El mismo juez que ha aceptado la denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, decidió el pasado mes de enero investigar al gerente de la empresa de transportes del Ayuntamiento de Madrid (EMT), Alfonso Sánchez, por un contrato a dedo que entregó a la empresa del digital Okdiario a raíz de una denuncia de Podemos. Además, este magistrado Juan Carlos Peinado fue el que abordó la investigación para esclarecer el envío de una navaja a la exministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto en plena campaña electoral en 2021.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid no pertenece a ninguna asociación judicial, pero después de que a mitad de este mes de abril haya admitido a trámite la denuncia de Manos Limpias por las actividades de la mujer del presidente con algunos empresarios, se ha tratado de vincular a Peinado con la derecha y se ha hecho público, por ejemplo, que su hija es concejal por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023.
Lo cierto es que este juez de instrucción, que ha tratado sin éxito de moverse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tiene en su historial causas de distintos colores. Según confirman fuentes jurídicas a El Independiente, él admitió hace unos meses una querella que presentó el partido de Ione Belarra por la adjudicación en diciembre de 2022 de un evento que la EMT entregó de forma discrecional a Okdiario pagando 72,600 euros, una cantidad cuatro veces superior a la que había pagado meses antes a otra empresa por un acto similar.
El togado imputó en enero al gerente de la empresa pública madrileña, Alfonso Sánchez, por un presunto delito de malversación de caudales en este acto, en el que participó el propio alcalde, José Luis Martínez Almeida. Podemos consideraba sorprende que se eligiera al medio de comunicación para organizar un evento si el digital que dirige Eduardo Inda no se dedica a este tipo de actividad y que se pagara mucho más de los 22.469 euros que se le había pagado anteriormente a una empresa del sector.
Las pesquisas siguen abiertas y Juan Carlos Peinado tomó declaración el pasado viernes tanto al gerente de la EMT como a una trabajadora que redactó el pliego para la contratación.
La navaja de Maroto
Él fue también quien llevó a término la investigación por la navaja que simulaba estar ensangrentada y que fue enviada a Reyes Maroto cuando formaba parte del Ejecutivo hace tres años. La exresponsable de la cartera de Industria recibió una misiva en el Ministerio donde el control de seguridad detectó la presencia del arma blanca que se había colocado entre dos CDs. El hallazgo provocó un escándalo en plena campaña electoral de Madrid y el PSOE fue acusado por la oposición de utilizar este incidente a su favor.
Maroto denunció los hechos en la comisaría de la Policía Nacional del Congreso y aunque, inicialmente, recayó en el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid que estaba de guardia, posteriormente el asunto fue asumido por el Juzgado 41, el de Peinado.
Los agentes identificaron a un hombre que residía en El Escorial con problemas mentales como autor de los envíos, así que Peinado tuvo que esclarecer si esta incapacidad lo convertía en inimputable y encaminó las diligencias a delimitar la responsabilidad penal del individuo. En febrero de 2022, el togado transformó la causa en un delito leve de amenazas y lo envió a juicio.
Además, ha instruido más casos como la imputación de 12 periodistas por supuesta revelación de secretos tras informar sobre la causa de los CDR, asunto que terminó archivado. Con la admisión ahora de la denuncia de Manos Limpias, Peinado ha entrado en el ojo del huracán ganándose críticas de parte de la opinión pública que lo acusa de haber aceptado un documento, de la asociación que dirige Miguel Bernad, que únicamente contenía recortes de prensa e informaciones periodísticas contra Begoña Gómez sin ningún indicio adicional. Algunas asociaciones de prensa han salido a defender el trabajo de los jueces.
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