano competente para supervisar las investigaciones de la Fiscalía Europea designando un juez de garantías, menos cuando se dirijan contra un aforado, que en ese caso corresponderá nombrarlo entre los magistrados del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, si el aforamiento es ante ese órgano es ante ese órgano judicial.