El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había ordenado suspender Telegram el pasado viernes después de una denuncia de Movistar+, Mediaset y Atresmedia que denunciaron que su contenido estaba siendo distribuido gratis a través de la aplicación de origen ruso. Pero tras el fin de semana, el togado ha reculado y ha acordado hoy dejar sin efecto definitivamente el bloqueo. El magistrado había pedido un informe de la Policía Nacional sobre el efecto que puede tener esta medida y señala ahora que el impacto de la medida era "desproporcionado y excesivo".

Pedraz ha adoptado dos decisiones este lunes. A primera hora de la mañana, requirió a la Comisaría General de Información un informe sobre la plataforma "así como la incidencia que pueda tener sobre usuarios dicha suspensión temporal". Este medio día, además, ha reculado de manera definitiva y sañala que aunque la plataforma se haya empleado para hechos delictivos, el perjudicio de paralizarla sería demasiado grave.

"Si se acordara la suspensión lo cierto es que supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas), pues, además de haber residenciado multitud de datos a los que ya no podrían tener acceso, en muchos casos se les impediría realizar labores de índole profesional. Además, como se sigue del informe policial, la medida cautelar contra Telegram tendría un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación puesto que la considera un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas", ha reflejado el juez en un escrito.

"Lo mismo podría decirse de algunos grupos, organizaciones o entidades de distintos tipo, que podrían estimar que ello afectará a sus mecanismos y procesos organizativos al privarles de una vía o canal de comunicación rápido y de gran alcance a su mercado diana", añade.

Este nuevo rumbo judicial, llega después de que el pasado 22 de marzo, el magistrado dirigiera un mandamiento a las operadoras de telecomunicaciones y acceso a Internet con autorización de operar en España para que en el plazo de tres horas desde la recepción de la comunición judicial procedieran a la suspención de todos los servicios que surtieran a Telegram. Estaba previsto que en las próximas horas la compañía dejara de operar en territorio nacional.

Se trataba de una medida cautelar por un delito de vulneración continuada de los derechos de propiedad intelectual. Unos derechos que afectaban a Movistar +, Movistar Plus, Atresmedia y Mediset puesto que a través de distintos canales de Telegram se distribuía información o programas de esas empresas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 consideró esta medida como "necesaria, idónea y proporcional" y no veía alternativa posible ya que llevaba meses pidiendo a Telegram su colaboración sin éxito. Tras la polémica desatada a raíz de su intervención, el juez prefiera ahora esperar a ver qué dice el informe policial antes de bloquear la app por la que se comunican unos 8,5 millones de usuarios en España.

La no colaboración

El magistrado había solicitado información a las autoridades de las islas Vírgenes con el fin de que informasen sobre determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para esta infracción. La petición se hizo el 28 de julio de 2023 y desde entonces no había habido respuesta.

La solicitud incluía información sobre los datos técnicos que permitieran esclarecer quién había tras las cuentas para que los responsables de la red social se hicieran responsables del contenido que alberga su plataforma. Por ellos, el magistrado consideró que si no había colaboración la única posibilidad era bloquear todo el sistema. "No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados", subrayó.

Algunas asociaciones habían tachado esta medida como totaltalmente desproporcionada. Así lo hizo, por ejemplo, la organización FACUA-Consumidores en Acción que advirtió este sábado de “los enormes perjuicios” que puede causar esta decisión judicial para “los millones de usuarios y para las empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas que difunden contenidos de forma lícita a través de sus canales en esta plataforma”.