Jueces y fiscales del Tribunal Supremo se muestran incrédulos ante el paso que ha dado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para tratar de apartar a cuatro de los cinco miembros de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que tienen que decidir sobre su continuidad al frente de la Fiscalía. A su juicio, no pueden ser los mismos que lo acusaron de "desviación de poder" los que ahora resuelvan este nuevo asunto porque están "contaminados", pero fuentes del alto tribunal ven esta estrategia un error y algunos lo comparan con la actuación del expresident Carles Puigdemont tratando de desprestigiar a los jueces.

La sorpresa este miércoles era palpable en el Supremo después de que El Independiente desvelara las recusaciones que había planteado García Ortiz hace unos días. Más allá de los afectados, pocos sabían que el fiscal general del Estado se había personado con un abogado particular en el procedimiento iniciado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para decidir si el Gobierno erró al volver a nombrarlo jefe del Ministerio Público tras una sentencia del Supremo que censuraba su política de nombramientos a cuenta de la promoción a Dolores Delgado.

"Insólito", decían tres de los consultados. "Estrategia errónea", explicaba otro. "Esto sólo se lo habíamos visto a Puigdemont", contaba uno más. El paso dado por García Ortiz es una muestra del episodio de creciente tensión entre la Fiscalía y los tribunales, toda vez que la Sala de lo Contencioso ha vuelto a anular esta semana un nombramiento que él hizo a la exministra Delgado para ponerla al frente de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El choque de trenes esta vez puede provocar que los pesos pesados del alto tribunal tengan que intervenir para decidir si dan la razón en este paso previo a la sentencia al fiscal general o a los magistrados que, según distintas fuentes, no tienen previsto apartarse voluntariamente. García Ortiz defiende que el hecho de que esa Sección Cuarta haya intervenido en un fallo anterior contra él acusándolo de desviación de poder y que, además, lo hiciera sin nisiquiera escuchar su versión hace incompatible que ahora sean objetivos para determinar si el Ejecutivo tuvo que haber cambiado de jefe de la institución. Y, cierto es, que alguna fuente fiscal también ve lógico esta petición.

"Entendemos que toda la Sala que dictó dicha sentencia [sobre la desviación de poder], está contaminada por aquella, y que sus decisiones se verían condicionadas por resoluciones anteriores por razones de mera coherencia y no contradicción entre resoluciones", expone él en el incidente de recusación al que ha tenido acceso este medio.

Los recusados son Pablo Lucas, Luis Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero. Deja al margen a Pilar Teso porque no fue ella, sino Celsa Pico la quinta miembro de aquel tribunal. El hecho de que el recurso de la Apif se apoye precisamente en esa sentencia, "condiciona de manera absoluta el resultado del pleito", indica el fiscal general.

"La sentencia es pues una parte troncal de los razonamientos de la demanda. El ejercicio del derecho de defensa nos obliga a contradecirla, y, por ende, se entiende que por ello que el tribunal que la ha dictado no es, ni puede ser, ni puede parecer imparcial al examinar sus propios hechos, fundamentos y conclusiones", dice.

Una vez los magistrados decidan si aceptan dar un paso al lado, el tema podría escalar llegando a la "Sala del 61", conocida así porque se recoge en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ésta rara vez tiene que intervenir, se utiliza para recusaciones masivas (como este caso) o para ilegalización de partidos políticos, por ejemplo.

Que se reúna implica que van a intervenir los magistrados con más peso del alto tribunal, siendo el presidente del propio Supremo y los de cada Sala, así como el magistrado más antiguo y más nuevo de cada una de ellas. El órgano se divide en cinco Salas distintas. Francisco Marín Castán preside la primera, que participará igualmente por su condición de presidente del tribunal de forma interina; el penalista Manuel Marchena la Sala Segunda; la Tercera está presidida por Pablo Lucas, pero es uno de los que está recusado; la Cuarta por Antonio Sempere y la Sala Quinta por Jacobo Barja de Quiroga.

Las citadas fuentes creen que este asunto se puede resolver en las próximas semanas y, en función del resultado, García Ortiz podría volver a colocarse en el ojo del huracán. Esta semana ha sido especialmente complicada para él después de que el Supremo volviera a anular el nombramiento de Delgado como se ha mencionado y de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya decidido abrir una causa tras la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra dos subordinados suyos por contribuir a la publicación nota de prensa de la que él se ha hecho responsable último. Además, el Senado con la mayoría del PP ha votado este miércoles instar al Ejecutivo a su cese, si bien el Gobierno no puede cesar al fiscal general por ley, puesto que la norma está hecha para garantizar su independencia.