Si el ambiente antes de que el presidente del Gobierno se tomara unos días de reflexión era ya tenso en los tribunales, las palabras de Pedro Sánchez en el discurso en el que ha anunciado su permanencia ha terminado de confirmar las sospechas de muchos de los que trabajan con toga. "Seremos su primer objetivo", creen en el seno del Poder Judicial donde piensan que Sánchez buscaba una justificación para impulsar medidas que modifiquen la forma de actuar de los jueces. A su vez, otros magistrados llaman a la serenidad.

"Ya tiene una coartada para justificar reformas en materia judicial y al máximo nivel: salvar a España del lawfare", refleja una fuente del alto tribunal. Varios de los consultados allí creen que el presidente va a utilizar su experiencia personal sobre la causa abierta contra su esposa Begoña Gómez como herramienta mediática con la que defender la inmediatez con las que va a abordar estas medidas.

Aunque Sánchez no se refirió ni someramente a la Justicia en sus palabras de este lunes y, más bien, centró los ataques en la prensa, muchos dicen leer entre líneas. Creen que está claro que "algo va a cambiar". Una reflexión en sintonía con el mensaje que puso el presidente tras comparecer en su red social X: "Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Os lo garantizo".

Y para muestra un botón. Distintas voces ven en las preguntas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el marco de la encuesta sobre la carta que Sánchez dirigió a la ciudadanía, toda una estrategia de modificar la opinión pública. "Pensando en el caso de la situación de la justicia en España; en su opinión, ¿cree que actúa siempre de forma imparcial o en ocasiones se ve influida por los poderes políticos o económicos?", preguntó el centro que dirige José Félix Tezanos desde que llegó el PSOE a La Moncloa. El 82.6% contestaron afirmativamente a esa pregunta. No fue la única. El 81,4% dijo ver necesario "una reforma de la situación de la justicia actual".

"Ya tiene una coartada para justificar reformas en materia judicial y al máximo nivel: salvar a España del lawfare"

En lo que se refiere a concretar qué caminos recorrerán estas "reformas", fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son contundentes, Sánchez hará "todo lo que tenga que hacer, para eso ha teatralizado esta pantomima". Allí intuyen que renovar el órgano que lleva en funciones desde 2018 será una de las prioridades del líder del PSOE. Es más, ya lo era. Y así lo dejó claro en su posterior entrevista en TVE cuando señaló que su "responsabilidad" era buscar otras vías para renovar el Consejo.

En el alto tribunal apuntalan esta teoría y creen que Sánchez reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se hagan todos los nombramientos del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia a su medida. "Con su mayoría en el nuevo consejo, cambiará así el perfil de las salas judiciales de la más alta instancia, cuando no le gusten. Como hizo con el Tribunal Constitucional", apuntan. Pero allí son más concretos inclusos y creen que el líder socialista puede ir más allá y meter el bisturí en la forma de designación y reparto de los asuntos que entran en los juzgados y tribunales, por ejemplo.

Señalan la posibilidad de que se modifique el sistema de selección de jueces para "favorecer en la judicatura otros perfiles que gusten más al presidente y a sus socios". Sobre esto, el actual presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, ha ofrecido algunas ideas, siempre "a título personal", consciente de que muchos de los vocales del órgano no comparten un cambio en el método de selección. Para Guilarte, que el proceso pasara por las universidades o que los propios magistrados del Supremo eligieran a sus compañeros sería una opción que restaría atractivo político a la renovación del Poder Judicial y, por tanto, se desencallaría.

Pero otros miembros del Supremo llaman a la calma. "No ha dicho nada concreto porque no ha concretado nada. Si hemos de estar a lo que declara, él la última vez dijo que seguía creyendo en la Justicia", indican. Por eso, añaden, que no es el momento más oportuno para abrir una polémica como la de rebajar las mayorías parlamentarias para poder renovar el CGPJ. Algo que, por otro lado, no estaría en concordancia con los valores de la Unión Europea y en el Gobierno lo saben. "Lo que tenemos que hacer todos es tranquilizarnos", agregan.

En este lado del río nadan también quienes piensan que "hay mucho ruido polarizante" y que los jueces "no estamos dando imagen de sosiego que es lo que debe ser el ámbito de la Justicia". Creen algunas fuentes consultadas en la alta judicatura que la encuesta del CIS se refiere más bien a la "desafección de los ciudadanos por el deficiente funcionamiento [de los tribunales] por las dilaciones indebidas y no por la imparcialidad".

Una de las preguntas del instituto de estadística se refería específicamente al proceso abierto contra Gómez y cuestionaba si la causa judicial "por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada, o cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño". Un 48,2% afirmaba que era así. Este tipo de preguntas ha provocado la reacción en las redes sociales de algunos jueces, como Natalia Velilla, quien hablaba de "preguntas capciosas o argumentativas".

En estas posturas más conciliadoras, algún otro miembro del CGPJ considera que Sánchez "ha perdido una gran oportunidad para tender puentes y para lanzar un mensaje de concordia". Todos los consultados en el gobierno de los jueces considera que cualquier movimiento dirigido a tomar atajos para la renovación del órgano "nos debe mantener alerta en defensa del Estado de Derecho conforme a los estándares y principios de la Unión Europea".

La ley que entrega la investigación a los Fiscales

Otro de los temores que circula en la cúpula judicial es el de que el impulso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que entrega la instrucción a la Fiscalía en vez de a los jueces sirva para hacerse con el control de las investigaciones desde el Gobierno. "Y la investigación a los fiscales porque... ¿de quién depende la Fiscalía?", apunta una fuente del Supremo.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha apremiado al órgano de gobierno de los jueces para que redacten el informe sobre esta LECrim que el Ejecutivo pretende aprobar en esta legislatura después de que en la anterior lo prometieran, pero no lo llevaran a cabo. También el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha creado un grupo de trabajo con las asociaciones de fiscales para ver qué reformas se deben acometer en el Estatuto que les rige para obtener esa independencia del Gobierno y poder coger las riendas de las investigaciones sin ningún tipo de presión externa.

Sea cual sea la reforma que esté masticando La Moncloa, el temor llega también a las asociaciones judiciales. "Las medidas que se dice que se van a promover desde el Gobierno mucho nos tememos que se refieran a la Justicia, presentada interesadamente y desde hace tiempo, como enemiga de la democracia, cuando es justo lo contrario", dice el juez Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI).

La opinión de las asociaciones

En este sentido, las asociaciones no ven en la rebaja de las mayorías por el Parlamento una solución para renovar el CGPJ. "Sería una reforma inútil si lo que se quiere es controlar a los jueces y que maticemos la investigación de según qué causas, pues el CGPJ no puede dar instrucciones a los jueces sobre sus asuntos", explica Portillo que tacha esto de "excusa" para "lanzarse al abordarse" del Poder Judicial.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, advirtió ayer de la importancia de que pacten los políticos: "Tendrá que ser posible (...) la situación es insostenible", dijo en un acto organizado en la Universidad Complutense, recogido por Europa Press. En esta senda transitó también el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JjJpD), Edmundo Rodríguez, que apeló al sentido institucional de los políticos y dijo que primero se trataba de pactar y luego "todos los partidos y los profesionales del derecho, de la judicatura, todos los que tienen que ver con el mundo judicial" se deben sentar "para llegar a un gran pacto que permita solucionar esta crisis y que no vuelva a repetirse".

Además, Guilarte también quiso hacer un llamamiento a la calma y defendió al juez Juan Carlos Peinado, responsable de las diligencias contra Begoña Gómez, enmarcando su actuación en la "normalidad". "Me limito a defender la actuación judicial. Me parece un poco desproporcionada la relación de causa-efecto que se ha producido", expresó.