La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este lunes en el Congreso de los Diputados que la Seguridad Nacional no se ha visto comprometida después de que en 2021 los teléfonos de ella, del ministro del Interior y del presidente del Gobierno fueran infectados con 'Pegasus'. "No hay constancia alguna conocida de que los dispositivos móviles infectados contuvieran información clasificada como secreta o reservada", ha asegurado.

La Comisión Mixta de Seguridad Nacional de la cámara baja tenía precisamente esto como punto del día, analizar si el hecho de que el virus (desarrollado por Israel) se introdujera en los móviles de Robles, Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez --además de un intento en el teléfono del ministro de Agricultura que no llegó a efectuarse-- había comprometido la defensa del Estado. Tras el análisis del Centro Criptológico Nacional (adscrito al CNI) se determinó que el malware se llevó varios gigas de información de algunos teléfonos y la Audiencia Nacional inició una investigación que terminó archivada, pero se acaba de reabrir tras la llegada de nuevos datos de Francia.

Robles, lo niega. "Resulta claro que la Seguridad Nacional no resultó afectada, como sí la intimidad y datos personales de los que eran poseedores de aquellos móviles", ha dicho. La ministra se ha apoyado en dos pilares: por un lado, en que el propio juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama levantó el secreto de sumario al mes de iniciar las pesquisas, según ella, al comprobar que no había detalles clasificados; por otro, que el Consejo de Ministros no accedió a desclasificar información reservada cuando se lo pidió el magistrado, básicamente, porque no la había.

Ha subrayado varias veces que fue el Ejecutivo el que, a través de la Abogacía del Estado, interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional en cuanto en 2022 tuvo conocimiento de que se habían producido las injerencias. "El Gobierno, obviamente, y todos nosotros a nivel particular somos los primeros interesados en averiguar quién ha estado detrás de estas infecciones".

El juez Calama reabrió el caso hace algunas semanas después de que Francia enviara una petición de colaboración por entender que los ataques del virus en ese país a políticos y periodistas podrían guardar cierta relación con los producidos en España. Este medio reveló, por ejemplo, que la misma cuenta de mail 'Pegasus' que hackeó los móviles de Marlaska y Robles espió también a una activista prosaharaui en el país galo. Sobre esto, la ministra ha querido reseñar que la información que el juez ha pedido al Centro Criptológico es un "informe de carácter técnico".

Ella no ha posado las sospechas sobre ningún autor. Se ha limitado a hablar de "grupos y organizaciones" que intentan socavar las democracias y advirtió de que "la ciberseguridad y la desinformación representan el mayor reto" de los Estados actuales. Pero el diputado del PP Rafael Hernando le recordó que la empresa israelí que comercializa 'Pegasus' sólo lo vende a gobiernos. Él sí señaló un país en concreto. "Todo el mundo apunta a que nuestro cambio de relación en el Sáhara (Marruecos) puede depender de esta información", ha destacado.

Hernando ha dejado sobrevolar la idea de que el material que robaran de los teléfonos del presidente del Gobierno ha podido servir al reino alauí para coaccionar a España. "Se les puede chantajear", ha expresado. Las fechas, en ese sentido, son relevantes ya que todas las injerencias se produjeron mayoritariamente entre mayo y junio de 2021 cuando España acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de La Rioja y Rabat respondió con la flexibilización de sus fronteras que desató una de las mayores crisis migratorias de los últimos tiempos con la entrada de 10.000 personas por las fronteras de Ceuta en apenas 24 horas.

"Por mucho que usted diga la colaboración de nuestro Gobierno ha sido nula. Ha sido el gobierno francés el que ha presionado", ha apuntado Hernando. "Estamos enormemente preocupados por su silencio, su ocultismo y por su intención de trasladar a la opinión pública que ustedes no tienen ningún tipo de información. Nosotros sí", ha dicho.

Robles ha rememorado su etapa de jueza haciendo gala de su conocimiento de la ley y recalcando la presunción de inocencia. "Yo mientras no esté probado ni puedo, ni quiero, ni debo especular", refiriéndose indirectamente a Marruecos.

El diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, ha insistido en la línea marroquí y ha recordado a Robles que, en su denuncia, el Ejecutivo olvidó incluir a la exministra de Exteriores Arancha González Laya, quien también fue espiada con el malware en su caso en 2020. "¿Se puede entender que un Gobierno que ha descubierto que una ministra ha sido infectada un año antes no hace nada?", ha expresado. A la ministra "no le consta" el hackeo a González Laya y dice que ella no lo puso ni en su conocimiento ni en el de la autoridad judicial.

Iñárritu ha dudado de que la colaboración del PSOE con el juez haya sido total, recordando que ninguno de los ministros quiso ir a declarar de forma presencial, a pesar de que el magistrado lo pidió expresamente, y que éste llegó a quejarse por escrito de la poca asistencia del Ejecutivo en las comisiones rogatorias.