La jueza titular del juzgado de instrucción de Esplugues de Llobregat que investigaba a Shakira por fraude fiscal ha decretado el archivo provisional de la causa después de que la Fiscalía retirara su acusación. La cantante estaba acusada de defraudar 6,6 millones de euros a Hacienda en 2018, pero fue el propio Ministerio Fiscal quien pidió este miércoles su archivo, y lo mismo hizo la Agencia Tributaria y el Govern catalán. Por tanto, el juzgado no tenía otra opción que cerrar el caso.

"No basta con la comisión del delito contra la Hacienda pública que se hayan producido irregularidades en la declaraciones tributarias presentadas", recoge la jueza en el auto al que ha tenido acceso este medio, "sino que también se precisa que dicha conducta se haya llevado a cabo con el ánimo de defraudar a la Hacienda Pública". "En el presente caso no existe indicio alguno que pueda acreditar que Shakira (…) de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información".

En su querella, presentada el pasado octubre, la Fiscalía acusaba a Shakira de crear “un entramado societario” de al menos 20 empresas con sedes en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Malta y Panamá con el único objetivo de pagar menos impuestos en España en el año 2018, concretamente de seis millones de euros en IRPF e impuesto sobre el patrimonio. El escrito, que sorprendía por su contundencia al respecto, acusaba a la cantante colombiana de ser perfectamente consciente de que tenía que pagar esos tributos en España, puesto que entonces residía oficialmente en Esplugues de Llobregat (municipio de la provincia de Barcelona) junto al exfutbolista Gerard Piqué y sus dos hijos.

Pero la querella aseguraba que había tejido una burda red con el fin de sortear sus obligaciones fiscales, de forma voluntaria. El documento se presentó cuando estaba a punto de concluir el otro juicio por fraude fiscal que tanta repercusión mediática ha tenido durante los últimos años, y que hacía referencia a años anteriores. Shakira aceptó en noviembre una condena de tres años de cárcel por fraude tributario, que no le comportó entrar a prisión.

"El archivo judicial, que había sido solicitado por la defensa hace más de tres meses, demuestra que nunca hubo comportamiento defraudatorio por parte de la cantante. Nuestra cliente está totalmente satisfecha con que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, pero su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí", ha valorado el abogado de la artista, Paul Molins, en un comunicado enviado a los medios.