A nadie en el mundo judicial gusta la causa que se acaba de iniciar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a cuenta de un posible delito de revelaciones de secretos que ha denunciado el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Unos porque ven la investigación un despropósito: jueces indagando en fiscales. Otros la ven necesaria para "depurar responsabilidades", pero reconocen que es desagradable. Y futuro depende de tres nombres propios y dos versiones totalmente contrapuestas que circulan por la Fiscalía.

Para empezar por los cimientos, hay que remontarse a la inspección fiscal que Hacienda emprende contra González Amador hace meses. La Agencia Tributaria vio posibles delitos y pasó la pelota a la Fiscalía que empieza a indagar en el Impuesto de Sociedades del empresario de 2020 y 2021 por un posible fraude de 350.951 euros. Su abogado se entera y envía un mail el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía para "canalizar y alcanzar" "de la forma más pronta posible" una conformidad. Reconoce el delito.

A partir de aquí, todo comienza a enredarse. En la querella presentada por la pareja de Ayuso se describen distintas filtraciones tanto en el día previo como en los posteriores a que el fiscal del caso, Julián Salto, interponga la denuncia contra él el 7 de febrero. Y este es el primer nombre propio de vital importancia. El letrado de González Amador se intercambia una comunicación con Salto en la que dice: "Estudiado el asunto y de común acuerdo [...] les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cueto e intereses de demora".

Pero esto se filtra inicialmente a El Mundo al revés, como si la Fiscalía hubiera pretendido alcanzar un pacto primero y por "órdenes de arriba" no se hubiera fraguado. Para rebatir esta información errónea el 14 de marzo 2024 la Fiscalía de Madrid emite una "nota informativa" con una cronología de los hechos y copiando fragmentos literales del correo. Ahí ven los denunciantes un delito de revelación de secretos porque se está distribuyendo a la prensa las comunicaciones internas fiscal-abogado.

Para la Fiscalía no hay delito porque prevalece el derecho a la información veraz y certera, pero sobre todo porque ese mail ya se había difundido mucho más extenso el día anterior. Y así fue, la Cadena Ser lo había publicado casi completo. Aquí está la primera cuestión que el Tribunal Superior de Justicia pretende esclarecer: ¿Cómo pudo tener un medio un mail que solo estaba en propiedad del fiscal Salto y el abogado de González Amador?

El relato de Salto en este punto es de vital importancia, y fuentes que conocen su versión, aseguran que a él lo sacaron de un evento en el que estaba para pedirle que remitiera esos correos a sus jefes. Si este fiscal de Delitos Económicos quisiera contar con pelos y señales cómo ocurrió la secuencia podría poner a sus superiores en el disparadero. Y no es menor el detalle de que él haya rechazado la defensa de la Abogacía del Estado y haya preferido ir a los tribunales de la mano de un letrado propio.

La querella de González Amador se dirige contra él y contra la fiscal jefa de Madrid Pilar Rodríguez. El siguiente nombre propio. En este caso, las fuentes consultadas señalan que ella estuvo de acuerdo con publicar esa aclaración de los hechos y cerrará filas con la versión oficial del Ministerio Público: no hubo revelación de secretos, sólo una intención institucional de combatir la desinformación.

Así que el tercer nombre propio es determinante: Almudena Lastra. La fiscal Superior de Madrid (un escalón por encima de Rodríguez) llegó a pedir por escrito que se le diera la orden de hacer pública esa información del caso, según detallan distintas fuentes. Ella no estaba de acuerdo con emitir esa nota y así lo ha hecho saber a los compañeros que le han preguntado. Desde que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid interpusiera la querella, ella dio un paso a un lado sobre los posicionamientos iniciales porque entendía que, eventualmente, podrían llamarla a declarar. Fuente jurídicas dan por hecho que así será y que, aunque la denuncia no vaya contra ella, el juez instructor Francisco José Goyena querrá escucharla como testigo. "Su relato puede arrojar mucha luz", dicen citadas fuentes.

El camino de la Fiscalía

En esta investigación se dará la extraña situación de que los jueces investiguen a la Fiscalía y la Fiscalía tenga que posicionarse sobre cada trámite. Lo hará bajo la rúbrica del fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, después de que la fiscal a la que le recayó el tema inicialmente quedara relegada.

Su postura fue minoritaria en la Junta de fiscales de Sala. María de O Silva defendió que debían intervenirse las comunicaciones del fiscal general del Estado para determinar quién dio la orden de hacer públicos esos detalles fiscales de González Amador. Esto generó un terremoto en el Ministerio Público que tuvo que convocar a la cúpula funcionarial para determinar cuál sería la postura común.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha advertido que hay mimbres suficientes para indagar, sin que ello suponga aseverar en este punto que existió un delito. Dos, en realidad, que son los que denuncia el novio de Ayuso: uno contra la intimidad y el de revelación de secretos. Está por ver si del devenir de las pesquisas los jueces acercan posiciones con el Ministerio Público y creen que el Derecho a la información veraz prevalece o si, por el camino, la Fiscalía entregó datos confidenciales sobre el empresario que no debieron ver la luz.