El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene en su mano decidir quién se hará cargo de defender la amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en caso de plantearse cuestiones prejudiciales. Cuatro fiscales del Tribunal Supremo han venido trabajando desde 2017 en todos los asuntos relacionados con el procés tanto antes como durante y después del juicio, pero la ley de amnistía que está a escasos meses de entrar en vigor puede suponer un terremoto en el Ministerio Público y nadie se atreve a vaticinar bien qué puede ocurrir.

El Estatuto del Ministerio Fiscal deja plasmado en el artículo 25 el gran poder que tiene el jefe de la institución. "El fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos", reza. Además, obliga a que él siempre tenga que conocer los asuntos de "trascendencia" y a que el subordinado deba obedecer: "El fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes".

Que la Fiscalía es un órgano jerárquico a estas alturas no es ningún secreto, así que García Oriz ahora, como todos los fiscales generales que han pasado por el despacho que ocupa él, puede poner y disponer como estime conveniente. Y nadie duda que esto será así en el tema de la amnistía. "El fiscal general del Estado podrá designar a cualquiera de los miembros del Ministerio Fiscal para que actue en un asunto determinado, ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que el Ministerio Fiscal está legitimado para intervenir, oído el Consejo Fiscal", se lee justo en el siguiente artículo del reglamento interno, en el 26.

Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la investigación de Tsunami Democràtic. A pesar de que la mayoría de los fiscales de una de las secciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo creían que había indicios suficientes para investigar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo, el criterio de todos quedó en papel mojado. La discrepancia de los dos jefes de la Sala elevó la cuestión un escalón más arriba, hasta la teniente fiscal Mª Ángeles Sánchez Conde, que no siguió lo acordado por el grueso de sus subordinados, sino que eligió el camino propio. El de no ir contra Puigdemont como cabecilla de la plataforma que organizó los disturbios en Cataluña de 2019 porque, a su juicio, los indicios eran débiles.

Pero la jerarquía en ocasiones es complicada de conjugar con las togas. Y más cuando existe un escalafón en el que hay fiscales con más antigüedad y experiencia que García Ortiz que tendrán que recibir órdenes. Fuentes fiscales vaticinan fricciones internas a la hora de actuar con la amnistía. La Fiscalía debe tener un papel "activo", según algunas fuentes, lo que supondrá para los que han seguido de cerca el procés una contradicción con su manera de concebir el Derecho.

Basta con ver el dictamen de 160 páginas que ha redactado la Asociación de Fiscales (AF) rechazando la constitucionalidad de la ley del perdón y advirtiendo de que habrá desigualdad ante la Ley si se perdonan todos los delitos. Fiscales que han liderado la acusación del procés como Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, forman parte de esta asociación que es mayoritaria en la carrera.

Tanto ella como los otros tres compañeros con los que ha compartido esta labor -- Javier Moreno, Fidel Cadena y Javier Zaragoza-- se han enfrentado al fiscal general de forma notoria en alguna ocasión, por ejemplo, cuando el Gobierno redactó en su acuerdo con Junts la palabra lawfare. Este anglicismo que supone asumir que ha existido una persecución en los tribunales a miembros del independentismo por motivos políticos molestó mucho en todos los ámbitos de la judicatura y los cuatro fiscales pidieron el amparo de su jefe al considerarse agraviados por la labor que ellos habían realizado durante años persiguiendo los delitos de la cúpula secesionista catalana.

García Ortiz dijo en varios actos que todos los fiscales estarían siempre apoyados por el fiscal general y podrían desempeñar su trabajo con la misma libertad que siempre, si bien no condenó públicamente y a través de un comunicado (como lo hizo por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial) estos ataques a la Justicia. Lo cual se tomó muy mal por un grupo de la carrera.

El mosaico de resoluciones que puede dejar la desigual aplicación de la amnistía en los diferentes juzgados y tribunales amenaza con crear una escenario judicial nunca visto en la democracia reciente y esto, sin lugar a dudas, acabará afectando a la Fiscalía. Los cálculos sobre a cuántas causas afectará el perdón los guarda por ahora con celo el fiscal general. Tiene previsto hacerlos públicos una vez se apruebe la ley. Entonces y solo entonces se verá qué senda escoge el Ministerio Público y a quién encarga la batuta de las causas.

El artículo 27

Y siguiendo con el orden cronológico de los artículos, llega el 27. Uno que, cuando se pronuncia, pone a todos los periodistas en alerta porque anuncia que vienen problemas. Dentro de esta estructura piramidal, el 27 supone el único recorrido interno que tienen los subordinados para plantarse ante la orden de un superior. Cuando algún fiscal considera que lo que se le ha pedido es ilegal o, simplemente, no cree que deba cumplirla pide por escrito a su superior una suerte de cónclave para resuelver entre compañeros quién tiene razón.

En Anticorrupción, por ejemplo, se planteó uno el pasado mes de septiembre al jefe Alejandro Luzón se resuelvió entre la veintena de miembros de esa Fiscalía Especial. En el caso de la amnistía supondría llevar el asunto a la Junta de Fiscales de Sala, es decir, el generalato de la carrera, donde están las togas más experimentadas y preparadas del Ministerio Público.

García Ortiz tendría que someter su orden a votación interna si alguien se revolviera contra él. Pero incluso así, él tendría el máximo poder. La redacción del artículo dice explícitamente: "Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala". Oyendo y no obedeciendo, por lo que como con los nombramientos, el jefe debe asesorarse de los demás, pero puede terminar decidiendo lo que quiera. En este choque de trenes que algunos vislumbran, la última palabra la tendrá García Ortiz.