El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recusado a cuatro de los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que son los que tenían que decidir si sigue siendo jefe de la Fiscalía o no, según avanzan fuentes jurídicas a El Independiente. García Ortiz considera que no deben ser ellos los que resuelvan sobre este asunto habida cuenta de que ya firmaron una sentencia anterior en la que lo acusan de "desviación de poder" y, por tanto, podrían no ser objetivos a la hora de determinar si el Gobierno erró al elegirlo cuando el Poder Judicial no lo consideraba conveniente para el puesto.

La denuncia al Supremo parte de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que presentó el pasado mes de febrero un recurso contra la decisión del Ejecutivo de renovar a García Ortiz en el cargo. Su trayectoria en la legislatura anterior, cuando sucedió a Dolores Delgado, lo convirtió a ojos de la APIF en "no idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España", según precisó la asociación en la nota de prensa que distribuyó entonces.

Esa impugnación venía motivada principalmente por un hecho: que el alto tribunal lo había señalado por abusar de su poder al haber ascendido a Delgado a fiscal de Sala como una especie de trato de favor y no por méritos y capacidad. La sentencia de noviembre de 2023 fue muy contundente. Los magistrados de la Sección Cuarta dieron por acreditado "que la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal" y usó "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico".

Los mismos togados que dejaron esto por escrito son los que ahora deben revisar si, tras su propia sentencia, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez hizo bien en volverlo a colocar a García Ortiz en la cabeza del Ministerio Público. Esta Sección de la Sala Tercera del Supremo es la que dispone sobre temas de personal o derechos fundamentales, mientras que otras Secciones se reparten recursos medioambientes u otro tipo de reclamaciones contra el Estado. Por eso, esta decisión vuelve a recaer en ellos.

García Ortiz considera que con estos antecedentes, su caso debe ser revisado por otros jueces del órgano que no tengan en el currículum fallos contra él. Por eso, según ha podido confirmar este medio, ha presentado las citadas recusaciones que ha nutrido, además, en algún caso como el del magistrado José Luis Requero con un artículo de opinión publicado en La Razón al día siguiente de la sentencia en el que habla de una Fiscalía General del Estado y un Tribunal Constitucional "apesebrados".

En las próximas semanas se decidirá si los jueces aceptan o no estas recusaciones citadas fuentes consultadas se inclinan por señalar que no ven ningún motivo para que deban alejarse de esta resolución.

En ese caso, el asunto escalará y tendrá que resolverlo una Sala especial que muy rara vez actúa en el Supremo. Se trata de la conocida como "Sala 61" porque se regula en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta está compuesta por el presidente del Tribunal Supremo (actualmente Francisco Marín Castán de forma interina) y los cinco presidentes de Sala, así como los magistrados más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

La regulación señala que esta Sala debe resolver "de los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala", como es este caso. Las fuentes consultadas en el alto tribunal explican que en el caso de que todos los togados de la Sección Cuarta tuvieran que dar un paso al lado, debería entrar en juego entonces otra de las Secciones para resolver este sensible asunto.

La Sala de lo Penal rechazó el recurso del PP

En el terreno de lo Contencioso-Administrativo se han sucedido ya distintos varapalos a la gestión de García Ortiz en estos años. El último este mismo martes cuando la citada Sección volvió a anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Sin embargo, en el plano de lo Penal la suerte ha sido otra. El pasado 15 de abril el Tribunal Supremo decidió no admitir a trámite una querella interpuesta por el PP contra el fiscal general por estos ascensos a Delgado. El recurso se fundamentaba en ese mismo fallo sobre la "desviación de poder" y consideraba que García Ortiz podía haber cometido prevaricado al haber tomado esa decisión a sabiendas de que era injusta.

La Sala que preside Manuel Marchena perfiló los límites de ese delito explicando que no cabía "trasladar de forma automática" la desviación de poder "al ámbito de lo penal del delito de prevaricación". Y que aunque es García Ortiz el que propone el nombramiento de su antecesora, formalmente, es Pedro Sánchez quien rubrica todos estos ascensos.