Unas seis horas se prolongó este miércoles la Junta de Fiscales de Sala que tenía que decidir qué postura tomar en la denuncia que el novio de Isabel Díaz Ayuso había interpuesto contra dos fiscales por la filtración de sus datos. Pedir su admisión a trámite o rechazarla directamente era la cuestión a tratar. Ganó la segunda, la que defendía la 'número dos' de la Fiscalía Mª Ángeles Sánchez Conde. Pero fue por la mínima porque el debate fue intenso.

Las distintas fuentes consultadas presentes en la reunión explican que la conversación, que se llevó en términos "cordiales", giró en torno a tres cuestiones diferentes. Por un lado, decidir si las diligencias que pedía la fiscal María de la O Silva (a la que se le había asignado el asunto) eran o no pertinentes. Ella que acudió a la cita al inicio, a las 9:30 de la mañana, para exponer su punto de vista, proponía admitir la querella y solicitar que se intervinieran los correos y comunicaciones de sus jefes (el fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid) para saber quién había dado la orden sobre publicar estos datos de la pareja de Ayuso.

Por unanimidad, los 32 fiscales de Sala presentes rechazaron esta diligencia por considerarla "innecesaria" o "inútil". Los que pedían la admisión de la querella, no creían que intervenir estos correos fuera a arrojar luz a la investigación. "Nadie va a decir en un correo 'voy a filtrarle esto a la prensa'", dicen. Y los que proponían rechazar la querella con más motivo no veían sentido a la propuesta de Silva. Para qué querer saber de dónde vino esa orden, además, si ya el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hizo un comunicado institucional en el que se consideraba responsable último, exponen algunos.

Empezaron hablando del menos antiguo en la Junta al más longevo, por orden, una vez escuchadas las dos afectadas. El segundo núcleo de la conversación lo copó la polémica nota de prensa de la Fiscalía en la que se dieron datos de un correo entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal del caso. En este punto también hubo una abultada mayoría que despreció que esto se tratara de una revelación de secretos. La teniente fiscal expresó que no había delito porque lo que se había expuesto en ese documento para los medios ya se había publicado previamente en algún periódico y, por tanto, no era un secreto.

Así que el punto más complicado era el tercero, que trataba directamente de determinar si la querella debía admitirse o no. En la denuncia interpuesta por Alberto González Amador (pareja de Ayuso) se enumeran otras revelaciones de secretos más allá de la nota de prensa, basadas en datos tributarios, correos electrónicos y algunos detalles fiscales que fueron difundidos a raíz de que se conociera que se le estaba investigando por un fraude a Hacienda. Aquí la división fue total, mucho mayor de la que algunos llegaron a vaticinar en un inicio.

Hubo algunas posiciones intermedias como la de los fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) Fernando Rey y María José Segarra que no votaron con la teniente fiscal, sino que consideraban que sí podía haber indicios de delitos pero no había pruebas de que hubieran sido los dos fiscales querellados. Por tanto, eran favorables a admitir la querella a trámite pero devolviéndola a un juzgado de Plaza de Castilla en el que se indagara en la filtración como tal.

Por otro lado, un total de 13 fiscales estaban a favor de pedir la admisión del asunto sin ambages, por un asunto de tutela judicial efectiva. Estos fueron Pilar Fernández Valcarce, Javier Zaragoza, José Ramón Noreña, Antonio Narváez, Consuelo Madrigal, Rosa Ana Morán, Jaime Moreno, José Miguel de la Rosa, Fidel Cadena, José Javier Huete, Pilar Martín Nájera, Francisco Moreno y Manuel Moix.

Con la teniente fiscal se posicionaron otros 16 fiscales, es decir, en contra de que el tema tenga recorrido judicial: Pilar Barrero, Joaquín Sánchez -Covisa, Jesús Alonso, Esmeralda Rasillo, Antonia Sanz Gaite, Teresa Peramato, Manuel Martín-Granizo, Luis Miguel López Sanz-Aranguez, Francisco Jiménez-Villarejo, Beatriz Sánchez, Luis del Río, Ana Isabel García León, Dolores Delgado, Ángel Javier Muñoz, Miguel Ángel Aguilar. Por su parte, Pedro Crespo se ha abstenido puesto que su mujer Almudena Lastra es la fiscal superior de Madrid y conoció cómo se fraguó toda la polémica al rededor de la nota de prensa.

Ahora la decisión queda en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que puede hacer lo que quiera, puesto que el informe de la Fiscalía es preceptivo pero no vinculante.