El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado --encargado del caso que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez--, ha afeado el comportamiento de la Fiscalía en un peculiar escrito que señala que el fiscal del caso hace visitas constantes al juzgado para enterarse de la investigación antes de que las resoluciones estén dictadas. El magistrado pide que el letrado de la administración de Justicia emita un informe para dar cuenta del número de veces que ha ido el fiscal para conocer sobre este asunto, según avanzan fuentes jurídicas a El Independiente. Por su parte, fuentes del Ministerio Público lamentan que tengan que enterarse del procedimiento por la prensa.
En el escrito, el magistrado Peinado alega que "es totalmente inhabitual" el comportamiento de la Fiscalía en estas pesquisas en las que se analiza un posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados. En primer lugar, se extraña de que el Ministerio Fiscal haya recurrido directamente la causa a la Audiencia Provincial de Madrid por lo "singular de la interposición del recurso de apelación de manera casi automática contra el auto de incoación de las presentes diligencias".
En segundo lugar, por "la insistencia en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse", dice. Por si fuera poco, el juez habla también de "la frecuencia con que se realizan visitas personales" del fiscal al juzgado "y la insistencia en conocer las resoluciones que se dictan, incluso antes de ser notificadas".
Cabe recordar que la Fiscalía está en total desacuerdo con la apertura de este caso tras una denuncia de Manos Limpias. Considera el fiscal que se trata de un inicio sin base, toda vez que el escrito de la asociación de Miguel Bernad se sustenta en recortes de prensa y en ningún otro indicio adicional que pueda ser delictivo. Por eso, el fiscal impulsó un recurso directamente al órgano superior, la Audiencia Provincial de Madrid, sin pasar por el propio juez instructor primero. Esta decisión del tribunal todavía está pendiente.
Fuentes de la Fiscalía explican a este medio que la situación es totalmente al revés. Se quejan de que el juez no les da traslado de muchas de las diligencias que está practicando y sí envía sus resoluciones al gabinete de prensa para distribuirlas antes a los medios. Ya hubo malestar al inicio de las pesquisas cuando el Ministerio Público se enteró al verlo publicado que se abría una investigación contra Gómez sin que se hubiera preguntado al fiscal primero. Esta pregunta no es obligatoria, pero sí suele hacerse especialmente cuando se trata de procedimientos delicados.
Lo mismo ha ocurrido esta semana, cuando el Ministerio Fiscal ha tenido conocimiento por los medios de que Peinado pretendía llamar a declarar a seis testigos nuevos.
El DNI de Begoña Gómez
Además, el magistrado ha dictado otro escrito en el que requiere a la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla que "a la mayor brevedad posible" remitan una copia "autenticada" del DNI de Begoña Gómez. Fuentes judiciales señalan que esta diligencia puede estar encaminada a comprobar las firmas que hay bajo el foco de la investigación y, por eso, el magistrado busca una copia oficial del documento.
Hubo algunas informaciones que se refirieron a ayudas públicas que logró Gómez, cuando en realidad se trataba de otra mujer con el mismo nombre. Por eso, el juez puede tratar así de corroborar la identidad de la esposa del presidente, una vez la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le ha entregado un informe con el pormenor de la actividad de la mujer de Sánchez. En este escrito, Peinado se refiere a ella como "investigada", pero las fuentes jurídicas insisten en que todavía no existe un escrito que la cite a declarar en calidad de imputada y, por tanto, su figura procesal no ha cambiado.
El juez está avanzando en la investigación, a pesar de la postura de la Fiscalía. Por eso, ha citado a una batería de testigos los próximos días 6 y 7 de junio relacionados con Red.es (una entidad pública perteneciente al Ministerio de Economía) y Juan Carlos Barrabés, al que se le adjudicaron unos contratos públicos después de dos cartas de recomendación que envió Begoña Gómez con su firma.
Asimismo, las citaciones alcanzan a Luis Antonio Martín Bernardos, de la empresa Innova Next (que forma parte del grupo Barrabés); David Mateo Cerco Jiménez, CEO de Red.es entre julio de 2018 y mayo de 2021 y desde febrero de este año forma parte de Acento, el lobby de José Blanco; Alberto Martínez Lacambra, director general Red.es entre junio 2021 y agosto 2023; Ignacio Espejo Saavedra Herández, director de la asesoría jurídica en Red.es; y Luis Prieto Cuerdo, director de economía de Red.es. La causa permanece parcialmente secreta.
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