La apertura de una investigación sobre las actividades de Begoña Gómez ha ocasionado un verdadero terremoto político con amago de dimisión del presidente del Gobierno incluido. La denuncia de Manos Limpias que se ha presentado en el Juzgado de instrucción número 41 de Madrid es un compendio de recortes de prensa a los que distintas fuentes jurídicas no le ven mucho recorrido, pero lo importante en este asunto es con qué tipo de indicios juega el juez Juan Carlos Peinado.

El asunto nace de las distintas informaciones que lleva publicando semanas El Confidencial que se han centrado principalmente en dos hechos: la relación de Gómez con algunos empresarios que luego consiguieron un rescate del Gobierno y su firma en una carta de recomendación de otro empresario que acudió a un concurso público y que más tarde ayudó a la mujer del presidente a montar un máster de enseñanza.

Uno de estos empresarios es Carlos Barrabés, que diseñó el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que actualmente dirige la esposa de Sánchez. Begoña Gómez firmó una carta de apoyo en 2020 a una UTE (Unión temporal de Empresa) en la que estaba Barrabés apoyándola en su presentación de una licitación de 7,7 millones de euros del Ministerio de Economía. La UTE finalmente se llevó el contrato.

«La dirección del Máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE (Fondo Social Europeo). Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados», decía la carta con la rúbrica de Begoña Gómez, según publicó el citado medio. Es difícil saber si estas cartas de recomendación provocaron directamente que ese contrato se adjudicara suponiendo así un delito. Fuentes jurídicas recuerdan que el hecho de que algo "no sea estético" no siempre quiere decir que sea delictivo. Pero este es uno de los indicios que están sobre la mesa del magistrado.

Para Manos Limpias "la denunciada, prevalíendose de su estatus personal (esposa) del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas", y esto, a su juicio, puede encajar en un tráfico de influencias.

Otro de los asuntos bajo el foco es la relación del director de Globalia, Javier Hidalgo, dueño de Air Europa, con Gómez. Según fue publicado, Barrabés los presentó. A través de la sociedad Wakalua, la dueña de Air Europa apoyaba económicamente al África Center del Instituto de Empresa (IE) que dirigió la esposa de Sánchez. La empresa de aviación fue rescatada por el Estado en forma de préstamos por valor de 615 millones de euros en 2020.

El juez tendrá que ponderar igualmente hasta qué punto la relación entre Hidalgo y Gómez fue decisiva a la hora de adjudicar una inyección de dinero de estas dimensiones. Esclarecerlo con el relato de los dos periodistas que están citados a declarar el próximo día 10 de mayo no será sencillo. Una vez el juez los haya escuchado, tendrá que decidir si los mimbres son sólidos para seguir investigando y, en su caso, citar a más testigos o a la propia esposa del presidente del Ejecutivo.