La querella interpuesta por el novio de Isabel Díaz Ayuso echa a andar y el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena ha acordado las primeras diligencias. Así las cosas, cita en primer lugar el próximo viernes tanto a Alberto González Amador en su calidad de acusación particular, como al Colegio de la Abogacía de Madrid que está personado en la causa como acusación popular. Además, el magistrado requiere información a una decena de medios de comunicación para comprobar la veracidad de la denuncia que se dirige contra dos fiscales -- Julián Salto y Pilar Rodríguez-- por dos delitos relacionados con revelación de secretos y derecho a la intimidad y solicita la identificación del "máximo responsable" que dio el visto bueno a la nota de la Fiscalía.

En un escrito con fecha del 14 de mayo, el magistrado Goyena da los primeros pasos de la investigación para esclarecer si se cometió un ilícito penal cuando se difundieron datos de González Amador relacionados con su inspección fiscal por un fraude a Hacienda reconocido por él mismo. Lo hace después de que el pasado martes la Sala de lo Civil y Penal del TSJM decidiera iniciar estas pesquisas en contra del criterio de la Fiscalía, aclarando, eso sí, que ni Salto ni Rodríguez estaban imputados, ni el hecho de haber aceptado la querella quería decir que hubiera delito en la actuación del Ministerio Público a priori.

El juez decide "citar a las partes personadas como acusación particular y popular, el próximo 24 de mayo a las 12.00 horas, para que comparezcan ante esta Sala de lo Civil y Penal, a los efectos de ratificar las respectivas querellas, y darles traslado y conocimiento de las actuaciones practicadas hasta este momento". Asimismo, hace una petición a diez medios --eldiario.es, Cadena Ser, El País, Europa Press, La Sexta, El Mundo, Vozpópuli, Libertad Digital, El Periódico de España y El Plural-- para que ratifiquen "la realidad y autencididad, con expresión de la fecha y hora, en su caso" en que se realizaron las distintas publicaciones que sustentan la querella de González Amador.

Entre lo más relevante de esta batería de diligencias está también un escrito dirigido a la Fiscalía Provincial para que indique "quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido". El juez se refiere a una nota de prensa que se difundió el pasado 14 de marzo a los medios de comunicación y que explicaba cronológicamente cómo fue el abogado de González Amador el que buscó un pacto con la Fiscalía a pesar de que se había publicado que había sido al contrario.

El documento llevaba entrecomillados literales de los correos entre el letrado y el fiscal del caso, Julián Salto, y aquí es donde podría haberse producido esa supuesta revelación de secretos. El magistrado pide igualmente que "se remita relación y copia del soporte original de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal (emails recibidos y enviados)" con el abogado del novio de Ayuso tanto antes como después de ese envío a la prensa, así como un listado de qué personas tuvieron acceso a estos mails.

Además, el instructor pide cuentas sobre qué se ha hecho posteriormente. Si se ha puesto la situación en manos del Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal y pide que se aclare cómo es la actuación de la Fiscalía en estos casos: "Remita copia de las instrucciones que, en materialización de las previsiones [...] hayan sido aprobadas y dirigidas a los fiscales y a la plantilla de funcionarios con el fin de impedir que queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizado documentos y soportes que contengan datos personales".