El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a una semana intensa, consciente de que el Tribunal Supremo puede ponerlo en un brete por su política de nombramientos, de nuevo; de que el Senado va a reprobarlo; y de que la denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso a dos fiscales puede terminar complicándose. En su entorno, aseguran que está fuerte para enfrentarse a lo que viene.

Empezando por lo primero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estudia este martes el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala, la máxima categoría de la carrera y distintas fuentes jurídicas dan por hecho, en base a una sentencia anterior, que las noticias para García Ortiz van a ser malas. En realidad, el alto tribunal ya anuló el primer ascenso de Delgado a fiscal togada y acusó al fiscal general de "desviación de poder", señalando que en realidad la promovió "automáticamente" por ser su antecesora.

En este caso, la impugnación se basa en el siguiente paso: la promoción de fiscal togada a fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Este nombramiento fue recurrido tanto por la Asociación de Fiscales (AF), como por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y por el fiscal que solicitó la plaza Luis Ibáñez. El asunto de fondo está en que el pleno del Consejo Fiscal en el que se realizó este nombramiento no se debatió la afectación que podía tener en la designación el hecho de que la pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón tuviera un despacho especializado en derechos humanos.

Las asociaciones de fiscales sostenían que podía haber razones de "incompatibilidad" de la exfiscal general para el cargo por el hecho de que Garzón fuera defensor de muchos de estos asuntos. Pero García Ortiz rechazó de plano debatir sobre ello y los consejeros entendieron que se les había hurtado la posibilidad de discutir sobre este asunto de importancia en la creación de esta nueva Fiscalía a raíz de la Ley de Memoria Democrática.

La decisión de la Sala de lo Contencioso es de vital importancia para que Delgado siga formando parte de la cúpula fiscal. De lo contrario, tendrá que descender un escalón en el escalafón y volver a su puesto de fiscal en la Audiencia Nacional, indican fuentes jurídicas.

La segunda ofensiva contra el fiscal general será en el plano político. El miércoles, el Senado tiene previsto proponer el cese al Gobierno de Álvaro García Ortiz. Él ni siquiera va a estar allí, explican fuentes fiscales, pero es un hecho simbólico para continuar con la política de desgaste que el PP está creando en torno a la figura del Ministerio fiscal.

En el escrito en el que insta al Ejecutivo a que lo releve, el partido de Alberto Núñez Feijóo dice que, desde su nombramiento en agosto de 2022, su gestión "ha estado rodeada de polémica" debido a "los escándalos que protagoniza y que dañan la imagen de una más de nuestras instituciones".

El tercer y último peldaño de esta semana se ubica en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Es un secreto a voces en círculos judiciales que el presidente de este tribunal, Celso Rodríguez, está ultimando el escrito con el que admitirá la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra dos fiscales por presuntamente filtrar datos confidenciales de su causa.

Esto puede suponer un doble varapalo para García Ortiz y su núcleo más cercano. De un lado, contra la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, cuyo criterio (coincidente, eso sí, con la cúpula fiscal) fue inadmitir la querella de Alberto González Amador por considerar que no ha existido ninguna revelación de secretos. Él dice que el hecho de que la Fiscalía hiciera pública en una nota de prensa unos correos con su abogado afecta a sus más íntimos derechos. Ella, en cambio, señala que como los mails ya se habían publicado con anterioridad en la prensa y, por tanto, no se desveló nada bajo llave.

De otro lado, contra el propio García Ortiz y los dos fiscales querellados. La denuncia se dirige contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso Julián Salto, pero distintas fuentes creen que la investigación puede terminar afectando a la cabeza del Ministerio Público. De hecho, él mismo se ha arrogado la responsabilidad última nota de prensa de la polémica en una declaración institucional que hizo hace dos semanas. El documento de prensa se publicó para explicar por qué el letrado de González Amador había propuesto un pacto a la Fiscalía tras su fraude a Hacienda y no al revés como se había hecho público, pero el ingrediente de un entrecomillado del mail provocó el rebote de la pareja de Ayuso.

Así las cosas, si la investigación finalmente se abre, las consecuencias pueden ser impredecibles porque habrá que analizar cómo se sucedieron las órdenes dentro de la Fiscalía e intimar con el derecho a la información. Dos derechos, el de la intimidad y el de la libertad de prensa, nada fáciles de conjugar.