Los cuatro magistrados del Tribunal Supremo recusados por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han presentado un escrito conjunto en el que avanzan que no tienen intención de apartarse de la sentencia que decidirá sobre la continuidad del jefe del Ministerio Público."Nos pronunciamos, rechazándola", han manifestado sobre la recusación los magistrados de la Sala Tercera Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero.

"Hemos de decir que la recusación es manifiestamente extemporánea, pues no se debe al contenido de la demanda, mero pretexto", refleja el escrito al que ha tenido acceso El Independiente. Es la contestación rotunda a la petición de García Ortiz que quiere que estos cuatro integrantes de la Sección Cuarta de dicha Sala den un paso a un lado en la demanda que ha presentado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que solicita que se anule el nombramiento del Gobierno al jefe de la Fiscalía después de que una sentencia lo acusara de "desviación de poder".

Precisamente, esa sentencia, que señala a García Ortiz por extralimitarse de sus funciones de nombramientos discrecionales para ascender a su antecesora en el cargo Dolores Delgado, fue rubricada por estos cuatro togados. Él considera que "toda la Sala que dictó dicha sentencia está contaminada por aquella, y que sus decisiones se verían condicionadas por resoluciones anteriores por razones de mera coherencia y no contradicción entre resoluciones". El pleito de la APIF tocaría resolverlo a un tribunal formado por estos cuatro jueces más Pilar Teso que como no participó en el anterior no ha sido recusada ahora.

Los magistrados rechazan los argumentos del jefe del Ministerio Público. "Entendemos que habernos pronunciado sobre la ilegalidad de un nombramiento acordado por el Consejo de Ministros [el de Dolores Delgado] a propuesta del fiscal general del Estado no cabe en ninguno de los supuestos del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", dicen. Según su tesis, ellos no han "participado en pleito o causa anterior que afecte a don Álvaro García Ortiz", sino que lo que hicieron fue anular una actuación que realizó el Gobierno a propuesta del fiscal general, que no es lo mismo. Se refieren a que anularon el ascenso de Delgado a fiscal togada del Tribunal Supremo que, en última instancia, avala el Consejo de Ministros.

"Es absolutamente atípico que, so pretexto del control de la legalidad de ese Real Decreto 1182/2023, se quiera revisar una sentencia firme sobre una cuestión distinta y cuya nulidad pudo haber reclamado el recusante de entender que afectaba sus derechos y no había podido defenderlos por no haber sido parte del proceso", indican los togados del Supremo. "Ahora bien, convertir la apreciación de los hechos y los criterios aplicados para resolver un proceso anterior en una causa de recusación en otro posterior diferente desvirtúa el mecanismo con el que el legislador quiere asegurar [...] la imparcialidad del juzgador", agregan.

El escrito conjunto recalca que, a su juicio, la recusación se presentó fuera de tiempo. "En realidad, estaba al tanto de todo lo que dice haber descubierto con la demanda y con la diligencia de ordenación del 25 de abril de 2024 desde antes de personarse como demandado, no sólo porque era público, sino porque, siendo quien es, no podía ignorarlo", subrayan. Dicen que las resoluciones que le afectaban aparecieron en el BOE en dos ocasiones y él no alegó nada entonces.

Para los integrantes de la Sala Tercera si se inhabilita al tribunal en este caso "significaría inhabilitarle para ejercer la función que le encomienda [...] la Constitución y terminaría creando espacios de inmunidad por la imposibilidad de constituir al que pudiera hacerlo". En una página los cuatro recusados despachan la petición del fiscal general que avanzó este medio. Ahora, viajará hasta una Sala del Tribunal Supremo muy poco común.

La Sala del 61

Se formará ahora la conocida como "Sala del 61" porque se regula en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta está compuesta por el presidente del Tribunal Supremo (actualmente Francisco Marín Castán de forma interina) y los cinco presidentes de Sala, así como los magistrados más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

La regulación señala que esta Sala debe resolver "de los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala", como es este caso. Las fuentes consultadas en el alto tribunal explican que no ven motivos para que los cuatro togados de la Sección Cuarta tengan que apartarse y hablan de "estrategia errónea" de García Ortiz.

El único caso con el que alguna fuente presenta ciertas dudas es el del magistrado José Luis Requero que en un artículo de opinión publicado en La Razón al día siguiente de la sentencia llamó "apesebrados" a la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional.