Francia avisó a España de sus nuevos hallazgos sobre 'Pegasus' sin que el juez de la Audiencia Nacional lo pidiera, según han confirmado fuentes de la investigación a El Independiente. La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 4 del órgano judicial José Luis Calama de reabrir la causa por el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Interior, Defensa y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas, respectivamente, coloca al Ejecutivo en una posición complicada por su relación con Marruecos y la multitud de indicios que apuntan a este país como presunto autor del ciberataque en 2021.

La Audiencia Nacional mantuvo algo más de un año la investigación sobre 'Pegasus' viva. Llamó a declarar a la que fue directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y a varios de sus subordinados, y tomó declaración por escrito tanto al ministro de Presidencia Félix Bolaños, que trabajaba en La Moncloa cuando atacaron el teléfono del presidente, así como a Marlaska y Robles. Sin embargo, el juez Calama consideró que las vías para esclarecer el asunto se habían agotado sin llegar a ninguna conclusión clara, por lo que el 10 de julio de 2023 archivó el asunto. En su escrito afeó a Israel --país al que pertenece la empresa NSO Group, dueña del software espía-- su falta de cooperación "absoluta".

Se da la circunstancia de que en el escrito de archivo, el magistrado dejó reflejado que la cuenta de correo [email protected] se encontraba tras el espionaje a los titulares de Interior y Defensa, pero no habían podido delimitar a quién pertenecía esa dirección. Tras una pequeña investigación, este medio constató que ese mismo mail había entrado también en los teléfonos de la activista prosaharuai Claude Mangin, de nacionalidad francesa, un alcalde galo, un diplomático del Frente Polisario y un periodista marroquí exiliado en Francia.

Esta información se publicó un día después del archivo de la causa con una conversación con la propia Mangin, histórica activista casada con el saharui Naama Asfari, que cumple actualmente una condena a treinta años de cárcel dictada por la justicia militar alauí por su defensa del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental. “¿Quién si no Marruecos se interesaría por mí, dado lo que represento como esposa de Naama Asfari?”, dijo a este medio.

A pesar de esta evidente conexión entre el caso francés y el español, el juez no reavivó las diligencias. Pero Francia sí movió ficha. La División Económica y Financiera Tribunal Judicial de París remitió mediante el vehículo de cooperación entre países (una Orden Europea de Investigación) la información que atesoran allí los tribunales sobre este asunto para requerir la que estaba aquí residenciada en la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas confirman que "fue a motu proprio" del país galo y no porque España lo solicitara previamente.

El juez entendió que estos datos eran relevantes para sus propias pesquisas y decidió reabrirlas. Un paso que pone entre la espada y la pared al Ejecutivo de Sánchez cuya relación con Marruecos se ha ido acercando en los últimos años hasta el punto de que en marzo de 2022 dio un giro histórico a la política exterior, anunciando el apoyo al reino alauí en su anexión del Sáhara Occidental. Una postura que primero había tomado el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Lo que pretende hacer ahora el juez Calama es cruzar los datos que ha facilitado Francia con los que ya atesoraba Madrid a través de una serie de "indicadores de compromiso" que, según indica en su escrito, se trata de un rastro que deja el sistema atacante al entrar en un móvil. Esto puede incluir "direcciones IP, nombres de dominio, archivos maliciosos, patrones de tráfico de red, comportamiento anómalo de usuarios" que puedan conducir al país que estuvo tras el espionaje. Por eso, el Centro Criptológico Nacional (CCN) -- dependiente del CNI-- debe ahora elaborar un nuevo informe.

Los caminos que llevan a Marruecos

Para entender por qué los caminos llevan a señalar a varios de los atacados a señalar a Marruecos hay que conocer sus perfiles y en qué fechas se hicieron las incursiones. El móvil de Sánchez fue infectado en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021 (el 13 de octubre de 2020, el 19 de mayo de 2021, el 12 de junio de 2021 y el 27 de diciembre de 2021).

El teléfono de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue espiado en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021. Concretamente las fechas fueron el 5 de junio, el 10 de junio, el 18 de junio y el 23 de junio de 2021. En el caso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, las intervenciones fueron dos: el 2 y el 7 de junio de 2021. Este periodo, precisamente, coincide con una de las mayores crisis migratorias de los últimos tiempos en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Cerca de 10.000 personas entraron a nado en un desafío del país magrebí que abrió sus fronteras como respuesta a la atención hospitalaria que se dispensó al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, durante la pandemia.

Los teléfonos intervenidos no fueron al azar. No se trató del móvil de la ministra de Igualdad o del de la ministra de Educación (todos los teléfonos de todos los miembros del Ejecutivo fueron revisados). 'Pegasus' entró en el dispositivo del ministro que se encarga de la seguridad de las fronteras controlando la Policía y la Guardia Civil y de la ministra que dirige al ejército. Dos maletines claves en la actuación de un problema fronterizo de estas características.

La intromisión en el teléfono de la activista Claude Mangin está fechada el 6 de julio de 2021, es decir, la misma ventana temporal que los políticos españoles. Y no fue la única en la que se recurrió a la misma cuenta (linakeller2203), al menos otras dos personas con las que estaba en contacto y vinculadas a la lucha saharaui sufrieron ataques idénticos. Se trata de Oubi Bachir, uno de los diplomáticos más sobresalientes del Frente Polisario que ejercía entonces como representante del movimiento en la Unión Europea, y Philippe Bouyssou, alcalde de Ivry-sur-Seine, la población de 55.000 habitantes en los alrededores de París en la que reside Mangin.

El juez Calama se encontró con frenos para poder avanzar el pasado año. Ni Bolaños, ni Robles, ni Marlaska quisieron acudir a testificar en persona, a pesar de que él lo prefería y así se los hizo saber para poder repreguntarles. Ellos debían ser los primeros interesados en que la investigación llegara a buen puerto, ya que la denuncia partió del propio Gobierno en 2022 a través de la Abogacía del Estado. Pero el Ejecutivo ni siquiera vio necesario desclasificar documentos del CNI sobre 'Pegasus' que el magistrado solicitaba porque, según contestó, no había nada secreto.

La investigación que se abrió en Francia en 2021 puede ahora arrojar algo de luz aquí. "Estas investigaciones determinaron que cada servicio que utilizaba el software 'Pegasus' creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números. Por tanto, es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación", indicó el juez en su auto de reapertura de este martes. Ahora está por ver si se consigue acreditar la autoría marroquí o si los hallazgos llevan a otros caminos distintos, puesto que este no es el único Estado que pueda estar interesado en los móviles de ministros tan claves en España.