Quién avisó a la trama que se llevaba mordidas por la venta de mascarillas de que estaba siendo investigada es todavía una incógnita por resolver en el 'caso Koldo'. Pero lo cierto es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil posa sus sospechas sobre una persona: Rogelio Pujalte. El empresario murciano, dueño de un depósito judicial de la localidad, es el único que figura en la causa acusado de un delito de revelación de secretos, al que se suman otro de cohecho y blanqueo de capitales porque también se nutría presuntamente con dinero de la trama.

Pujalte, nacido el 21 septiembre 1961, fue detenido el pasado 21 de febrero en el marco de la 'operación Delorme' que luego ha pasado a conocerse como 'caso Koldo'. Ante los agentes se negó a declarar, pero según el último atestado de la Guardia Civil incorporado al sumario, él es al menos uno de los responsables del chivatazo. "Koldo ha sido advertido sobre la existencia de medidas de investigación autorizadas judicialmente sobre su persona. Esta información ha sido recibida a través de Pujalte", refleja el documento al que ha tenido acceso El Independiente.

Cómo llegó la información hasta él está todavía por descubrir porque es uno de los que hasta el momento no ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Sin embargo, la UCO ya informó en un escrito del 9 de febrero de este año de una conversación en la que el empresario parecía advertir al asesor de José Luis Ábalos de que se andara con ojo en sus comunicaciones.

Koldo: ¿Por mí?, ah eso (balbucea) el qué lo de siempre ¿no? que están detrás

Rogelio: Sí

Koldo: Vale (ininteligible)

Rogelio: Bueno, mira, no utilices el Telegram. Telegram no lo utilices ya ¿vale? mañana hablamos

Koldo contestó que no se preocupara que lo sabía todo. "Sé que están, cómo están y cuándo están[...] es por culpa del subnormal del 'perro'", dice. Pujalte lo emplaza a tomar un café para contarle al detalle. Fuentes de Anticorrupción consultadas por este periódico señalan que la operación no se precipitó por este motivo, aunque aseguran que los investigadores están indagando en cómo recibió la trama de corrupción los detalles de que la UCO estaba tras ellos.

A este responsable de la empresa que custodia los bienes que los cuerpos policiales incautan en Murcia le constan dos antecedentes en las bases policiales de la Guardia Civil. Una del 22 de diciembre de 2017 de la Unidad de Policía Judicial del cuerpo en Melilla como presunto autor de un delito de participación o cooperación con organización criminal; y una segunda del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Benemérita en Alicante, en la que figura como posible autor de un delito de malversación pública por la presunta "alteración y manipulación de elementos intervenidos en un depósito judicial omitiendo el deber de custodia y conservación".

Cuando los agentes lo detuvieron, hallaron en la sede de su empresa 125 mil euros en efectivo. Además, la investigación ha revelado que Soluciones de Gestión (la mercantil en el centro de la trama de adjudicaciones de contratos) transfirió a través de otra empresa de Víctor de Aldama (empresario clave de la red) 110 mil euros a una sociedad titulada por Pujalte. Está acusado de delitos de cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales

"Koldo habría recibido un préstamo de Rogelio de acuerdo a una anotación manuscrita hallada durante la entrada y registro realizada en la sede social mercantil Depósito Judicial de Murcia S.L.", reflejaron los agentes.

El tercer hermano de Koldo

En total, la UCO detuvo o citó a declarar como investigadas a 20 personas relacionadas con la adjudicación de contratos por valor de 53 millones de euros en plena pandemia. Además del asesor de Ábalos y su hermano Joseba García, a quienes Anticorrupción coloca en la cúspide del cobro de dinero y el blanqueo de capitales, fue arrestado un tercer hermano de la familia.

Andoni García reconoció que hizo una transferencia a su hermano el 8 de marzo de 2022 por importe de 21.500 euros en concepto de "préstamo Aita". Si bien los argumentos que dio distaron de ser parte de la red de mordidas. El hermano explicó que estuvo quedándose en un piso de su padre y que ese dinero lo dio en concepto de devolución por los dos años que residió en la vivienda. A cuenta de esto tuvo una pelea con Koldo, de hecho, y desde entonces no volvieron a hablar, dijo.

11 cargos públicos

Entre el 21 y el 22 la Guardia Civil desarrolló esta operación y citó a declarar como testigo a un total de 11 cargos públicos. Hasta esta semana había trascendido que el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, había sido uno de ellos, pero lo cierto es que fueron muchos más. En el foco hay 9 contratos de Puertos del Estado, ADIF, el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska y las comunidades de Canarias y Baleares.

La UCO tomó declaración a la que fuera presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Ana Pardo de Vera, como avanzó este medio, quien dijo que no le habían obligado a adjudicar los contratos a Soluciones de Gestión pero sí había recibido presiones del ministro Ábalos para pagar con "premura". Que Koldo, además, "era muy insistente". Declaró igualmente, el subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez, quien reconoció que había sacado documentos de Transportes el pasado mes de noviembre para entregárselos a Koldo en un sobre y que se los diera a su vez a Ábalos sobre contratos bajo investigación.

Asimismo, dieron su versión sobre cómo se gestaron las contrataciones de las mascarillas a empresas de la trama el secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, a quien el ministro Óscar Puente acaba de cesar; Michaux Miranda, Director General de Gestión de Personas de ADIF; Jesús Manuel Gómez García, el Subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible; Aránzazu de Miguel Peña del departamento de contratación de Puertos del Estado; María Belén Caballero, jefa de departamento de Contratación y Consejo de Administración adscrita a la Secretaría General de Puertos del EStado; Daniel Belmar Prieto, el subdirector general de Planificación y Gestión de infraestructuras y Medios para la Seguridad de la Secretaría del Estado de Seguridad hasta 2023; Jesús Ángel Díaz  Muñoz, jefe de Recursos Humanos ADIF; Marín José Navarro, director de Recursos Humanos ADIF; José Antonio Rodríguez González , director general de Coordinación, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; y Francisco Toledo Lobo, presidente de Puerto de Castellón en 2020 y luego de Puertos del Estado en 2021.